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Este 3 de octubre, tres organizaciones sociales se reunieron en el centro de Medellín, en el edificio de la Corporación Jurídica Libertad, para anunciar sus inquietudes sobre los proyectos hidroeléctricos que se están planeando en la región. De los 15 que hay actualmente, la cifra podría llegar a los 37 en los próximos años, un dato que le corroboró a El Espectador la Gobernación de Antioquia.
Las organizaciones encargadas del llamado fueron el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, y la Corporación Jurídica Libertad. A sus ojos, hay que caminar con un poco de prudencia a la hora de planear este tipo de proyectos.
¿La razón? En el Oriente Antioqueño, una de las 7 subregiones del departamento, con 23 municipios, entre ellos Corcorná, Sonsón, Argelia y el Peñol, se concentra la mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos, y para estas ONG sería útil evaluar con detalle sus impactos. De hecho, sugirieron anunciar una “alerta ambiental temprana”.
En palabras de Santiago Valencia, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, hay un “licenciamiento masivo” de proyectos hidroeléctricos en la subregión. En ello coincide Juan Alejandro Echeverri, integrante de Movete. Una de sus inquietudes tiene que ver con que la transición energética que propone el actual gobierno y que contempla a las centrales hidroeléctricas como proyectos claves.
Como lo reconocen estas ONG, lo que buscan es llamar la atención de la opinión pública y las entidades del Estado, específicamente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), para que analicen con más detalle esos proyectos, pues, dicen, pueden causar problemas ambientales y sociales.
“Tampoco nos parece justo que el Oriente Antioqueño ya sea una subregión que produce cerca del 20 % de la energía total del país y que aun así se siga pensando en que se construyan más hidroeléctricas allí. Muchos de nuestros territorios están muy descuidados, y no podemos olvidar la violencia que este tipo de infraestructuras han traído para las comunidades”, continúa Echeverri.
Los 15 proyectos existentes en el Oriente Antioqueño se encuentran en Abejorral, Marinilla, Cocorná, Granada, Alejandría, San Luis, San Francisco, Guatapé, el Peñol y San Carlos.
Ahora, frente a los que están licenciados, Echeverri puntualizó que dos pequeñas eléctricas ya están en construcción y otras 18 ya cuentan con licenciamiento ambiental, lo que significa que en cualquier momento pueden materializarse en forma de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), aquellas donde se aprovecha la energía de pequeños flujos de agua. En la mayoría de los casos, no poseen represas. Estas se construirían en los municipios de Abejorral, Alejandría, La Ceja, Argelia, Sonsón, Cocorná, San Francisco, Granada, Carmen de Viboral, La Unión, San Carlos y San Rafael.
Al respecto, Oladier Ramírez Gómez, Secretario General de Cornare, le dijo a El Espectador que en esa institución han sido muy rigurosos con la evaluación de los estudios de impacto ambiental que han presentado los proyectos de generación de energía hidroeléctrica. “A la mayoría de ellos, que son PCH, les hemos evaluado sus impactos económicos y sociales”, puntualizó Ramírez.
Por la misma línea, el secretario afirmó que las decisiones que toma Cornare casi siempre son publicadas a través de un acto administrativo o resolución que luego es objeto de seguimiento por parte de la comunidad involucrada. También, según Ramírez, Cornare viene adelantando un estudio que determina cuál es la capacidad de carga que tiene el oriente antioqueño para soportar los proyectos de generación energética que allí tienen lugar. Esa investigación, que aún no ha sido publicada, por ahora es llamada “Índice de Sostenibilidad Integrado”.
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Desafíos en medio de nuevos proyectos
Hoy, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, más del 70% de la generación de electricidad que se produce en Colombia es hidráulica, es decir, que se produce con este tipo de proyectos. La geografía del país y su gran cantidad de ríos ha sido vista como el mejor camino para producir este tipo de energía. Esa es también una de las razones por las que cada vez que hay períodos de sequía se prenden las alarmas sobre el sector energético.
Sin embargo, en diversas ocasiones grupos de científicos han llamado la atención sobre estos proyectos. Por ejemplo, en 2018 un equipo publicó en la revista Hydrology Earth Systems Sciences un estudio en el que, entre otras cosas, sugerían que se hicieran investigaciones más detalladas de impacto ambiental. Su consejo era que no se limitaran a analizar el ecosistema puntual donde se planean ubicar una hidroeléctrica, sino tener en cuenta los efectos que su construcción puede generar en toda la cuenca.
