‘Se destinarán $1,5 billones para el Catatumbo’

En medio de las crecientes tensiones en esta región, donde las organizaciones campesinas están dando la pelea para poner en marcha las zonas de reserva campesina, el Gobierno reiteró que las vías de hecho no son el mecanismo para acceder a éstas. Francisco Estupiñán Heredia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, le contó a El Espectador que los bloqueos campesinos en el Catatumbo están impidiendo al Estado la ejecución de “un ambicioso plan de inversiones” que demandará cerca de $1,5 billones y que estará enfocado en apoyos para que los campesinos dejen los cultivos ilícitos y puedan dedicarse a la producción de cacao, maíz y trigo. Además, estos recursos se destinarán a vivienda rural y vías terciarias.

En cuanto a las amenazas de un paro agropecuario que se está programando para el 19 de agosto, Estupiñán dijo que los apoyos más recientes que ha dado el Gobierno a sectores como el café, el cacao y los arroceros suman cerca de $1,5 billones y reiteró que “no hay motivos suficientes o argumentos válidos para este tipo de protestas”.

Hablando de todo lo que está pasando en el Catatumbo, tras 40 días de paros, ¿qué va a pasar con las zonas de reserva campesina?

Las zonas de reserva campesina son unas áreas creadas al amparo de la Ley 160 de 1994. Hay otras zonas que han solicitado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) su aprobación. Esta entidad debe expedir la aprobación final.

Para lograrlo se deben seguir unos procedimientos definidos por la ley. Lo que el Gobierno ha dicho, no sólo en el caso del Catatumbo sino de otras regiones, es que hay que seguir los pasos y lo que dicen las leyes. El Gobierno es respetuoso y es su obligación cumplir con esas exigencias. No puede ser, por unos bloqueos y por una presión, que se definan zonas de reserva campesina. Esto no es así; no funciona así.

¿Cuáles son esas trabas que le impiden al Gobierno asignar las zonas de reserva campesina en el Catatumbo?

En la zona del Catatumbo está pendiente una consulta indígena, porque allá hay unas comunidades de la tribu barí. La misma Constitución establece que debe consultarse a las etnias y afrodescendientes cuando se tomen medidas que afecten su territorio.

Ese es un paso que hay que dar. Se debe hacer una consulta formal; no es que se realice una reunión en la que se sienten los jefes de las tribus para ver si están de acuerdo o no. Eso tiene una metodología; unas encuestas. Unas autoridades independientes que hacen ese tipo de procedimiento.

Una vez se cumpla este paso, es necesario evaluar toda la razonabilidad, la factibilidad económica, social y financiera de restablecimiento de la zona. Esos son los aspectos no solamente de haber cumplido con los procedimientos de ley. También, hay que contar con unos planes de desarrollo razonables y bien hechos. Todo esto lo evalúa el consejo directivo del Incoder.

¿Qué hacer con todo el malestar campesino en el Catatumbo?

Esos bloqueos están impidiendo que todo el ambicioso plan de inversiones que tiene el Gobierno en esa región tenga limitaciones en su ejecución. Por ejemplo, hay un impulso suficiente para proyectos productivos destinados a las familias que estén dentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos. El Ministerio de Agricultura tiene recursos suficientes para la identificación de proyectos viables en la región.

Algunos de estos están relacionados con trigo, cacao, maíz, los cuales tendrán subsidios para su desarrollo. Además, contarán con acompañamiento y asistencia técnica. Hay un programa de vivienda rural importante para el Catatumbo. Son más de 1.200 viviendas por más de $20.000 millones. Hay programas de acueductos y alcantarillados. Hay inversiones previstas y próximas a iniciarse en infraestructura vial terciaria. También, programas de inclusión social a través del Departamento para la Prosperidad Social.

Es un plan de inversiones ambicioso que busca ayudar a la comunidad. Somos conscientes de los problemas que están padeciendo. Todo este es un programa que busca mejorar las condiciones de vida de 300 mil habitantes del Catatumbo. Por los bloqueos y alteraciones, se está impidiendo el desarrollo de todo esto.

¿Qué tan difícil es que la gente deje los cultivos ilícitos?

La inversión social que se pretende contempla esa situación. Que las familias que han venido sembrando coca, ahora tengan un ingreso a través de una economía lícita. Ya están listos los mecanismos e instrumentos; también los recursos.

¿Cuánta plata demandarán estos planes para esa región del Norte de Santander?

Esto se está acercando a $1,5 billones. Son inversiones priorizadas que están listas a arrancar en los próximos días.

¿Cuándo volverá al Catatumbo?

Hemos ido permanentemente a reunirnos con alcaldes, gobernadores; nos hemos sentado varios días en la mesa con los señores negociadores de las diferentes organizaciones. No se ha podido avanzar. El Gobierno ha designado facilitadores como el viceministro José Noé Ríos.

Se han enviado comisiones técnicas a las mesas, pero no ha sido posible avanzar, por la intransigencia de estos representantes de las comunidades campesinas, o de quienes dicen ser de ellas. 

La situación humanitaria es preocupante. Hay gente totalmente sitiada que no tiene acceso a servicios de salud; los niños no pueden ir a estudiar y los productos no pueden salir. Está restringida la movilización de los campesinos.

