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El leak del grupo de hackers Guacamaya revela conversaciones secretas entre funcionarios del más alto rango en la Fiscalía. Esta vez, El Espectador da a conocer un correo que el fiscal Mario Burgos le envió el pasado 26 de abril al fiscal Gabriel Jaimes Durán, coordinador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Le avisó que bajo la macroinvestigación contra el frente 10 de las disidencias de las Farc, con amplia presencia en zona fronteriza con Venezuela, hay un nombre de peso: José Facundo Castillo Cisneros, que se suponía sería el gobernador de Arauca entre 2020 y 2023, pero que está preso mientras es investigado por supuestas alianzas con el Eln.
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En octubre de 2021, Castillo Cisneros fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y conducido al búnker ubicado en Bogotá. En apenas días fue imputado por supuestamente reunirse con altos mandos del Eln en Arauca y Venezuela, favorecerlos a través de la contratación pública del departamento y hasta ser conocido como “terrateniente” del frente Domingo Laín Sáenz, en su primer periodo entre 2012 y 2014. El ente investigador considera que sería miembro de un “proyecto criminal” liderado por funcionarios públicos, guerrilleros y colaboradores, quienes buscarían “consolidar intereses comunes en la región”.
Sin embargo, en el marco de la pesquisa contra el frente 10 de las disidencias Farc, que también tiene alta presencia en Arauca, un testimonio revelaría que Castillo Cisneros, al parecer, jugaba a dos bandas con los grupos criminales que dominan la región. Así quedó registrado en un informe de investigador redactado para el fiscal Burgos y con fecha de 13 de enero de 2022. En el documento se consigna la entrevista que rindió un colaborador de las disidencias, cuyo nombre protege este diario dada su colaboración con la justicia y los nombres que filtró a las autoridades.
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Se trata de uno de los 16 capturados que el 14 de junio de 2021 presentó la Fiscalía en el marco de la persecución a las organizaciones criminales que delinquen en zona fronteriza con Venezuela. Los nombres representaron un escándalo, pues algunos tenían altos puestos en la gobernación y municipios araucanos. Por ejemplo, Alexander Botía Amaya era secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación y tenía medida de protección de la UNP. Nini Johana Cardozo era coordinadora de la mesa Nacional de Víctimas y miembro del Consejo Nacional de Paz. También integrantes de la Asociación de Campesinos de Arauca.
El testigo dio detalles de una supuesta reunión en el estado Apure de Venezuela en 2020, en la cual líderes del frente 10 de las disidencias y líderes sociales en Arauca pactaron la creación del PC3, intentando emular el Partido Comunista Clandestino Colombiano. Un movimiento aparentemente secreto que busca consolidar el control territorial del frente 10 a través de lo político y lo social, con el fin de “tener comunidades a favor del proceso de armas”, como lo confesó en el documento conocido por este diario.
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“El objetivo era iniciar con consolidar en la región la presencia política de las disidencias. Los resultados fueron la conformación del PC3, ya que era un plan que se trazaba el décimo frente de las Farc. Para iniciar a incidir en las situaciones que se dan en las dinámicas de la región de Arauca, como lo es lo social, lo comunitario y en materia de gestión, con entidades públicas del departamento. Esto con el fin de dar cumplimiento a acuerdos que hizo la disidencia con candidatos a elecciones populares que se desarrollaron en pasado año 2019″, se lee en el informe.
Según la trascripción del testimonio, en 2019, Castillo Cisneros habría orquestado alianzas con líderes como alias Willy y alias Arturo, quienes a su vez recibirían órdenes de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Este último, a pesar de que el Ministerio de Defensa de Diego Molano lo dio por muerto, reapareció en octubre pasado para asegurar que dialogaría con el gobierno de Gustavo Petro para alcanzar la denominada “paz total”. Asimismo, quedó retratado el nombre de los supuestos colaboradores Yolanda Gonzales, Luz Perly Córdoba, Jorge Eliecer Rincón, Arturo Ruiz y Ferley González.
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Entre los acuerdos, según el testigo, Castillo Cisneros se habría comprometido a entregar la empresa de energía y electrificadora de Arauca (ENELAR) a la dirección del PC3. Además, habría ofrecido la secretaría de desarrollo agropecuario y la secretaría de gobierno de la Gobernación. Asimismo, que entregaría $30.000 millones en contratación. Habló sobre la entrega de la gasificación del municipio de Fortul por $6.000 millones y de Saravena por $8.000 millones. Incluso, que, en el tercer año de gobernación, que sería el 2023, Castillo Cisneros se habría comprometido con contratos de $6.000 millones para la canalización de ríos y nuevos respaldos políticos a candidatos de la disidencia.
Cuando los investigadores le preguntaron al testigo si conocía de otros funcionarios públicos presuntamente involucrados, así respondió: “El alcalde de Saravena, el señor conocido como Willi y el alcalde de FortuI, Javier Cabrera, tienen vínculos contractuales para poder contratar y ejecutar el tema de la gasificación en sus respectivos municipios. Eso es lo que yo sé de ese tema, pero la delegada para ese tema era Diana Molina ante Ferley González, ya que tenía una relación muy fuerte con él, en lo sentimental”.
La hipótesis de Castillo Cisneros con el Eln
La Fiscalía, por otro lado, tendría como probar que Castillo Cisneros recibió logística y protección militar del Eln durante su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2014. Incluso, el fiscal de ese caso mencionó en audiencia de imputación que, para entonces, los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por el imputado en las elecciones regionales. Tal sería la conexión con el grupo armado organizado que el gobernador entregaría millonarios contratos públicos y despejaría las zonas para que el Eln se movilizara donde no hubiese fuerza pública.
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“Las reuniones acontecieron antes y después de llegar a la gobernación de Arauca. En 2012, el doctor Castillo Cisneros recogió al citado alias Guardulio en el sitio denominado La Pesquera, en Arauca, y se trasladó al corregimiento Los Colosos, en Venezuela. Allí se reunió con alias Curitero y le regaló una botella de Old Par. Allí alias Curitero lo llevó al corregimiento de Las Monas, donde se reunió con otros comandantes del Eln. Allí estuvo alias Bateman, alias Lenin, alias Garganta y alias David. Estuvo por hora y media, consolidando los acuerdos sobre los contratos y dineros que la gobernación iba a entregar al Eln”.
Luego de ello, la Fiscalía mencionó el presunto contratista favorito miembro del Eln durante la presencia del imputado en la Gobernación: Jhony Alexander Bello Ortega, alias El Gordo Giovanny, quien funge como representante legal de la empresa Coinsac. Habrían pactado un contrato en marzo de 2013 por $551 millones, otro ese mismo mes por $405 millones y otros en 2014 y 2015. En diciembre de 2014, por ejemplo, alias El Gordo Giovanny se habría quedado con un contrato por 1.716 millones.
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Si las hipótesis que va recogiendo la Fiscalía es cierta, entonces el exgobernador de Arauca, Castillo Cisneros, habría puesto su primera administración al servicio del Eln. Y, para llegar a un segundo mandato, habría orquestado alianzas con el frente 10 de las disidencias de las Farc, cuyo plan, según reveló el testigo, es avivar todo un movimiento político en Arauca que legitime socialmente la acción armada. La Fiscalía, por ahora, no ha anunciado una posible imputación contra Castillo Cisneros por las revelaciones del testigo, no obstante, parece tener un caso sólido desde que capturó y procesó a los 16 supuestos colaboradores en junio de 2021.
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