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La protagonista de esta historia se llamará Yolanda*. Es venezolana y su verdadera identidad está protegida por orden de la Corte Constitucional, que le exigió a las entidades que están involucradas en su caso reservar cualquier información que pueda ponerla en riesgo a ella y a su familia. No es para menos: Yolanda denunció haber sido víctima de trata de personas. Llegó a Colombia supuestamente a vender tintos y, recién arribó al país, le informaron que su trabajo era prostituirse. Escapó de sus verdugos y, desde entonces, atraviesa una situación económica precaria que no le permite vivir dignamente con su familia.
Lo que vivió Yolanda obedece a un delito de tal gravedad que las víctimas, en teoría, tienen acceso inmediato a una ruta de atención integral. Que la justicia le abra sus puertas, sin embargo, no ha sido fácil para ella. Le tocó acudir a la Corte Constitucional para que se protejan sus derechos fundamentales, y la Corte tomó una primera decisión en su favor el pasado 11 de agosto: le ordenó a la Alcaldía de la ciudad donde reside que se encargue de activar la ruta de atención a víctimas de trata de personas, mientras resuelve de fondo su tutela.
Aunque la orden fue emitida desde hace casi un mes, nada ha pasado. Las condiciones de Yolanda no cambian, vive del reciclaje, en condición de pobreza y, ni ella ni su familia cuentan con condiciones dignas de vivienda, alimentación o acceso a servicios de salud.
Su historia
El calvario para esta mujer inició el 25 de enero de 2019. Ese día, una mujer le ofreció a Yolanda una oportunidad para trabajar en Colombia y mejorar su situación. Yolanda vivía en Venezuela, de donde es oriunda, con su esposo y cuatro hijos (dos niñas y dos niños) y, por la compleja situación política y social en la que se encuentra su país, la verdad es que no le caía nada mal una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Era una oferta completa: al llegar a Colombia trabajaría vendiendo café y la mujer que le hizo la propuesta corría con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de Yolanda y su familia.
No lo pensó mucho y el 3 de febrero pasado viajó con su esposo y sus dos hijas, en compañía de la mujer quien también estaba acompañada por su familia. Las mujeres y sus hijas ingresaron a territorio colombiano por el paso fronterizo, mientras que los hombres se aventuraron por el paso irregular. Finalmente, todos lograron llegar a una ciudad colombiana fronteriza donde los esperaba una persona que los trasladó hasta el sitio donde se hospedarían. Todo parecía marchar bien. Llegaron a la casa, se ubicaron en una habitación y, de repente, la mujer se acercó a Yolanda: “Usted no vino a vender tintos, vino a prostituirse”, le dijo.
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Según la instrucción, debía cobrar $60.000 por cliente y darle la mitad a la mujer. Yolanda se negó. Le contó a su esposo lo ocurrido y, al día, siguiente este salió a buscar trabajo para responder por los gastos de su familia. Ella se quedaba con sus hijas en esa casa. No tenía muchas alternativas, estaba en una ciudad desconocida y sin dinero para volver a su país o llevar a sus hijas a un lugar más seguro. Esos días sufrió acoso por parte del dueño de la casa: “Me decía que estaba muy bonita, que le gustaba y que si me acostaba con él me dejaba quedar en la casa”. Así pasaron casi ocho días hasta que ella lo sorprendió tratando de incitar sexualmente a su pequeña de ocho años.
Yolanda corrió para apartar a su niña y lo enfrentó. El hombre, que se encontraba en estado de embriaguez, la insultó, la ultrajó y utilizó la fuerza para tratar de accederla sexualmente. Ella se soltó como pudo, cogió a sus hijas y salió corriendo de ese lugar. Esperó a su esposo en una calle cercana y le contó lo ocurrido, no les quedó más alternativa que dormir en las bancas de un parque y, desde ese momento, su suerte quedó al azar. Cuenta Yolanda que en una oportunidad se acercaron dos policías a interrogarlos y cuando se enteraron de lo ocurrido manifestaron que estaban enterados de las conductas del aquel hombre (el agresor), que ya conocían casos similares. No hicieron más.
