“Vamos a ver si la alcaldesa respeta la ley o firma”: taurinos, sobre proyecto para desincentivar corridas

“No podemos prohibir las corridas de toros, porque eso es competencia del Congreso de la República, pero la Corte Constitucional desde 2010 ha dicho que dado que entrañan maltrato y crueldad animal deben ser prácticas que se vayan desincentivando. Pero esto ha sido letra muerta. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa que se eliminen los actos más crueles en contra del animal”, explicó la concejala.

Y, en efecto, la sentencia C-666 de 2010 sostiene cinco contravenciones para las corridas de toros. Que permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles; únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida; sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado; que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.

Con base en esto, Padilla asegura que lo que se busca es empezar a cumplir esta ley que habla de “eliminar o morigerar las conductas crueles”. “Más allá de una defensa férrea de los animales, se trata de autonomía territorial. Con esto le enviamos un mensaje al Congreso de que ya que no fue capaz de legislar, estamos haciendo valer la autonomía territorial y tomando una decisión en derecho para proteger a los animales y defender el sentir de una cantidad creciente de ciudadanos que dicen: no más corridas de toros”.

En ese sentido, el proyecto de acuerdo que se aprobó en el Concejo refiere seis medidas bajo las cuales se realizaría esta actividad en la ciudad: se eliminan instrumentos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales, así como la matanza del toro en la plaza; el organizador del evento taurino deberá usar el 30% del espacio de publicidad del evento para informar del sufrimiento que padecen los animales en las corridas o novilladas; sólo podrán realizarse actividades taurinas fechas que fije el Distrito, no más de tres domingos al año; la tarifa del impuesto aplicable a los espectáculos taurinos será del 20% sobre la base gravable correspondiente; los gastos de operación de eventos taurinos serán asumidos por el organizador; y el Distrito promoverá acciones colectivas para rechazar, de manera no violenta, las prácticas taurinas.

“Lo que espero en mi más profunda confianza es que este acuerdo esté vigente para que la próxima licitación se haga bajo estas condiciones y ya veremos si hay interesados o no. Además, esperaría que este acuerdo sea replicado por otros territorios del país, entonces la tarea es empezar a hablar con concejales de otras ciudades para que lo repliquen”, expresó Andrea Padilla.

Entre tanto, la concejala afirmó estar convencida de que la alcaldesa Claudia López firmará el proyecto y lo defenderá haciendo uso del arsenal jurídico necesario para hacerle frente a las demandas que ya están advertidas por parte de los taurinos. “Me sorprende que no se hayan movido antes, es como si tuvieran fe en que esto no iba a prosperar en el Concejo cuando, por el contrario, el ambiente es muy favorable. Una vez aprobado el proyecto los taurinos hicieron lo propio, expresaron su inconformidad y avisaron que claramente van a demandar”.

Lo cierto es que, en este momento, el Instituto Distrital de Recreación y el Deporte (IDRD) sostiene un contrato vigente con la empresa taurina mexicana Casa Toreros, a la cual se le entregó la concesión de la plaza de Santamaría para organizar y ejecutar la temporada taurina de este año, en Bogotá. Según el calendario, el evento próximo serían las novilladas de agosto, pero la actividad está en vilo porque, además de que están prohibidos los eventos masivos por causa de la pandemia por la COVID-19, la firma de dicho acuerdo incidiría en las próximas corridas.

“Este es un termómetro muy importante no solo para Bogotá, sino para el país”

El representante legal en Colombia y socio de Casa Toreros, Manuel Alberto Cediel, dijo que están a la espera de si la alcaldesa va a firmar este acuerdo que, según él, viola y trata de modificar una ley de la república, por lo que el Concejo de Bogotá se habría extralimitado en sus competencias desconociendo que el único órgano que podría modificar esta ley es el Congreso de la República.

“Hay tres fallos constitucionales que velan por los derechos de una minoría que no fue tenido en cuenta por el Concejo. Esto pasa a ser antidemocrático también porque ellos quieren regular en una plaza que es permanente, entonces quieren reducir de ocho a tres las actividades taurinas que se realizan allí. Todo depende de si la alcaldesa va a firmar, es un termómetro muy importante no solo para Bogotá, sino para todo el país porque para todos es claro que ella tiene aspiraciones presidenciales y sería bueno ver si va a respetar la ley o a pasarle por encima como en un régimen totalitario, solo para preservar los gustos de un sector”, expresó Cediel.

Añadió que le preocupa que el cabildo no cuente con una asesoría jurídica que les hubiera advertido que no pueden ir en contra de la constitución, ni modificar una ley. “Si la alcaldesa firma, tienen cabida varias acciones legales contra la Alcaldía y el Concejo porque es clara la sentencia (T-296 de 2013) que ordenó que se entregara nuevamente la plaza de toros a la Corporación Taurina y se rige por la ley 916 que limita la fiesta brava a ciertos meses (enero, febrero, marzo y agosto), pero no limita el número de festejos, como ahora lo quiere hacer el Concejo”.

Asimismo, el abogado recordó hay un contrato firmado que está en plena ejecución y cuyos términos se modificarían unilateralmente, con la firma de este acuerdo. “Si firma, vamos a pasar las acciones legales ante las autoridades competentes para ejecutar una medida cautelar y que las fiestas sigan como se hacen actualmente. Entonces lo que va a pasar es que para próximo pliego licitatorio, que está pronto a salir, el IDRD va a tener la incertidumbre de no saber cómo actuar”, concluyó Cediel.

En suma, a través de un comunicado, la empresa taurina afirmó que “no se entiende cómo los concejales de la capital colombiana se reúnen para materializar la persecución a un sector minoritario de la sociedad, violando la ley y desconociendo cuáles son las facultades que las normas le otorgan a estos cuerpos colegiados”. También, aprovecharon para hacerle un llamado de serenidad y tranquilidad a la afición bogotana, asegurando que el sector taurino acudirá a las herramientas jurídicas para “defender la cultura colombiana, las tradiciones bogotanas y – fundamentalmente – la libertad de todos los ciudadanos”.

El plazo máximo para que la alcaldesa firme el proyecto de acuerdo es el próximo martes 16 de junio. No obstante, el respaldo de la mandataria a esta iniciativa es casi seguro, teniendo en cuenta que ella misma se ha proclamado como abanderada de todas las formas de vida y no dudó en mostrarse muy complacida por la decisión del Concejo de Bogotá respecto a este asunto.