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El Congreso de la República continúa discutiendo las actuaciones de la Policía frente a las manifestaciones, y en concreto, lo sucedido en las protestas del 9 y 10 de septiembre que desencadenaron en fuerza desmedida por parte de la Policía, desmanes de los marchantes y un saldo de más de 10 personas muertas y centenas de heridos.
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En esta ocasión, la Comisión Segunda del Senado realizó una audiencia pública para escuchar a las víctimas de estos hechos y de la presunta responsabilidad de la Policía en los heridos y las muertes de civiles protestantes. “¿Quién dio la orden?» es la pregunta insistente que hacen los senadores de la oposición e independientes al Gobierno.
En dicha audiencia pública, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, anunció que enviarán una comunicación a la Corte Penal Internacional para que este organismo evalúe la “eventual” responsabilidad del presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en “crímenes de lesa humanidad (masacre y torturas) cometidos por la Policía Nacional bajo su mando”, dijo el senador Cepeda.
“No solo se trata de lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre, venimos de meses de constantes abusos y arbitrariedades cometidos por la Policía”, añadió. Se refirió a los saldos rojos que dejaron ambas jornadas: “En menos de 24 horas, 14 personas fueron asesinadas en 9 localidades de Bogotá y otras 218 resultaron heridas, 75 por armas de fuego. Videos captados por ciudadanos demuestran el uso doloso de armas de fuego por la Policía. Se trata de un crimen de lesa humanidad”.
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Cepeda argumentó que los hechos corresponden a crímenes, ya sea por ordenar o por omitir un control efectivo sobre la Policía. En cualquiera de los dos escenarios “la población civil fue objeto de un ataque armado generalizado y sistemático”, comunicó. Expresó que los videos que registran el uso desmedido de la fuerza, algo que también afirmó la alcaldesa Claudia López, contiene actos de sevicia, crueldad y tortura por parte de esa institución. “La pregunta obvia es, ¿la Policía practica en forma sistemática la tortura, y si los CAI son centros de tortura?”, dijo, reiterando que decenas de colombianos afirman haber sufrido de hechos denigrantes en esos Comandos de Acción Inmediata.
Más allá de si hubo o no desobediencia por parte del cuerpo policiaco, Cepeda aseguró que “hubo omisiones del Ministro de Defensa en su deber de dirigir a la institución”. Por ello, el ministro debe dimitir, puntualizó. “Solicitamos a la Procuraduría aplicar el poder preferente y conocer de forma inmediata las 65 investigaciones que se adelantan en la Policía. Advertimos que informaremos a tribunales internacionales si estos casos pasan a justicia penal militar. No aceptaremos la impunidad”, concluyó.
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