“Dejemos de ver esto a escala de los proyectos individuales, que es lo que generalmente hacemos en el contexto institucional actual de Colombia”, le había dicho a este diario Héctor Angarita, investigador del Instituto de Ambiente de Estocolmo, y autor del artículo. Además, pedía tener en cuenta consideraciones ambientales y sociales de las hidroeléctricas.
Esto coincide con lo que le expresó Ramírez a El Espectador: el secretario explicó que también se viene trabajando en una mayor rigurosidad a la hora de otorgar licencias ambientales para que no solo se tenga en cuenta el impacto en el área de influencia del proyecto, sino en toda la cuenca hidrográfica que pueda afectar. “Es el mismo Gobierno Nacional el que ha promovido todo esto, porque clasifica a la energía producto de las hidroeléctricas como no convencionales, renovables, que no se producen a partir del petróleo, carbón o gas”, dijo el secretario.
Hoy, para Sergio Alejandro Sanz, secretario de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, esas dificultades sociales es uno de los puntos claves a la hora de hablar sobre esos nuevos planes. Para él, a subregión está viviendo un “déjà vu” frente a lo que sucedió en la década de los 70 y 80 con la llegada de los primeros proyectos hidroeléctricos.
A lo que se refiere es que la región vio cómo crecían estos proyectos en medio de un contexto muy particular (y diferente al actual, por supuesto): un intenso conflicto armado que causó estragos. El mejor ejemplo, menciona Sanz, fue el del Movimiento Cívico que en enero de 2020 fue reconocido por la Unidad de Víctimas como “víctima del conflicto armado” y como “sujeto de reparación colectiva”, pues 224 integrantes habían sido asesinados.
Respecto a los proyectos hidroeléctricos que quieren hacerse, una investigación de Tierra Cruzada, un medio de comunicación independiente de la subregion, indicó que cinco de ellos (la PCH Granada, la PCH Cocorná III, la PCH Tafetanes, la PCH Churimo y el embalse Porvenir II) necesitan predios que fueron restituidos o que son solicitados por familias víctimas del conflicto armado.
Además, según la organización, existen 85 sentencias de restitución cuyos predios están en el área de influencia de tres proyectos que están en operación: 3 en la PCH El Popal, 80 en la PCH San Matías y 2 en la PCH Alejandría. También hay 600 solicitudes de restitución de tierras en veredas que hacen parte del área de influencia de estos proyectos: 256 en zonas donde ya están operando, y 344 en lugares donde serían construidas las que tienen licencia ambiental.
Al respecto, Ramírez dijo que “los estudios de impacto social y económico que hemos hecho desde Cornare tienen un énfasis muy especial en las zonas donde las comunidades fueron víctimas del conflicto armado, sobre todo en los terrenos donde hay solicitudes de restitución de tierras”.
En el comunicado que las organizaciones sociales divulgaron, también se lee la preocupación que existe por la situación que se vive en los ríos y sus cuencas. En específico, les inquieta la fragmentación de las corrientes hídricas y las alteraciones de sus condiciones naturales. Eso, señalaron, afecta los hábitats y las características hidrológicas de la región.
“A modo de ejemplo está el río Cocorná, que se encuentra desconectado de la macrocuenca del Magdalena-Cauca a causa de la hidroeléctrica el Popal. De construirse los otros 3 proyectos ya licenciados, muchos procesos biofísicos podrían desaparecer”, aseguran
Por el momento, Valencia dijo que el llamado es “a Minambiente para que se tomen decisiones de lineamiento ambiental más acorde a lo que quiere la comunidad. También es a Minminas para que se repleantee el modelo de generación de energía que se quiere implementar en el oriente, y al Gobierno en general para que haga veeduría de cómo se viene implementando estos proyectos hidroeléctricos en la región”.
Además, todos los integrantes de las organizaciones sociales coincidieron en la importancia de que el Gobierno apoye la construcción de un estudio que indague por los impactos de las hidroeléctricas en el Oriente Antioqueño. También pidieron que un apartado se destinará a lo que sucede de manera diferencial con las mujeres del territorio.
Nota editorial (3 de octubre de 2023, 6:00 p.m.): Hicimos algunas modificaciones al artículo original, para precisar algunos detalles. También modificamos el título.
Por Luisa Fernanda Orozco
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