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El presidente Juan Orlando Hernández, de 51 años, sale del poder en Honduras con EE. UU. pisándole los talones. En marzo, el exdiputado Tony Hernández, hermano del presidente, fue condenado por un tribunal federal de Nueva York. La lista de delitos no es menor: Conspirar para transportar drogas a EE. UU., porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos, y hacer declaraciones falsas.
La Fiscalía calificó a Honduras de “narcoestado” pues, según los fiscales, el mismo presidente habría utilizado el tráfico de drogas para mantener el poder y el control en Honduras; una investigación que todavía está pendiente.
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¿Qué dice el mandatario sobre los señalamientos? “Este tema quedó resuelto en los tribunales de Nueva York por un hecho interesante: la DEA aportó grabaciones secretas de los mismos capos en las que se escucha decir que no se puede llegar a acuerdos conmigo. Esas evidencias destruyen totalmente lo que se ha dicho en el juicio. Entonces, asunto resuelto”, sostuvo el mandatario a El País de España.
Hernández agregó que nadie que estuviera ligado al crimen organizado “se atrevería a aprobar, como yo lo hice, la extradición, una ley de incautación de bienes ilícitos o emprender una depuración de la Policía Nacional que hasta mi llegada estaba en manos de narcotraficantes (…) Le digo esto porque es obvio que habría consecuencias de parte de capos que lo han perdido todo”.
El narcotráfico y la corrupción en Honduras
Las declaraciones de Hernández se dan en un contexto local en el que el tema del narcotráfico y las bandas organizadas va de la mano con la corrupción.
“Este asunto del narcotráfico, sobre todo la ‘narcopolítica’, tiene antecedentes desde la década de 1970. Pero se fortaleció a comienzos del siglo XXI porque los carteles mexicanos empezaron a utilizar el territorio hondureño como una especie de depósito y vía de tránsito hacia la frontera con EE. UU.”, explicó Carlos Domínguez Ávila, Investigador de la Universidad de Brasilia a El Espectador.
De hecho, los juicios en EE. UU. permiten dimensionar la penetración del crimen en las altas esferas del poder de ese país: políticos, jefes militares, policías, alcaldes, y al menos tres presidentes han sido vinculados al tráfico de cocaína o señalados de haber recibido fondos del narcotráfico, explica Carlos Dada, director del medio El Faro en El Salvador, en una publicación del Washington Post en junio.
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A esto se suma un informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. que en 2020 concluyó que funcionarios hondureños, incluidos legisladores nacionales, desviaron importantes recursos estatales hacia campañas políticas y sus bolsillos.
“Desde 2014 hasta 2016, por ejemplo, las investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción reportaron que al menos US$ 300 millones fueron malversados del sistema de salud pública hondureña”, se lee en el informe. De acuerdo con esa indagación, algunos funcionarios del gobierno canalizaron una parte de esos fondos a empresas privadas a través de contratos fraudulentos y utilizaron el resto para enriquecerse y financiar actividades políticas, “incluyendo la campaña presidencial de 2013 del presidente Hernández”, dice el documento.
Con todo y esto, cuando los periodistas de El País le preguntaron a Hernández si estaba tranquilo a pesar de los todos los señalamientos en su contra, el presidente sostuvo que “en la época de Obama, congresistas y senadores agradecieron todo lo que esta administración había hecho en la lucha contra el narcotráfico, y el Comando Sur ha estado aquí trabajando con nosotros y diciendo que Honduras es un socio confiable y admirable”.
Aún sin cargos formales
“Acusación formal no tiene, lo que hay es lo que se conoce como designación en juicios, cuando se le mencionó como CC4 [co-conspirador] en el caso de su hermano” en Estados Unidos, recuerda la abogada y defensora de Derechos Humanos, Reina Rivera.
“Los fiscales de Estados Unidos pueden presentar un caso. Sin embargo, una salida que él puede tener es que se le abra un juicio aquí: cuando una persona tiene un juicio pendiente en Honduras, no puede ser extraditada”, detalló. “Si bien Hernández dice que los testimonios son una venganza, los fiscales les han dado credibilidad a los testimonios y eso ha servido para enjuiciar a otros”, explica Rivera.
¿Qué sigue para el mandatario?
“El presidente tiene un control muy intenso de los órganos de justicia y de investigación criminal en Honduras. Sin embargo, su situación ante EE. UU. es complicada; si él no resuelve las múltiples denuncias que aún pesan sobre su gobierno, podría tener problemas a mediano plazo”, explicó Carlos Domínguez.
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Con todo y eso, pareciera que Hernández todavía tiene algunos recursos a su favor, sin mencionar que siempre ha negado tener algún vínculo criminal. “Aunque se espera que tras salir de la Presidencia quede sin inmunidad, la mayoría de los mandatarios de los países centroamericanos, cuando terminan su Gobierno, pasan a ser diputados al Parlamento centroamericano; lo que podría brindarle alguna protección”, agregó el experto.
Una información que confirmó el mismo presidente a El País. “Por ley, a cada presidente de Centroamérica le toca formar parte del Parlamento Centroamericano cuando termina su gestión. Eso es lo que está planteado y desde ahí vamos a contribuir a la integración centroamericana”.
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