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“Recusaremos a quien no dé garantías de imparcialidad”: esas palabras las dijo el pasado 22 de mayo Víctor Mosquera, abogado de Andrés Felipe Arias, un día después de conocerse que la Corte Constitucional reconociera el derecho del exministro a impugnar su sentencia a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Mosquera, sin embargo, no ha podido materializar su anuncio. No lo ha necesitado, en realidad, pues los propios integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se han ido declarando impedidos uno a uno para conocer en segunda instancia este expediente.
Quien fue el ministro de Agricultura del gobierno Uribe fue condenado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía lo llevó a juicio argumentando que Agro Ingreso Seguro “fue concebido como una política pública orientada a […] reducir la desigualdad en el campo”, pero que Arias desconoció los principios de “transparencia, planeación, economía y responsabilidad propios de la contratación estatal”. Los convenios que se firmaron para ejecutar AIS, agregó la Fiscalía, “permitieron que, de manera injustificada, particulares se apropiaran de dineros del Estado”. (Corte Suprema admitió impugnación del exministro Andrés Felipe Arias)
El 16 de julio de 2014, la Corte Suprema le dio la razón a la Fiscalía y condenó a Arias. Pero, para ese momento, él ya no estaba en el país: había huido con su familia a Estados Unidos, país donde trató —sin éxito— de obtener asilo político. Desde allá echó mano de cuanto recurso legal había para no volver al país, argumentó que Colombia no tenía tratado de extradición vigente con EE. UU. y dijo que era un perseguido político. La justicia estadounidense, sin embargo, no le dio la razón y el 12 de julio de 2019 lo extraditó. Desde entonces está detenido en el Cantón Norte y sigue diciendo que su caso es producto de una persecución judicial al uribismo.
Antes de llegar al país, Arias y sus abogados recorrieron varios caminos en Colombia y el exterior también tratando de reversar la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de 2014, que se tomó con siete votos —de nueve posibles— en favor de sentenciar al exministro. Por fuera, le pidieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que se pronunciara y este reconoció una violación al debido proceso por la ausencia de una segunda instancia. Aquí presentaron una tutela en todas las salas especializadas de la Corte para que le permitieran impugnar. La respuesta siempre fue que él, como aforado constitucional, solo tenía derecho a una única instancia.
Solo hasta el pasado 21 de mayo, cuando una tutela de Arias llegó a la Corte Constitucional, fue que esta reconoció el derecho del exministro a impugnar el fallo condenatorio que pesa en su contra. Y fue ahí que la bola volvió a la cancha de la Corte Suprema, pues es esa corporación la llamada a conformar una sala para que revise el caso Arias en segunda instancia. Y el asunto es que, por como van las cosas, todo apunta a que el proceso se resolverá con conjueces, pues hoy, en la Sala Penal de la Corte, solo hay un magistrado que no ha expuesto objeciones para conocer el expediente: Fabio Ospitia. Con respecto a los demás, lo que ha habido es una lluvia de impedimentos. (Las dudas que Andrés F. Arias quiere que la Corte Constitucional le aclare)
El 21 de julio pasado, como contó este diario, el exministro insistió ante la Corte Suprema con la impugnación que ya había presentado desde 2018 y, nueve días más tarde, el alto tribunal confirmó que admitía el recurso y empezaba a darle trámite. Casi de inmediato se conocieron los tres primeros nombres de magistrados que se declararon impedidos para estudiar el proceso en segunda instancia: Patricia Salazar, Eugenio Fernández y Eyder Patiño. Era evidente que lo harían, pues los dos primeros hicieron parte del fallo de 2014 y Patiño, por su parte, se declaró impedido desde el inicio porque desde la Procuraduría había conocido el caso.
El mismo día que se admitió la impugnación, 30 de julio, se conformó la primera sala, pero, en cuestión de días, esta empezó a desbaratarse. El magistrado Gerson Chaverra (quien quedó como ponente) se declaró impedido, argumentando que desde el Tribunal Superior de Bogotá actuó como juez de garantías en una ocasión que la defensa de Arias hizo una solicitud ante esa corporación mientras el juicio en la Corte ya estaba en marcha. Seis días después hicieron lo propio los magistrados Luis Antonio Hernández y Jaime Humberto Moreno.
Tanto Hernández como Moreno alegaron que conocieron el proceso contra José Francisco Vives Lacouture, cuya condena a 11 años de prisión quedó en firme luego de que la justicia los hallara responsables de haber fraccionado sus predios para acaparar los subsidios no reembolsables de AIS —como hicieron tantos otros beneficiarios del programa—. Con esa condena, dijeron los juristas, sentaron posición en el tema y no podían ser parte de la discusión del caso Arias. Ninguno de los dos estaba en la Corte en 2014, cuando el exministro fue condenado, pues Hernández llegó en 2016 y Moreno en 2019, para reemplazar a Gustavo Malo.
Así las cosas, el pasado 10 de agosto, una nueva sala de magistrados recibió la impugnación de Arias: Fabio Ospitia, José Francisco Acuña y Hugo Quintero. Pero, de nuevo, la sala empezó a desvanecerse luego de que Acuña y Quintero se declararan impedidos. El primero, porque también formó parte de la decisión contra Vives Lacouture. Y el segundo, porque como columnista de El Nuevo Siglo criticó duramente al exministro. “El grupo político al que pertenece el señor Arias tuvo mayorías absolutas durante ocho años en el Congreso y nunca intentó siquiera cambiar ese procedimiento”, dijo en una columna a propósito de la única instancia para aforados.
Estos dos últimos impedimentos se radicaron el pasado 26 de agosto (Acuña) y 28 de agosto (Quintero). Con estas cuentas, hoy en la Sala Penal de la Corte Suprema solo hay un magistrado que no se ha declarado impedido para conocer la impugnación de este alfil del uribismo, Fabio Ospitia, quien además tendrá que resolver los recursos que presentaron sus compañeros. De esta forma, el caso Arias se encuentra muy próximo a quedar en manos de conjueces, quienes tendrán la tarea de estudiar el proceso y determinar si el análisis de las evidencias que hizo la Sala Penal de la Corte hace seis años fue acertado; si, aunque lo fue, Arias merece una pena menor, o si, por el contrario, debe ser exonerado.
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