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Fue un simple trámite judicial, la compulsa de copias de un organismo a otro, el que desencadenó uno de los más grandes embargos a personas jurídicas y naturales en la historia reciente. Todo comenzó en enero pasado, cuando a las oficinas de la Superintendencia de Sociedades llegó un requerimiento por parte de la Superintendencia Financiera para investigar los nexos y cabos sueltos de la comisionista Interbolsa (en liquidación).
La investigación fue asumida por Ángela María Echeverry, superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, y su despacho se sumergió por seis meses en los vericuetos de un caso que se inició a finales de 2012, con la quiebra de, por entonces, una de las principales comisionistas de bolsa del mercado. Pero a medida que los folios se fueron acumulando, salieron a flote los detalles de una operación de captación irregular de dinero con la que se habrían visto afectados, según cifras preliminares, 25.000 inversionistas.
Las primeras decisiones del ente de control salieron a la luz en mayo, cuando tomó control de las sociedades Malta S.A., Las Tres Palmas Ltda. y Helados Modernos de Colombia S.A., todas vinculadas a Víctor Maldonado, quien, para la época de los hechos, llegó a controlar el 30% de las acciones de Interbolsa; asimismo, ordenó la toma de posesión de los bienes de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., sociedad que tuvo un papel determinante en el desvío de los dineros aportados por inversionistas, al igual que las posesiones de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate, cuyos vínculos con la comisionista y fondos privados del exterior fueron vitales para ejecutar la operación irregular (este último emitió un comunicado reiterando su inocencia y su disposición a colaborar con la investigación de las autoridades).
Y ayer, una semana después de que el superintendente Luis Guillermo Vélez fuera recusado por una supuesta amistad con los implicados, la medida se extendió a otras 26 firmas con domicilio en Colombia, Panamá, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas, al igual que a 22 particulares relacionados con ellas (ver recuadros). De esta decisión, ordenada por el auto 2013-01-280307 del 29 de julio de 2013, sobresale la sociedad Valores Incorporados S.A., la cual se convirtió en el vehículo estratégico para que los dineros captados a diferentes Inversionistas (en especial a viudas, pensionados y órdenes religiosas) a través de Interbolsa, fueran redirigidos a sociedades de sus accionistas y depositados en repos de Fabricato.
En visita realizada a Valores Incorporados, llamaron la atención de la Supersociedades las operaciones realizadas a través de la cuenta número 36592, suscrita en Interbolsa, en la que se registraron múltiples ingresos bajo la denominación “Dineros a Terceros”. Sin embargo, se encontraron irregularidades como que los nombres que aparecían en los soportes contables no coincidían con los registrados en los comprobantes correspondientes, o que muchos de los mismos aparecían registrados en la base de clientes del Premium Capital Individual Portafolio Fund, el fondo privado con sede en Curazao y controlado por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por el cual se giraron miles de millones de pesos a Colombia.
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