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En la Casa de Nariño parece haber un acuartelamiento del presidente Gustavo Petro y su tropa de ministros y funcionarios de primer nivel. Como lo confirmó el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, desde septiembre la cúpula del Ejecutivo acordó no volver a negociar con el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, movida que el propio mandatario consideró una traición de los partidos de su coalición.
Lo propio ocurre con las altas cortes, pues el presidente continuó por la senda de los encontronazos con el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, instituciones a las que incluso llegó a señalar de estar respaldando un supuesto “golpe blando” en su contra. Durante este 2025 cuestionó duramente al tribunal constitucional, puntualmente a su cabeza, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por la falta de una luz verde para implementar la reforma pensional. Ahora, todo indica que esta pelea tendrá un nuevo round en los próximos meses por cuenta de la emergencia económica.
En plena vacancia judicial y ante la negativa del Congreso de aprobar una reforma tributaria de COP 16,3 billones para fondear el presupuesto de 2026, el presidente jugó la carta de una declaración de emergencia que traerá consigo nuevos impuestos. Según el decreto, es urgente encontrar recursos para pagar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de la salud, responder a la actual ola de violencia en varias regiones e incluso para atender los efectos del invierno.
Sin embargo, para la oposición y varios juristas no existe un argumento válido para hablar de emergencia, pues esta figura solo se puede utilizar en caso de hechos sobrevinientes. Esta tesis parece tener eco en la Corte Constitucional, pues este mismo martes, ad portas de la Navidad y a pesar de estar de vacaciones, los magistrados se reunieron para analizar el trámite de la revisión del decreto, pero finalmente se resolvió abordar el tema después del 13 de enero, cuando termina la vacancia.
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El afán de algunos radica en que una decisión de fondo podría tardar más de dos meses, tiempo en el cual el decreto activaría el cobro de gravámenes que, según los detractores de Petro, configurarían una reforma tributaria sin pasar por el Congreso.
El presidente Petro ya lanzó varias advertencias que siguen atizando el fuego de sus peleas con los otros poderes. “Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”, aseguró en su cuenta de X.
El Banco de la República también ha recibido varios dardos de Petro por su resistencia a ceder a la petición de bajar las tasas de interés. Aunque durante todo su mandato el presidente ha cargado contra el organismo, esta semana elevó el tono de sus quejas. “El Banco de la República es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero, quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”, dijo.
Según Petro, su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo lo engañó al llevar a la Junta Directiva del Emisor que pensó era “progresista”, pero que ahora no sigue su línea. “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”, agregó. Sectores económicos y políticos han rechazado las palabras del jefe de Estado al considerarlas como un golpe a la independencia del Banco, considerado uno de los muros de contención o contrapeso necesario para el Ejecutivo. En su editorial del pasado lunes, este diario calificó el pronunciamiento como una “irresponsabilidad”.
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La Fiscalía tampoco se ha escapado de las arremetidas presidenciales, pues justo este mes el mandatario dijo que no siente apoyo de la fiscal Luz Adriana Camargo a la política de paz total, pues, según señaló, ella estaría más “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”. Camargo, a su turno, pidió respeto por la independencia de poderes: “La Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al Gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención”.
Con un panorama como este, al que se le suman los choques con la prensa, Estados Unidos e incluso integrantes del mismo gobierno —el presidente dijo que hay ministros que aún no cumplen sus órdenes—, en 2026 varias de las apuestas oficialistas podrían enredarse aún más. El primer obstáculo estaría en el Congreso, que en parte por la dinámica electoral ya les cerró las puertas a las reformas.
Este año el Gobierno solo pudo aprobar el presupuesto, recortado y porque las bancadas no quisieron darle vía libre para decretarlo. Las dos grandes llegaron por cuenta de la ley de financiamiento y la reforma a la salud, mientras que varios proyectos más quedaron en la cuerda floja, como son los casos de la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad, la ley de competencias y la ley de sometimiento.
La vía de escape, al igual que en el caso de la tributaria y la emergencia económica, sería recurrir a los actos administrativos para poner en marcha la mayor cantidad de cambios posible, mientras el resto, que sí o sí deben ser estudiados por el Congreso, pasan a ser parte de la apuesta de una constituyente, relato que revivió el presidente en los últimos meses y también apunta a ser una bandera electoral.
En el caso de las cortes, puntualmente en la Constitucional, que revisará el salvavidas fiscal del gobierno, los antecedentes no son los mejores para Petro. Este alto tribunal ya tumbó la emergencia económica para La Guajira, los impuestos al sector minero energético de la tributaria de 2022, las facultades extraordinarias de la conmoción interior en el Catatumbo, la intervención de la EPS Sanitas y la creación del Ministerio de la Igualdad.
Sin embargo, es cierto que, por otro lado, la Corte le dio vida a la reforma pensional al no hundirla en su primer análisis y devolverla al Congreso, así como también tomó la determinación de quitarle al CNE la opción de formular cargos contra el mandatario. En los próximos meses, los últimos de Petro en el poder, la sala plena deberá tomar una decisión final sobre el futuro del sistema pensional y la polémica emergencia económica.
Todo indica que la tensión institucional no bajará en los próximos ocho meses, pues el presidente Petro retará al Congreso con su idea de constituyente, al Banco de la República con sus llamados a bajar las tasas, a la justicia con los cuestionamientos a las sentencias, a Trump con los discursos y al empresariado con medidas como la de subir el salario mínimo por encima de las cuentas de los gremios. Esto deja a Petro atrincherado en el Ejecutivo, sin puentes con los otros poderes, pero una posición que podría ser clave para agitar a sus bases de cara al llamado a urnas.
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