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El secuestro y posterior homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, conformado por el fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra fue un hecho desgarrador para el gremio periodístico de Latinoamérica. En cuanto se conoció la noticia, los medios de comunicación se volcaron a registrar la tragedia que vistió de luto a la prensa colombiana y ecuatoriana, y encendió las alarmas sobre la violencia desmedida y desgarradora que el Frente Oliver Sinisterra (FOS), al mando de alias Guacho, infundía en la frontera entre ambos países. Los gobiernos no se quedaron atrás, pusieron la cara y prometieron a las familias de las víctimas celeridad en las investigaciones, todo el peso de la justicia para los responsables y el esclarecimiento de los hechos.
Ya han pasado más de dos años desde que se reportó el asesinato del equipo periodístico el 6 de abril de 2018 y los Estados no han cumplido lo que anunciaron. Por el contrario, la información más reciente del proceso penal que se adelanta en Colombia da cuenta de que dos de los tres capturados fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Es decir, lejos de obtener justicia, el sentir de las víctimas es de “decepción e impunidad”. En su evaluación del proceso, la abogada de la FLIP, que representa los intereses de los familiares de las víctimas, Ángela Caro, considera que “hay falta de compromiso por parte de Estado en solucionar graves violaciones de derechos humanos, como las agresiones a la prensa. Hemos evidenciado que las promesas parecen asumirse en el momento, pero con el paso del tiempo se desvanecen en las investigaciones”.
Y es que la cronología de los procesos de los dos capturados que obtuvieron la libertad por vencimiento de términos son reveladoras. Para empezar, ambos se adelantan en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, un despacho que ha reportado padecer sobrecarga procesal. Además, el avance de los procesos ha estado minado de permisos, inasistencias y retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Por un lado, está el proceso de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Fue capturado el 20 de abril de 2018, pero su audiencia de acusación se ha reprogramado cinco veces y, por fin, se realizó el 19 de junio de 2020 (26 meses después de la captura). Finalmente, el pasado 4 de agosto un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, Angulo continúa detenido por otras investigaciones judiciales.
Por otro lado, está Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, capturado el 11 de octubre de 2018 y acusado por concierto para delinquir agravado y secuestro agravado. El caso no corrió con mejor suerte. La audiencia preparatoria estaba programada para el 18 de octubre de 2019, pero se ha aplazado cinco veces, hasta que se hizo el 5 de agosto. Sin embargo, la defensa de “Barbas” alegó vencimiento de términos para su cliente por no aplicar la Ley 1908 (que duplica los términos a 500 días) toda vez que la Fiscalía no anexó una certificación del Consejo de Seguridad Nacional que certificara que el FOS era un grupo armado organizado (GAO). La tesis fue acogida por el Juzgado Segundo Penal de Tumaco que, el 17 de junio, ordenó la libertad. La Fiscalía trató de reversar la decisión con una tutela que fue negada y la FLIP apeló al Tribunal Superior de Pasto para evaluar los derechos de las víctimas. A la fecha, no se tiene conocimiento del paradero de “Barbas”.
“Vemos dos cosas. Una, el escenario de congestión judicial que está afectando el caso. Ante esto, presentamos una queja por falta de celeridad al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño para que haga las indagaciones que considere necesarias y llame la atención de los juzgados para que no incurran en periodos tan largos de inactividad en estos procesos. Lo otro que fue una investigación que el primer año estuvo activa, la Fiscalía adelantó las pesquisas y logró la captura de tres presuntos integrantes del FAO que tendrían responsabilidad en el homicidio del equipo periodístico, pero, desde el año pasado, no hay avances. Es un proceso con muchas preguntas por resolver, pues hemos identificado que la Fiscalía tiene a otras tres personas para imputar cargos y no lo ha hecho, así como tampoco hemos visto que adopte las recomendaciones de la Comisión IDH en la investigación”, manifestó la abogada Caro.