Suenan vientos de paro agrario

Aunque el Gobierno se sentó recientemente con los representantes del Movimiento por la Dignidad Cafetera a revisar el avance de los acuerdos logrados tras el paro cafetero, un sector de la caficultura amenaza con convocar a un paro nacional agropecuario el próximo 19 de agosto. Argumentan que el Estado les ha incumplido a los pequeños productores con la entrega de subsidios. Esta es la lectura de Estupiñán frente a la actual coyuntura:

La Dignidad Cafetera amenaza con un paro nacional…

Los representantes de esos movimientos están por fuera de la representación gremial, porque la totalidad de los gremios congregados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) les manifestaron al presidente Santos y al ministro de Agricultura el martes pasado, en una reunión en el Palacio de Nariño, su rechazo a esa amenaza de paro.

Cuando uno les da una mirada general a los esfuerzos desarrollados, no hay motivos suficientes o argumentos válidos para este tipo de protestas. Estamos abiertos a seguir mirando alternativas, al diálogo, a las propuestas, hasta donde sea posible. Que no todo sean subsidios, sino bienes públicos.

Para cada subsector, el Ministerio de Agricultura viene desarrollando una serie de instrumentos que permiten dentro de la capacidad fiscal de la cartera contribuir a solucionar esta problemática. Por eso, para cada uno de ellos hay un programa de apoyos.

El café es uno de los renglones que más han recibido apoyo a lo largo del gobierno del presidente Santos. Son $900.000 millones los auxilios recientes. Hay otras ayudas, como las que se brindan a través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). A través de este mecanismo se han entregado al café $70.000 millones este año.

En cuanto a la Protección del Ingreso Cafetero (PIC), la Federación Nacional de Cafeteros ha pagado más de $500.000 millones a cerca de 300.000 caficultores. Esto demuestra que el programa en esta parte se ha venido cumpliendo por parte del Gobierno. Según ese gremio, aún restan por tener acceso a este apoyo cerca de 200.000 cafeteros. 

Las quejas en materia de crédito por parte de Dignidad Cafetera han sido constantes…

En cuanto a la reprogramación de créditos, el Banco Agrario ya expidió la reglamentación respectiva. Se están desarrollando las brigadas en cada uno de los municipios cafeteros. También, en esto tiene que ver mucho el interés de cada agricultor para el cumplimiento de todo esto, porque muchos caficultores prefieren hacer un esfuerzo y pagar.

Para poder llegar a esos cafeteros pequeños que no han accedido a los beneficios del crédito, el Banco, la Federación y el Ministerio iniciarán un plan de choque con brigadas que lleguen a los municipios donde están esos pequeños.

También estamos revisando con la Federación cómo agilizar la entrega de subsidios, porque hoy día el proceso consiste en que el productor se presenta en una cooperativa, deja su carga de café, recibe el valor de ésta y le queda una cuenta por cobrar de $165.000, que es el valor del auxilio. A los cuatro o cinco días se le paga, al verificarse la información. Estamos tratando de ver cómo se reducen esos días, pero tampoco es que sea un plazo demasiado largo. Eso es casi un pago de contado.

Y en cuanto a otros sectores del agro, como los arroceros, ¿en qué van los apoyos?

A través de diferentes mecanismos se ha logrado un acuerdo entre productores agrupados en Fedearroz y los industriales (representantes de los molinos). Este acuerdo garantiza la compra de la totalidad de la cosecha a unos precios determinados.

Esto ha implicado unos esfuerzos económicos del Ministerio. Hemos destinado a ese sector $10.000 millones para apalancar una reducción en los costos de producción. Hemos dado recursos importantes para compensar el valor del almacenamiento que se va a presentar, porque esta cosecha va a ser mayor.

Esos excesos de inventarios van a tener unos costos adicionales; pero como es función del Ministerio buscar que el arroz sea comprado en su totalidad respetando las franjas de precios, estamos apoyando.

Al cacao también se le ha dado un apoyo, que consiste en un incentivo a la comercialización de $800.000 por tonelada, que va desde marzo hasta diciembre de 2013. Esos auxilios se han venido dando. 

¿Y en cuanto a los cultivadores de papa?

Con los paperos, fueron $40.000 millones los que se aprobaron y estamos discutiendo de qué manera se van a desarrollar las inversiones que se requieren. Acá lo clave es ayudar a reducir los costos de producción. Hay algunas alternativas, como la dotación de plantas lavadoras de papa.

Todo suma más de $1 billón…

Según los cálculos que he hecho —hay unos que tienen que ver con la reducción en las tasas de los créditos, lo que impacta las utilidades del Banagrario—, todo suma más de $1,5 billones.

Si los diferentes sectores del agro vuelven a paro, ¿qué costo tendría esto para la economía?

Esto tiene unos costos para la economía, pero también para los agricultores y los campesinos. Ese tipo de paros y bloqueos traen cosas como esta: en el caso del arroz, donde están sacando la cosecha, no se va a poder llevar el producto a las áreas de consumo. El arroz que se recoge tiene pocos días para ser tratado.

En el Catatumbo hay 30.000 toneladas en productos de la palma que no se han podido sacar de la zona, lo que perjudica a miles de pequeños productores. Además, esto está trayendo problemas de salud para la región, porque estos frutos se están dañando.