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Una vez más, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la responsabilidad de resolver un proceso judicial relacionado con el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los más relevantes de los años ochenta, época en la que Pablo Escobar y el Cartel de Medellín le declararon la guerra al Estado Colombiano. A lo largo de su campaña electoral, Galán anunció públicamente que, de resultar elegido Presidente, adoptaría medidas drásticas como la extradición, para combatir el narcotráfico, esas afirmaciones le costaron la vida. A lo largo de estos años, su familia y la de otras personas que fallecieron en el atentado se han dedicado a reclamarle a la justicia que aclare toda la maraña de intereses, conflictos y odios que desembocaron esta tragedia.
En esta ocasión, la Fiscalía presentó el recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia evalúe el proceso judicial en contra de Luis Felipe Montilla, capitán retirado de la Policía, quien fungía como comandante de la Policía de Soacha, y del coronel retirado de la Policía Manuel Antonio Gonzáles, quien se desempeñaba como Jefe de la División de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para la época de los hechos. Ambos quedaron absueltos por el Tribunal Superior de Cundinamarca que no encontró méritos y pruebas suficientes para responsabilizarlos como coautores del homicidio del líder político liberal y las otras víctimas.
No es la primera vez que el alto tribunal debe evaluar responsabilidades en el magnicidio de Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en Soacha (Cundinamarca), pues fue esta instancia la que el 23 de noviembre de 2016 condenó a 30 años de prisión al general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, por su responsabilidad, a título de coautor, del homicidio de Luis Carlos Galán, Julio César Peñalosa Sánchez y Santiago Cuervo Jiménez -quienes también perdieron la vida en el atentado terrorista-, además, de tentativa de homicidio contra Pedro Nel Angulo Bonilla, un escolta de Galán que resultó herido.
El caso de Maza Márquez llegó al alto tribunal luego de una serie de errores en el proceso judicial. Resulta que la Fiscalía empezó a investigarlo en 2009, por una compulsa de copias del proceso contra Alberto Rafael Santofimio, y en 2010 lo acusó de homicidio con fines de terrorismo y concierto para delinquir. El caso llegó a un juzgado de Cundinamarca. Sin embargo, todo el proceso jurídico se quedó sin piso, cuando el 20 de enero de 2012, la Corte Suprema de Justicia anuló lo que se había hecho argumentando falta de competencia, tanto del instructor de la Fiscalía, como del juzgado, pues habían desconocido que Maza Márquez era un aforado, por cuenta del cargo que ejercía en el DAS cuando ocurrieron los hechos.
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Esa nulidad implicó la libertad inmediata de Maza Márquez, quien se encontraba bajo medida de detención preventiva en su domicilio. Sin embargo, al determinar su competencia, la Corte Suprema asumió la investigación y el 20 de noviembre de 2013 ordenó nuevamente la detención de Maza Márquez, esta vez, en establecimiento carcelario. El caso fue examinado por los magistrados de la Sala de Casación Penal que, finalmente, decidieron condenar al oficial en retiro tras determinar que su actuación fue fundamental para que se cometiera el magnicidio de Galán, pues fue el encargado de debilitar el esquema de seguridad que resguardaba al candidato presidencial.
En el fallo de sentencia, el alto tribunal determinó que la orden de asesinar a Luis Carlos Galán provino de Pablo Escobar quien ya había perpetrado un atentando en contra del líder político, en Medellín, sin éxito. Por lo que el jefe del cartel de Medellín acordó con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, que fuera este último quien planeara un nuevo ataque para materializar el homicidio de Galán. A su vez, El Mexicano, aprovechando que era el principal financiador de las Autodefensas del Magdalena medio, le encargó la misión al comandante de esa estructura delictiva Henry de Jesús Pérez Durán quien, finalmente, escogió a Jaime Eduardo Rueda Rocha para que llevara a cabo el ataque.
Pero esta sucesión de responsabilidades no fue al azar. El alto tribunal explicó que Jaime Eduardo Rueda Rocha tenía conexiones delictivas con el DAS para obtener información sobre las actividades de Galán, con el fin de ejecutar exitosamente el atentado. Esto era supremamente importante porque la estrategia que se había acordado involucraba al DAS pues era la entidad encargada de la seguridad del candidato presidencial. Es en este punto en el que entra en juego el rol de Miguel Alfredo Maza Márquez quien de un momento a otro, sin justificación, cambió al jefe del esquema de seguridad de Galán y, en su reemplazo, designó a Jacobo Alfonso Torregoza Melo.
El nombramiento de Torregoza fue inquietante, pues este no tenía la capacitación necesaria para ejercer como jefe de un esquema de seguridad, menos del de uno de los políticos más amenazados del país; llevaba apenas cuatro meses trabajando en el DAS; y había sido investigado penal y disciplinariamente por faltas graves cuando fue oficial de la Policía Nacional. Pero, a pesar de las evidentes falencias, tenía algo fundamental para la ejecución del plan criminal: una relación directa y cercana con el perpetrador del homicidio, Jaime Eduardo Rueda Rocha. Cuando Luis Carlos Galán y su familia se enteraron del cambio en el esquema de seguridad, el mismo líder político le pidió a Maza Márquez que le reintegrara a su anterior jefe de su esquema, a lo que el director respondió que Torregoza era “su hombre de confianza” y que “ponía las manos al fuego por él”.
