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Como en todo conflicto armado que se salda por la vía negociada, al tiempo que cesan los fusiles se enciende la pugna política y jurídica. Colombia no es la excepción. Luego de doce años de la extradición de catorce exjefes paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz, y casi cuatro años después de la firma de los Acuerdos de Paz con la otrora guerrilla de las Farc, un elemento llega a sumarse al polarizado ambiente político: el regreso al país de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, tras cumplir en Estados Unidos una condena por narcotráfico sin haber dicho una sola palabra a sus víctimas.
El arribo de Tovar Pupo al país, así como la eventual deportación de Salvatore Mancuso, excomandante del bloque Catatumbo, agregan un nuevo capítulo a la confrontación política que se atiza a partir de los compromisos pendientes de exguerrilleros y exparamilitares con las víctimas. Mientras la derecha cuestiona a la JEP y reclama verdades a los excomandantes de las Farc, la izquierda hace lo propio respecto a las confesiones pendientes de los extraditados exjefes de las Autodefensas que están de regreso. La pregunta que queda en medio es saber si ese antagonismo con eco en la política sirve realmente para avanzar hacia la paz.
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Según explicó Cristina Echeverri, profesora de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Javeriana, se trata de un enfrentamiento para buscar culpables de los fracasos de los acuerdos de reconciliación, aferrándose a sus propias visiones sobre la guerra y la paz. “Los actores políticos están peleando por las narrativas de lo que ha sido el conflicto y cuál va a ser el grupo social que va quedar en la memoria como el más responsable. Algunos quieren que sean las Farc y el gobierno del expresidente Santos. Otros quieren que sean los paramilitares y el gobierno del expresidente Uribe”, comentó.
Las recientes peleas en el Congreso reafirman la idea de la catedrática Echeverri. Apenas se conoció el arribo de Jorge 40, el llamado político fue volver a enfatizar en sus asuntos pendientes con la justicia. Que diga la verdad, repare a las víctimas y pague lo que debe fue la petición generalizada para el excomandante del bloque norte de las Autodefensas. De hecho, ya se realizó un debate de control político al gobierno Duque por su responsabilidad en el destino de los exparamilitares, a fin de que cumplan sus deudas. En el fondo, fue el escenario perfecto para volver al pasado y revivir los vacíos que dejó la Ley de Justicia y Paz.
“Tenemos un tratado de extradición, pero con un vacío porque no precisa su alcance, mecanismos, contraprestaciones ni protocolos en la aplicación de la cooperación judicial. El gobierno de ese entonces le dio prioridad al delito del narcotráfico y de lavado de activos sobre la verdad y la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad que cometieron. ¿Qué importaba más para ese gobierno?”, cuestionó Antonio Sanguino, citante del debate y senador de la Alianza Verde. El parlamentario resaltó los errores de Uribe: “Se les extradita por incumplir sus deberes con las víctimas en la Ley de Justicia y Paz. Pero, curiosamente, privan a las víctimas de esa verdad y se les aplaza además la justicia y la reparación”.
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Para reforzar su postura, Sanguino revivió un video de Uribe de 2008, polémico año en el que, sorpresivamente y de madrugada, ordenó enviar a los miembros de las Autodefensas a las cárceles norteamericanas. “Algunos de ellos habían reincidido en el delito después del sometimiento a Justicia y Paz, otros no cooperaban con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar la entrega (…) al que no quiere colaborar con la justicia no se le puede forzar a que colabore, simplemente se le aplica más sanción”, fueron las palabras del expresidente en ese entonces.
De inmediato, los congresistas uribistas salieron en defensa de su máximo líder. Para ello usaron una de sus armas discursivas conocidas: comparar la Ley de Justicia y Paz con el Acuerdo de Paz de La Habana. “Señalan a Uribe por la extradición. La justicia dijo que se los llevaron porque seguían delinquiendo, pero el discurso ‘mamerto’ es que los sacaron para callarlos, a pesar de que sí contaron algo de verdad. En cambio, en el proceso de La Habana las intenciones eran otras. Los paramilitares al menos pagaron ocho años”, reclamó el congresista Ernesto Macías, del Centro Democrático.
Mientras Macías insistió en que lo pactado en Cuba “fue una vergüenza”, la senadora Paola Holguín, su copartidaria, pidió que se midan los procesos con el mismo rasero. “Se quejan mucho de Justicia y Paz, pero no dicen nada de la JEP, que no lleva una sentencia. No vengan a criticar a los traquetos colados de Justicia y Paz, cuando callaron con los traquetos colados en el Acuerdo de La Habana”, declaró. En otras palabras, una atmósfera de ataques en los que el tema de fondo es la interpretación sobre el alcance de la justicia frente a los procesos de negociación con el paramilitarismo y la insurgencia.
