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La capital del Chocó, corazón de la extracción aurífera de Colombia, ya empieza a sentir las consecuencias del paro nacional minero. En el segundo día de protestas, las vías que conducen del municipio de Quibdó a Tadó e Istmina presentan bloqueos, desacatando así el pedido del presidente Juan Manuel Santos, quien no se opone al paro siempre y cuando se respete la libertad de tránsito de las demás personas.
Los manifestantes reclaman la presencia del gobierno nacional cada vez con mayor insistencia. Se habla de que más de 12.000 mineros están de brazos caídos en el departamento. Las pérdidas económicas van sumando y en el principal municipio chocoano se ve un panorama inusual: baja circulación de motos y taxis, escasez de combustible y cierre de la mayoría de locales comerciales.
“Que salgan a apoyar el paro y cierren los locales”, les advirtió un muchacho a unos comerciantes que tienen sus negocios en la calle principal de Quibdó. Las rejas se fueron cerrando una a una. “Vamos a organizarnos en una movilización pacífica y ordenada, acompañada por la Policía”, vociferó otro manifestante. “Aquí hay unidad frente al tema minero, hasta la Policía lo apoya, porque aquí todo el mundo vive de eso”, explicó Gerardo*, un moreno de gruesa musculatura que tiene dos retroexcavadoras en Nóvita, uno de los principales centros de explotación de oro del departamento.
En horas de la mañana se oyó decir que la caravana de protesta estaba enfrentada con la Policía. La Federación Minera del Chocó (Fedemichocó) aclaró en un comunicado: “Hemos sido informados de que personas inescrupulosas y malintencionadas vienen contratando agitadores para que salgan a tirar piedras y de esta manera desestabilizar, desprestigiar y deslegitimar el movimiento ciudadano que reclama en el paro nacional minero sus justos derechos”.
Entre tanto, una caravana de cientos de mineros organizados por entables y comunidades arengaba: “Hasta que el Gobierno no venga a negociar, seguirá el paro nacional”. Y reforzaban su proclama:“Si nos quitan la tierra nos vamos pa’ la guerra”.
“La gente está movilizándose de forma pacífica, buscando la posibilidad de que el Estado genere políticas que sean incluyentes, que recojan esa otra realidad diferente a los grandes empresarios, la de la gente que siempre ha vivido de la minería y que no tiene cómo competir con las multinacionales que tramitan los títulos mineros. El Chocó está lleno de títulos que se han dado a la gran minería desde el nivel central. Llegan simplemente con sus títulos y si acaso hacen una reunión con las comunidades para ofrecerles cáscaras. El gobierno central ha tomado partido por la gran minería y precisamente el paro que estamos viendo hoy está indicando que se necesita tener en cuenta la pequeña minería”, reseñó Zulia Mena, alcaldesa de Quibdó.
Una mirada que también analiza el gobernador (e), Hugo Tobar, para quien las manifestaciones tienen legitimidad y hacen parte del ejercicio democrático del derecho a la protesta en tanto sean pacíficas. “Como gobierno departamental defendemos las prácticas artesanales de la minería y queremos que se formalice su oficio para poder desarrollar una política ambiental que les permita explotar los recursos de una manera sostenible”, apunta.
Otra perspectiva sobre el paro minero advierte que los pequeños mineros artesanales e informales no son los únicos interesados en presionar al Gobierno, sino que existen fuerzas cercanas a lo que el Ejecutivo ha llamado minería criminal que buscan pescar en río revuelto. El reto que ahora tienen los ministerios de Minas y de Medio Ambiente es establecer cuál es la minería pequeña, la mediana, la informal, la ilegal, la artesanal y la criminal, para que en cada uno de los vagones de la locomotora puedan vivir del oro con garantías y reglas claras de sostenibilidad.
Buenaventura, bloqueada
Al cierre de esta edición tres bloqueos de pequeños mineros traumatizaban la movilización de vehículos en la vía al puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico.
Debido a disturbios registrados en la zona, 600 policías fueron enviados allí para reforzar el dispositivo de seguridad.
En un tramo de la carretera, fue atravesada una tractomula con 600 pipetas de gas en su interior, lo que causó alarma entre viajeros y transportadores.
Por otra parte, la protesta campesina en el Catatumbo (Norte de Santander) deja cerca de 40 heridos, entre policías y campesinos.
Ayer, la Fiscalía confirmó que las muertes de tres de los cuatro campesinos en las protestas fueron causadas con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, “lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil”.
amolano@elespectador.com
@alfredomolanoji
* Nombre cambiado.
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