Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La inaudita seguidilla de masacres que sacudió a todo el país (43 masacres en lo que va de 2020), desató una discusión sobre qué es lo que está generando esta oleada de violencia, la cual ya deja esta semana otras dos masacres: Ábrego (Santander) y Venecia (Antioquia). Unas horas antes de que se conociera este último homicidio múltiple, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, soltó una frase que ha resultado polémica entre los conocedores del conflicto armado colombiano.
Le podría interesar: Reiniciar la aspersión aérea tendrá resultado positivo sobre masacres: ministro de Defensa
“En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”, dijo el jefe de esa cartera ministerial. Durante el pronunciamiento añadió que conformará un Comando contra el narcotráfico y las amenazas trasnacionales del Ejército y señaló al narcotráfico como el mayor enemigo de la paz. El Espectador se contactó con dos académicos que están en desacuerdo con el alto funcionario del Gobierno de Iván Duque.
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, en entrevista con este diario señaló que no entiende y “no es claro” bajo qué parámetro se hace ese tipo de relación entre la reducción de las masacres con una eventual asperjado de glifosato en los cultivos de uso ilícito. “Las zonas donde ha habido masacres en los últimos días no todas están relacionadas con cultivos de coca, como Arauca o Cali. En Samaniego, incluso lo que reportan las cifras es que las hectáreas de cultivos ilícitos viene decreciendo”, señala la politóloga de la universidad de los Andes.
Lea: Regreso de fumigación con glifosato, más lejos de lo que dice el Gobierno
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que no hay forma de determinar que esta seguidilla de masacres se presenta por temas de narcotráfico. “Hay disputas por minería ilegal, sobre todo oro; choque entre grupos armados y de diversa naturaleza. Ni la Fiscalía está en la capacidad de afirmar lo que señaló el ministro Trujillo esta semana”, apuntó González, exministro de Salud y autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.
Por ejemplo, en julio pasado, en el municipio de Norcasia (Caldas) se presentó una masacre en la que murieron tres personas. El crimen se registró en una mina de oro en zona rural del municipio. Según versiones, los sicarios habrían llegado en búsqueda del propietario de la mina, Manuel Bedoya, alias Krone, quien fue capturado en el año 2013 por extorsionar a habitantes y comerciantes de Norcasia y, además, fue miembro de las antiguas Autodefensas del Magdalena Medio. «Pagó un año y ocho meses de condena y ahora estaba dedicado a la minería ilegal», señaló la Policía en su momento.
La académica también se pregunta si la lucha contra el narcotráfico se va resolver a punta de glifosato y que esta sea la única forma para resolverlo. “Actualmente, dadas las restricciones dictadas por la Corte Constitucional se podría asperjar en una tercera parte del terreno colombiano en donde hay cultivos ilícitos y pues el glifosato es una mera herramienta. Lo que estamos viendo es un gran descontento por parte de las comunidades del glifosato en sus territorios. Una cosa es la política de drogas y otra es la de seguridad”, afirma Llorente.
Otro punto que resalta el experto González es que la fumigación no genera un efecto inmediato en la desarticulación de grupos armados dedicados al narcotráfico ni de los intereses que están generando masacres en algunos de estos hechos violentos. “Con fumigaciones no van a desaparecer a los violentos. Es una hipótesis muy ligera la del ministro Trujillo. Además, en pleno plan Colombia se fumigaron 1.800 hectáreas con glifosato y en ese periodo se presentaron cientos de masacres”, advirtió el director de Indepaz.
(Le puede interesar: Campesinos serán considerados para el regreso del glifosato: justicia les dio la razón)
Tanto Llorente como González Posso coinciden en que lo que la gente está pidiendo son más oportunidades, acceso a la Justicia y otras formas de presencia estatal, además de la militar. “De hecho, la gente, las comunidades que le está poniendo la cara a los planes de sustitución de cultivos de coca, pese a todas las dificultades que ha habido en ese programa, siguen a la expectativa de que este se pueda ejecutar de la mejor manera. Luego no veo qué relación tiene la propuesta del ministro con las masacres”, puntualizó Llorente.
En medio del ataque contra líderes sociales se encuentran también las personas que lideran los programas de sustitución de cultivos ilícitos y reclamantes de tierras. En julio pasado, varias organizaciones sociales denunciaron que durante 2020 se registraron 51 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos durante operaciones de erradicación forzada, un número de registros que supera el acumulado de los cuatro años anteriores (44). Además, señalaron que de los 95 incidentes de los últimos cuatro años, hubo heridos en 18 de los altercados y por lo menos un muerto en cinco de ellos.
“No solo las comunidades piden más Estado. Es que la constitución, la ley y los pronunciamientos de los jueces en los últimos meses le están diciendo al Gobierno, ‘oiga, señor, el mandato constitucional es que usted le dé prioridad a concertar con las comunidades los planes de sustitución y de economías ilegales. La verdad, mandar al Ejército y la Policía para hacer erradicación forzada o asperjar es peor, eso termina mal. lo que sí logra es recrudecer las violencias y dejar a las comunidades más expuestas; alborotar el avispero”, concluyó González Posso.
Conoce más