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Casi una puesta teatral se vio en la sede del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) el último sábado con la pugna con forcejeos entre sus funcionarios y los delegados del Ministerio Público (MP), la Fiscalía, quienes en una nueva cruzada por entorpecer una transición democrática, confiscaron las actas electorales originales de los comicios del último 20 de agosto, en los que el progresista Bernardo Arévalo superó a Sandra Torres.
Allí la respuesta democrática del pueblo fue contundente. Tanto en las urnas como en la veeduría, los ciudadanos estuvieron activos y desde las periferias hasta la capital, pusieron de su parte para garantizar que las elecciones fueran limpias. No solo el pueblo, también organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea supervisaron los comicios ante el altísimo riesgo que corrían de ser viciados por la clase política, popularmente conocida en Guatemala como el pacto de corruptos.
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Desde antes de las elecciones Arévalo ha sido cuestionado por el MP. Han tratado reiteradamente de invalidar la creación de su partido, el Movimiento Semilla, establecido en 2018, con intentos fallidos de buscar inconsistencias en las firmas por las que se creó hace más de cinco años.
Ahora, en una investigación que aseguran llevar a cabo por presunto fraude a favor de Arévalo, han hecho un recuento parcial de votos y como se vio el sábado, secuestraron las actas supervisadas por diversas veedurías.
“Lo que está demostrando a final de cuentas es que primero no respeta la voluntad popular expresada el veinte de agosto en la segunda vuelta. Y segundo, que al final de cuentas este grupo de actores antidemocráticos está utilizando a la justicia para castigar a los opositores. En ese sentido, un poco la idea de que cuando un gobierno que tiene muchos cuestionamientos, como que el de Alejandro Giammattei, está cerca de dejar el poder, siempre aparece esa preocupación de que, al dejar el poder, también se dejen de lado las unidades y, obviamente, aparezcan las acusaciones, los procesos judiciales y las posibilidades de encarar, por ejemplo, la cárcel”, asegura Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Sin embargo, Giammattei no se ha mostrado públicamente como el impulsor del actuar del MP, sería irresponsable afirmarlo. Por el contrario, se ha mostrado muy abierto a la transición democrática con el gabinete de Arévalo, quien ante el asedio de la Fiscalía, detuvo la transición al no contar con garantías.
Sin embargo, quienes sí actúan como brazo ejecutor son los dos fiscales que encabezan el MP: Consuelo Porras, fiscal general designada en el gobierno de Jimmy Morales y ratificada por Giammattei; y Rafael Curruchiche, fiscal anticorrupción y quien está actuando como principal ejecutor en la investigación contra Arévalo y Semilla.
Pese a que la Fiscalía presume actuar con cierta autonomía, hay precedentes claros de que su lucha contra la corrupción se ha convertido en todo lo contrario, en una lucha contra los sectores políticos y personajes no pertenecientes al pacto de corruptos.
“Curruchiche fue elegido por Porras después de que uno de los fiscales, que obviamente respondía a Porras, decidió destapar un caso de corrupción de Giammattei por un cuestionamiento relacionado a una financiación de las vacunas por empresarios rusos. Ahí es el punto de quiebre para uno entender qué es lo que sucede y hasta qué punto le cae responsabilidad a Giammattei”, continúa González.
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El hecho de que Guatemala cuente con una fiscalía anticorrupción se deriva de la existencia de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), que funcionó desde 2006 y fue expulsada del país en 2019 en un acto denominado el “moralazo”, una acción prevista por el presidente de entonces, Jimmy Morales. Sí, el mismo que postuló a Porras.
Tanto Porras como Curruchiche se encuentran señalados en la lista Engel, creada por Estados Unidos para señalar a los “actores corruptos y antidemocráticos”, de Centroamérica. También han sido sancionados por la OEA, la Unión Europea y España, entre otros entes internacionales que siguen la impunidad en Guatemala.