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La Corte también estableció que el día del atentado terrorista Torregoza no coordino con las autoridades de Soacha y, en vez de reforzar la seguridad de su protegido, envió a dos de los escoltas al municipio de Villeta, donde al día siguiente Galán daría un discurso político. Además, en contravía de su rol, Torregoza no se subió a la tarima en la que Galán fue atacado, de hecho, momentos antes del atentado se alejó del sitio. Finalmente, tras haber sido herido el líder político, Torregoza se mantuvo pasivo, en lugar de auxiliarlo con urgencia. De todo esto tenía conocimiento el director del DAS, Maza Márquez quien, luego del atentado, hizo su parte: desvió la investigación judicial sindicando a personas inocentes y archivó la investigación disciplinaria contra Jacobo Alfonso Torregoza.
Y no es de extrañar la conducta del director del DAS, pues, según la Corte, la relación colaborativa entre ese departamento y las autodefensas del Magdalena medio venían de tiempo atrás. Señala que Maza Márquez se prestaba para filtrarle información al comandante de esa estructura, Henry de Jesús Pérez Durán, con el fin de frustrar los operativos de captura de las autoridades. “Se infiere Maza Márquez estaba en disposición de ayudarlo a materializar otros planes criminales, como finalmente lo hizo para llevar a cabo el atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento”, manifestó la Sala de Casación Penal. En ese sentido, Maza Márquez tenía conexión con el comandante de este grupo delictivo y Jacobo Alfonso Torregoza una amistad con el homicida Jaime Eduardo Rueda Rocha.
Por todos estos hallazgos, el despacho evidenció que Miguel Alfredo Maza Márquez acordó con las autodefensas del Magdalena medio para aportar significativamente en la ejecución del homicidio Galán. Por lo cual debilitó el esquema de seguridad del político, “una contribución sin la cual no se hubiera logrado consumar tal crimen” dictaminó la Sala. En ese sentido, lo condenó a 30 años de prisión. En sus argumentos, la Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en que se trata de un caso que fue declarado como crimen de lesa humanidad y que se configuró como uno de los atentados más dolorosos para el país perpetrado por orden de Pablo Escobar, un hombre que se dedicó a infundir pánico y zozobra en el país por medio del terror y la barbarie.
Con este antecedente, la Fiscalía confía en que la Corte Suprema de Justicia evalúe la absolución Luis Felipe Montilla Barbosa y Manuel Antonio González Henríquez y, en ese sentido, emita una sentencia condenatoria en su contra. En el caso de Manuel Antonio González Henríquez (condenado a 22 años en primera instancia), la Fiscalía alegó que, como jefe de la División de Orden Público del DAS, tenía una estrecha relación con Miguel Alfredo Maza Márquez y que contribuyó al nombramiento de Torregoza como jefe del esquema de seguridad del Galán, pues efectuó este trámite. En contraste, el Tribunal de Cundinamarca consideró que los testimonios presentados para sustentar esta hipótesis no fueron suficientes determinar tal hipótesis.
“Se parte de la supuesta amistad entre González Enríquez y Maza Márquez, habida cuenta que compartieron curso en la Policía Nacional y fueron condecorados en las mismas oportunidades, afirmaciones que sólo dejan ver que al parecer entre ellos dos había una relación cercana, pero no que acordaron participar en el plan criminal de atentar contra la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento, con el nombramiento de Jacobo Torregrosa como su Jefe de Escoltas. Ahora bien, aunque se encuentra acreditado el cambio de Jefe de escoltas suscrito por el coronel González Enríquez, ello no es prueba determinante del acuerdo común, pues en efecto, era el encargado de suscribir los oficios de tal índole”, dijo el Tribunal en su decisión absolutoria.
En lo que respecta a Felipe Montilla Barbosa la acusación de la Fiscalía se fundamentó en los posibles nexos que existen entre la Policía de Soacha (que él comandaba) y la organización criminal liderada por alias El Mexicano, lo que habría facilitado que se cometiera el atentado, dada la falta de seguridad en el evento. Pero, una vez más, el despacho resolvió que no se contó con las pruebas suficientes, pues existen amplias dudas acerca de la participación y responsabilidad de este hombre, “vacilaciones que incluso no son desconocidas por los apelantes, quienes en contra de la lógica procesal, sugieren con sus argumentaciones que ante las dudas que ellos mismos reconocen, se condene al procesado”.
Ante tal escenario, la familia de Luis Carlos Galán y de los otros hombres asesinados en el atentado, así como la Fiscalía y el Ministerio Público tienen sus esperanzas puestas en que la Corte Suprema de Justicia que vuelve a jugar un rol esencial en el esclarecimiento del magnicidio del líder político del Nuevo Liberalismo, un suceso que enlutó al país, especialmente, a todos aquellos que veían en Galán un cambio y una oportunidad para construir un país más justo.
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