Quienes sí hicieron algo fue una pareja que, tras conocer la historia, los contactó con la Cruz Roja Colombiana y llevó a Yolanda hasta la Fiscalía para que interpusiera una denuncia. Fue así como, el 22 de febrero de este año, la Fiscalía tomó nota del relato de Yolanda y abrió una noticia criminal. Sin embargo, los funcionarios que de consideraron que los hechos no se configuraban en el delito de trata de personas, sino en el de inducción a la prostitución y así quedó tipificado. De este detalle, que no es menor, se desprenden una serie de barreras en el proceso judicial que tienen a Yolanda en un limbo jurídico.
Poco después de instaurar la denuncia, la Defensoría del Pueblo conoció el caso y remitió en dos ocasiones oficios a la Secretaría de Gobierno Municipal pidiendo que activara la ruta de atención del Comité Municipal para la Lucha contra la Trata de Personas. Las dos veces, el defensor regional indicó la activación fue negada porque se trató de inducción a la prostitución y no de trata de personas con fines de explotación sexual. Por si fuera poco, Yolanda y sus familiares, tanto en Colombia, como en Venezuela, empezaron a recibir amenazas por parte de la mujer que la engañó y el hombre que la violentó sexualmente, así que la Defensoría le pidió a la Fiscalía que la cobijara con medidas de protección. No obstante, la Fiscalía dijo que el caso fue remitido al Programa de Protección y allí quedó el asunto.
“Las personas que me captaron me han encontrado en diferentes ocasiones, en distintos puntos de la ciudad (en Colombia) donde me han amenazado con atentar contra mi vida y la de mi familia. En una ocasión la Policía los capturó cuando me presentaba a solicitar ayudas al Servicio Jesuita para Refugiados, pues los captores entraron al lugar”, manifiesta Yolanda quien, además, dice que no puede regresar a su país porque allá también podría enfrentarse a amenazas y hostigamientos. “Los captores han ido varias veces a la casa donde vivía con mi núcleo familiar en Venezuela y destruyeron una parte de la casa”.
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En mayo de 2019, la Defensoría hizo un nuevo intento por ayudar a esta mujer y dirigió una comunicación a la Secretaría Técnica y Coordinación del Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT), del Ministerio del Interior, para que apoyara la gestión del caso. Pero el COAT respondió que el proceso fue remitido al Comité Departamental de la Lucha contra la Trata de Personas porque está “tipificado como inducción a la prostitución y es importante que desde dicho comité se direccione a las entidades competentes en atender este delito”. A la fecha, el Comité Departamental no se ha pronunciado.
Pero la lucha continuó y Yolanda llevó su caso hasta los estrados judiciales con la esperanza de que un juez le diera la razón y le ordenara a las entidades salvaguardar sus derechos. Interpuso una acción de tutela en contra de las Secretarías de Gobierno Departamental y Municipal, el Comité de lucha contra la trata de Personas, la Fiscalía de la Nación y Migración Colombia, argumentando que se le han violado sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la seguridad, al mínimo vital, a la salud y a la dignidad humana. Pero, una vez más, Yolanda salió con las manos vacías.
El juez de tutela consideró que “no se evidencia vulneración alguna de garantías por parte de la Fiscalía” y, por ende, dejó “sin sustento las pretensiones tendientes a que el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas en el Departamento realice una valoración del caso de la señora (…) existe prohibición para la asistencia de las personas que no se encuentren reconocidas como víctimas de trata de personas”. Sobre la solicitud de protección, indicó que se está haciendo el estudio correspondiente para determinar si debe ser incluida en el Programa de Protección y, por tanto, “las accionadas no han sido negligentes en su actuar”.