Para la procuradora que asiste el caso, Mabel Sarmiento, la congestión judicial ha sido un factor determinante y, por tanto, es necesario crear más juzgados y asignar jueces especializados en Tumaco, para hacer más dinámico el proceso. “La judicatura creó un juzgado de descongestión, le dieron una carga como de 300 procesos y no recibe nuevos, así que volvemos a cargar al especializado y eso no es eficiente. Hay que llegar con toda la institucionalidad al territorio, porque la falta de presencia hace que todos tengamos un poquito de culpa en esto, nadie puede lavarse las manos, esto es la suma de todos los males”. Por otro lado, la funcionaria añadió que, además de la sensación de impunidad y abandono de las víctimas, la libertad de los procesados, dejó vulnerables a los testigos que se arriesgaron a declarar en el proceso.
“Las víctimas reclaman justicia, no es solo que haya presos, también es saber qué pasó y que no se repita, pero eso no está pasando. En el caso de ‘Barbas’ la libertad fue un error interpretativo del juez porque el Consejo Nacional sí dice cuáles son los GAO Residuales, pero no los nombra porque sus dinámicas son tan cambiantes como sus nombres. A alias Cherry sí se le cumplieron los 500 días y uno como procurador es garante del debido proceso y si el procesado no ha sido vencido en juicio, hay derechos que uno no puede desconocer”, manifestó Sarmiento aclarando que, a pesar de esto, confía en que la Fiscalía siga avanzando en la investigación y cada proceso alcance la etapa de juicio lo antes posible.
Pero si en Colombia llueve, en Ecuador no escampa. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, cree que hay negligencia por parte de las fiscalías y los Estados para resolver un asunto tan sensible, pues en ambos países las investigaciones están varadas. “En Colombia se vencen los términos y en Ecuador no hay ni un detenido. En dos años hemos tenido tres fiscales para el caso, el último lo nombraron en marzo de este año y ni siquiera nos han notificado oficialmente. Lo que pasa es que en las actividades ilegales de la frontera están involucrados peces gordos de los Gobiernos a quienes no les interesa que esto salga a la luz pública, por eso lo más conveniente era matar a ‘Guacho’ para que no dijera nada”, afirmó Rivas asegurando que las familias saben que están en medio de un proceso duro, álgido y desgastante contra dos Estados, pero “nadie se cansa”.
La investigación se cumplió en su totalidad: Fiscalía
La Fiscalía le informó a este diario que ya tiene el material probatorio suficiente que da cuenta de los móviles y cómo ocurrieron los hechos en los que fueron asesinados los periodistas de El Comercio y que – tal como lo advirtió la abogada de la FLIP – está previsto imputar a más personas, que se encuentran privadas de la libertad. Sin embargo, señaló que su hipótesis aprobada del caso se debatirá próximamente en juicio y ese será el escenario en el que se podrá conocer. Asimismo, no dio mayores detalles de por qué dichas imputaciones no se han efectuado si se trata de personas capturadas.
En su defensa, la entidad también afirmó que “cualquier retraso en el proceso no corresponde a la Fiscalía, ni se le puede atribuir pues los aplazamientos han sido consecuencia de la carga laboral del juzgado y de las peticiones de la defensa”. Pero tal afirmación no es del todo cierta ya que, según el seguimiento de la representante de víctimas, una de las audiencias de acusación programada contra alias Cherry (20 de febrero de 2020) no se realizó por inasistencia de la delegada de la fiscalía y, aunque la Ángela Caro le pidió al juzgado que le informara por escrito la justificación de inasistencia de la fiscal, no obtuvo respuesta.
Finalmente, la Fiscalía “expresó profundo respeto por los familiares de las víctimas” y aseguró que los ha mantenido informados de los avances del proceso, además, que le ha allegado copia del mismo a la Fiscalía de Ecuador para que avance en la judicialización de los integrantes del FOS, “más aún cuando se tiene documentado que el secuestro de los comunicadores inició en territorio ecuatoriano”, pero no se tiene conocimiento de avances por parte de las instancias del país vecino. Entre tanto, los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas de dos gobiernos que los asfixiaron con promesas incumplidas. Advierten que si no hay prontas respuestas, tocarán las puertas de la justicia internacional para que someta a los Estados a declarar por las acciones u omisiones cometidas.
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