“Lo que hicieron fue adaptarla a algo mucho más fácilmente controlable, quitando toda implicación internacional e insertando a alguien que pudiera instrumentalizar sus objetivos. En realidad, lo que vemos desde el principio es una estrategia de cooptación de estas instituciones. Y lo que es aún más interesante es que luchar contra sus enemigos, en cierto modo, es darle la vuelta a la situación. En principio, a esas instituciones contra la corrupción les correspondía combatir a los corruptos. Pues ahora los corruptos son capaces o han sido capaces de cooptar e instrumentalizarlas en contra de aquellos que luchan contra la corrupción”, explica Miguel Gomis, también profesor de la Universidad Javeriana.
Sin que a la luz pública Porras y Curruchiche beneficien a Giammattei, así como ocurrió en el caso de las vacunas rusas, también contribuyeron con el montaje del caso contra el periodista José Rubén Zamora, opositor a su gobierno, quien fue condenado a seis años de cárcel por supuesta obstrucción a la justicia, lavado de activos y corrupción.
Así mismo, varios colaboradores de Zamora han sido encarcelados y el medio que fundó hace más de 25 años, elPeriódico, desapareció alegando un acoso penal por parte del MP.
Para citar otro caso, Curruchiche también pretendió investigar al hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, quien fue comisionado por la CICIG, por permitir acuerdos “anómalos” y hechos de corrupción. Dicha investigación no ha trascendido hasta la fecha.
Ahora los esfuerzos del MP están centrados en “socavar” la transición democrática, como expresó Estados Unidos con preocupación cuando ocurrió la toma a las oficinas del TSE. “Estados Unidos condena al MP por la redada en Tribunal Superior Electoral y por la incautación de documentos electorales oficiales. Utilizaremos todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores antidemocráticos”, expresó el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, quien también sostuvo reuniones posteriores a la redada con el presidente electo Arévalo.
También la OEA, que supervisó las elecciones, aseguró no encontrar fundamento en las investigaciones que adelanta Curruchiche. “Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, afirmó Luis Almagro, secretario general del organismo, después de visitar Guatemala tras las elecciones y cuando el foco de las investigaciones estaba en suspender a Semilla.
Según Gomis, todo esto quiere decir que es clara la persecución ante los ojos del mundo, pero lo que sorprende es el “descaro” al que están llevando la torpedeada transición democrática. “La pregunta es: ¿cuál es su verdadero objetivo?, ¿qué es lo que se piensa que va a pasar después de eso?”, afirma.
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Es incierto. Los únicos que denunciaron fraude en las elecciones fueron el partido perdedor, UNE, y su candidata, la ex primera dama de Guatemala Sandra Torres. No hay una cara visible del pacto de corruptos, solo un brazo ejecutor encabezado por Porras y Curruchiche. Gomis asegura que recargar la responsabilidad detrás de este proceder a Giammattei es: “Simplificar la situación. Es mucho más complicado, pero tampoco es fácil decir quién es exactamente quién en todo esto”.
Y por su parte, el profesor González asegura que el extremo al que podrían llegar quienes tratan de impedir a toda costa la ascensión de Arévalo es: “Lo máximo que puede llegar un poco a esta crisis en términos de resultados, sobre anular, sobre entorpecer totalmente la llegada de Arévalo a la Presidencia, es que efectivamente, el presidente Giammattei se despierte un día de estos y diga’cierro el Congreso, cierro las instituciones’ y declare Estado de emergencia”.
Además, reitera: “Lo que estamos viendo aquí básicamente es un poder judicial que le está sirviendo como escudo a ese Gobierno, ese pacto de corruptos, de que efectivamente entorpezca la voluntad popular (…) Obviamente, el Congreso tendrá que desaparecer, pero a lo mejor si este está integrado por sectores que adversan a Arévalo, que de alguna forma se oponen a él. Yo creería que incluso sacrificarían la democracia en favor de sus intereses”.
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Por Hugo Santiago Caro
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