Para el analista Héctor Riveros, este efecto es poco favorable a la discusión de fondo: ¿cómo reparar a las víctimas, teniendo en cuenta que no es seguro que los extraditados hablen? Y resalta: “El resultado final es este tipo de disputas, que muestran cómo el ambiente político termina favoreciendo a los extremos”. Es decir, alentando una relación cíclica entre la política y la violencia, potenciada desde la palabra. “El hecho de que haya habido procesos de paz desde los años 80, y que hayan sido insuficientes para cerrar el conflicto, demuestra que la confrontación se ha metido en la concepción de la política y la forma de hacerla”, resaltó por su parte Cristina Echeverri.
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Bajo esa perspectiva, la académica reiteró que la política mantiene vivo el antagonismo de la guerra, a pesar de los avances en temas de paz. “Puede ser que la guerra se haya descentralizado y haya organizaciones más pequeñas, pero el guion sigue”. O sea, ya no son los guerrilleros y los paramilitares porque están lidiando con sus procesos jurídicos. Ahora es la sociedad colombiana la que continúa enfrascada en los efectos de las distintas expresiones de violencia. Y en esa dialéctica equivocada, desde la derecha o la izquierda no se avizora un discurso que induzca a seguir adelante, a no dar más vueltas en redondo en la confrontación.
María Lucía Zapata, directora de la maestría en Conflicto y Paz de la Universidad Pontificia Javeriana, expresa que, si bien algunos paramilitares rindieron versiones de su participación en el conflicto, es claro que al extraditarlos “se perdió el hilo de la verdad”. Un hecho que Iván Cepeda, senador del Polo, y la exsenadora Piedad Córdoba han calificado siempre como un mecanismo para entorpecer la búsqueda de verdad. Desde la orilla contraria se esgrimen argumentos semejantes para exigir cumplimiento a las antiguas Farc. En tal sentido, según Zapata, la incógnita de cómo brindar condiciones adecuadas para contar los hechos de la guerra trae la mutación y la fatiga de las disputas políticas de cada época.
“Garantizar justicia es una decisión jurídica, pero en últimas es una determinación política: nos vamos por la venganza y metemos a todos a la cárcel (justicia retributiva) o sanamos a las víctimas y respondemos a sus necesidades (justicia restaurativa). En el momento de Justicia y Paz había fuerzas paramilitares que se desmovilizaron. Ahora no hay ‘paras’ ni guerrilla, pero la polarización es diferente, obedece a la política. Que Jorge 40 no hable hace que a nivel político se acalore la discusión y se cuestiona el sistema transicional”, expresó María Lucía Zapata.
No obstante, por encima de los enfrentamientos discursivos, es claro que la reparación de las víctimas no depende de la información de extraditados como Jorge 40 ni, desde el lado contrario, de las verdades que se esperan de los comandantes de las extintas Farc, sino del compromiso de todo el país para avanzar hacia la paz. Es comprensible que exista tensión sobre el regreso de Tovar Pupo al país y se especula con sus verdades, pero la responsabilidad real, más allá del discurso político de unos y otros, es de los centros de memoria, los investigadores y la Comisión de la Verdad. Así lo han indicado los analistas.
Según María Lucía Zapata, el deber de todos es “propender por la defensa de los derechos de la gente”, y eso no se logra solo con testimonios de los agresores (aunque son importantes), sino también con la voluntad de entender qué pasó en el conflicto. “No es solo que ellos confiesen, sino investigar cómo se permitió que se crearan las bases de un sistema violento. No fueron personas aisladas, fue también la corrupción de las instituciones”, una labor en la que se debe comprometer el Gobierno. “Los dirigentes políticos tienen una desconexión con los sectores que trabajan por sanar. Deberían entender que tienen el poder de llevar al país a una mejor comprensión de lo que pasó”, resaltó la catedrática.
En consecuencia, es crucial la disposición de los políticos para que, en vez del oportunismo que se genera a partir de los aciertos o retrocesos de los exguerrilleros o exparamilitares en su reducción a la justicia, ayuden a crear las condiciones para que el país avance hacia la paz. “Hay usos estratégicos y réditos electorales, porque en la sociedad todavía hay heridas del conflicto y sirven en la palestra pública para construir alianzas políticas alrededor de los discursos. No va a ser un proceso corto; pero hoy constituye una narrativa bélica que debería deslegitimarse”, finalizó Cristina Echeverri.
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