Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En materia de períodos presidenciales hemos tenido de todo. En la Constitución actual tuvimos de ocho años (con Uribe y Santos), igual que en la de 1830. En las de 1843, 1853 y 1858, de cuatro años; en la de 1863, de dos; en la de 1886, de seis con reelección; de diez en la del general Reyes, y hasta de un año en 1909, cuando eligieron a Ramón González Valencia para que declarara el Año Santo.
Era un exabrupto de proyecto el que pretendía que quien fue elegido “hasta el 7 de agosto de 2022” permaneciera dos años más, como si su desempeño así lo mereciera. Ni siquiera el tantas veces recordado proyecto de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, llevado a la Asamblea Nacional Constituyente que convocaron y que condujo al golpe de Estado del general Rojas Pinilla, contemplaba un mandato de seis años. Esa propuesta fascista fijaba el período del jefe del Estado en cinco años.
Las Constituciones son rígidas o flexibles, y aquí los del Gobierno callaron varios días porque desean una Carta genuflexa, para que se arrodillara el Toro de los municipios, igual que como lo hizo el exmagistrado condenado Francisco Ricaurte ante el presidente eterno (¿recuerdan la foto?).
La Corte Constitucional no permite esta clase de “jugaditas”, pero, para evitar que les fallara en contra, les aumentaron el período a los magistrados a diez años. Jamás se había visto tanta desfachatez, tanta falta de respeto por el Estado de derecho.
Y durante muchos días, mientras se cocinaba la idea, para ellos iluminante, el Gobierno se limitaban a decir, entre dientes, que el presidente fue elegido “hasta el 7 de agosto de 2022”. Solo el rechazo general de la propuesta los obligó a quitarle su velado respaldo.
Es que ellos siguen creyendo que nosotros creemos que ellos creen.
Conoce más