Yolanda impugnó el fallo y, en segunda instancia, encontró una valoración diferente. El despacho señaló que, si bien la denuncia fue atendida como inducción a la prostitución, ocho meses después no se había formulado imputación de cargos contra el presunto indiciado por lo que la actuación de la Fiscalía no habría sido tan diligente como lo señaló el juez de tutela. Agregó que la Fiscalía ha requerido a Yolanda para que amplíe la denuncia, pero que esta no ha podido asistir por la ausencia de medidas de seguridad que garanticen su integridad en estas diligencias, medidas que deberían ser brindadas por la misma entidad.
Y, trajo a colación una aclaración que resulta crucial para Yolanda y para todas las víctimas de trata de personas y es que no se requiere de una denuncia penal para activar la ruta de atención y la prestación de la asistencia inmediata (Ley 985 de 2005, art. 7). “Al hacer depender la condición de víctima a la calificación penal de la conducta y al privar de la protección a la víctima que no denuncie se causaría un grave detrimento a los derechos fundamentales de las presuntas víctimas, ya que quedan subordinados a la persecución del delito y de sus autores”, indicó el despacho.
Así, le ordenó a la Fiscalía que suministrara de manera “transitoria” las medidas de protección hasta que la investigación determinara si los hechos narrados por Yolanda obedecen al delito de trata de personas. Además, que los resultados de dicha investigación fueran comunicados al Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas Departamental y Municipal para que hicieran lo propio. Pero, el Tribunal tendía a darle la razón a Yolanda e indicó que en el expediente obraban indicios suficientes para inferir que se trataba de una víctima de trata de personas, en su decisión no le dio la orden a ninguna entidad para que desplegara la asistencia que ella requiere. Prácticamente, su situación seguía igual.
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Ante este escenario, abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women’s Link WorldWide, que asumieron la representación de Yolanda, le presentaron el caso a la Corte Constitucional. El alto tribunal accedió a revisar el expediente y, mientras emite su decisión, le concedió medidas provisionales de protección que, tal como afirman las abogadas, tampoco se han cumplido. “El comité está obligado a prestar los servicios, pero ni siquiera se han comunicado para hacer efectiva esa orden. Les enviamos una carta diciéndoles que esperamos una pronta respuesta, les propusimos una reunión y un plan de trabajo y estamos en espera”, explica la abogada Ana Margarita González.
Agrega que las barreras en estos casos ocurren porque existen pocas unidades y capacidades técnicas en la Fiscalía para investigar un delito tan complejo como la trata de personas que implica traslado, captación, coacción, etc., y esto lleva a la Fiscalía a hacer calificaciones inadecuadas. Pero, además, que aunque existen los comités contra la trata de personas hay falta de recursos técnicos y financieros que los hacen débiles y poco efectivos.
“Estos Comités deben brindar a las víctimas asistencia inmediata como alojamiento, alimentación, movilización, acompañamiento jurídico, atención en salud, kit de aseo. Y a largo plazo, deben gestionar la solución a la situación migratoria de la persona, brindar información laboral, proyecto productivo, educación. Pero a Yolanda le dieron hotel unos días y cuando la Fiscalía informó que la denuncia se tipificó como inducción a la prostitución, le quitaron lo poco que le dieron”, expresó la abogada González.
Por ahora, la situación de Yolanda no mejora; no tiene acceso a la salud, ingresos o vivienda; sus hijas están desescolarizadas y, muchas veces, no puede brindarles las tres comidas diarias. Lo que queda esperar es, por un lado, que el Comité de Lucha contra la Trata de Personas cumpla la orden que dio la Corte y reconozca a Yolanda como víctima de trata, para que se activen inmediatamente las medidas de protección; y por otro, que la Corte tome una decisión que la favorezca y le permita acceder a nuevas oportunidades para dejar a un lado lo que le ocurrió y brindarle una mejor calidad de vida a sus familia.
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