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La semana pasada cumplimos un año con los colegios del país cerrados, vulnerando el derecho a la educación de los niños y de los jóvenes. Se ahondaron las terribles brechas sociales entre los pocos niños privilegiados y una gran mayoría que, en el mejor de los casos, “estudió” con guías educativas, sin apoyo, ni instrucción. Las pérdidas, tanto las de aprendizaje como las económicas, serán enormes y como sociedad sufriremos durante décadas las consecuencias de esta nefasta decisión.
La presión ciudadana logró, por lo menos en el discurso, un acuerdo para abrir. Sin embargo, después de meses de difundir la evidencia y comunicar los efectos que el cierre tiene en toda una generación, cerca del 90 % de los establecimientos educativos del país siguen cerrados. Según datos oficiales de la nación, en 2019 había un poco menos de ocho millones de niños matriculados en colegios públicos. De esa cifra, hoy sólo cerca de 400.000 estudiantes asisten presencialmente a sus colegios en modalidad de alternancia, o sea, esporádicamente.
Para completar la crisis, acceder a la información se volvió un privilegio de pocos. Como en las dictaduras, se comunica parcialmente y sólo lo que conviene. Conocer la realidad, especialmente durante las emergencias, es esencial para hacer seguimiento, actuar y resolver; pero también se puede maquillarla, minimizarla y hacer lo menos posible para solucionar el problema.
Dado que el Ministerio de Educación Nacional decidió abiertamente brindar información a medias, unos ciudadanos preocupados, unidos por la premisa de que #LaEducaciónPresencialEsVital, se organizaron para investigar y poder contarle al país lo que verdaderamente sucede. La ministra reporta que más del 90 % de las 96 entidades territoriales que administran directamente la prestación del servicio educativo han abierto sus colegios. Sin embargo, ese no es el dato que se requiere para hacerle seguimiento a esta situación. En educación, las cifras deben darse en número de niños atendidos; lo demás es irrelevante. Que un departamento haya abierto una sola institución y eso cuente en el total claramente lo que busca es desinformar.
En relación con la atención a la primera infancia, el manejo de la información no es mejor. Desde marzo, en la página del ICBF hay un plan de apertura indicando que todas las unidades de servicios están listas para abrir y que 176 ya comenzaron. Esta semana, cuando validamos esa afirmación, encontramos que ninguna unidad había abierto.
Adicionalmente, se le miente a la comunidad internacional. Un informe publicado esta semana por el Banco Mundial sobre la crisis del sector en Latinoamérica afirma —supongo que basándose en fuentes de información oficial— que Colombia ya tiene todos sus colegios abiertos en modalidad presencial o híbrida.
Hasta hace poco, el sector educativo colombiano era reconocido por la calidad y la oportunidad de su información. Durante años se hicieron importantes inversiones para su recolección y uso en el diseño e implementación de políticas. Los sistemas y la información que recogen todavía existen, lo grave es que quienes la reciben decidieron abiertamente no publicarla y manipularla, vulnerando no solamente el derecho a la educación de los niños sino el derecho a la información de los ciudadanos, premisa básica de cualquier democracia.
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