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Para buena parte de los estudiantes y profesores universitarios hoy es impensable cumplir sus obligaciones académicas si no pueden acceder a las revistas donde se publican las investigaciones más recientes que se hacen en el mundo. Un alumno de maestría o doctorado estaría en graves aprietos si no lograra leer aquellos artículos, indispensables para su tesis, y un investigador colombiano no podría publicar sus resultados sin echar un vistazo a lo que están haciendo sus pares en otras partes del planeta. Acceder a esa información es una columna vertebral de la vida académica.
Ese acceso suele tener un costo que no todos los bolsillos están en condiciones de pagar. Por ejemplo, si yo quisiera leer uno de los artículos de la última edición de revista Science, que muestra el grave retroceso de los glaciares andinos, tendría que pagar US $30, es decir, un poco más de $120 mil (pesos colombianos). En cambio, si ingreso al portal a través de la cuenta de la universidad a la que estoy vinculado, puedo leerlo de manera gratuita (como todos sus estudiantes y profesores).
En Colombia, muchas instituciones de educación superior y centros de investigación también han tenido que negociar con estas editoriales internacionales para permitir que su comunidad acceda a esa información. Antes del 2019, cada una solía llegar a acuerdos de pago diferentes y privados, pero, a partir de ese año, varias se juntaron para negociar en bloque. Crearon, entonces, un grupo llamado Consorcio Colombia, que hoy reúne a 60 universidades y a tres centros de investigación. Gracias a esa iniciativa han logrado que los pesos pesados de las editoriales les ofrezcan precios mucho más cómodos.
Sin embargo, quienes lo integran, hoy están un poco inquietos. ¿La razón? El dinero que usualmente le aportaba el Gobierno al Consorcio, está “en veremos”. De girar entre 18% y 20% del valor anual que pagaba el Consorcio a las editoriales, posiblemente no les aporte nada, o mucho menos de la suma con la que solía contribuir.
“Este proyecto ha sido el mejor camino que hemos encontrado para que, tanto universidades con altos presupuestos, como otras, con recursos más modestos, puedan acceder a la misma información, absolutamente fundamental para hacer ciencia en Colombia”, dice César Rendón, gerente de Consortia, que estuvo a la cabeza de la creación del Consorcio. “Pero desde el Gobierno nos han dado a entender que este año no tendremos esa ayuda. Eso significa que el costo total lo deben asumir las universidades. Las más grandes, seguramente, tienen presupuesto para hacerlo, pero hay muchas instituciones para las que ese 20% hace una gran diferencia”.
Para decirlo en cifras más concretas, desde el 2019, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación aportaron, entre los dos, $8 mil millones, un valor que ha crecido con el tiempo. El 2022 aportaron más de $10,7 mil millones y en 2023, $9,7 mil millones, el 19,7% del total de la negociación, que suele ser de alrededor de US $12 millones. La siguiente gráfica resume mejor esos valores:
Daniel Sierra, vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), es otra de las personas a las que le inquieta que, en esta ocasión, no exista el respaldo del Gobierno. “Ha sido un esfuerzo de instituciones públicas y privadas para poder acceder a información académica de alto nivel. Es un enorme beneficio para el país, que podría estar en dificultades sin esa ayuda”, señala.
A lo que se refiere es a que en los cinco años de funcionamiento, esa negociación en bloque le han permitido a investigadores, alumnos, maestros y egresados, hacer 39 millones de descargas de artículos académicos. Además, se han registrado 59 millones de búsquedas en esas editoriales, que agrupan un número extenso de revistas en todos los campos del conocimiento. Ellas son Science Direct, Springer Nature, Taylor & Francis, Sage y Oxford University Press.
Si se quisiera traducir eso a plata, significa que cada artículo descargado ha valido, en promedio, unos US $1,34 —un poco más de $ 5 mil (pesos colombianos)— a las universidades que están en el Consorcio. Pero para alguien que desee descargarlo individualmente, esa suma puede ascender a US$ 25 y US$ 50.
Con los siguientes datos, se puede entender un poco mejor:
Haber hecho parte del Consorcio le ha permitido a cada institución “un ahorro inmediato de entre el 30% y 40% en la suscripción de los recursos que ofrece el paquete básico”, se lee en su último informe de gestión.
“En nuestro caso”, advierte Andrés Echavarría, director de la Biblioteca General de la Universidad Javeriana, “pertenecer al Consorcio nos ha ahorrado más de US $3 millones en 4 años. Es una experiencia que es ejemplo en América Latina. No podemos desmontar de un día para otro esta infraestructura académica”.
Incertidumbre por el Minciencias y el Mineducación
A inicios de septiembre de 2023, la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, asistió a un encuentro del Consejo General del Consorcio Colombia. En él, como quedó registrado en la cuenta de X del ministerio, destacó el rol que ha tenido esa iniciativa para “impulsar la investigación y dar más visibilidad a la producción científica nacional”. Entre otras cosas, dijo que era un “esfuerzo nacional de alta envergadura en la cooperación de voluntades de instituciones y entidades de gobierno” y que había “facilitado el acceso a bases de datos de información científica”. También, que había permitido conformar una comunidad del conocimiento.
Esa cartera, en realidad, había logrado uno de los primeros convenios con una de esas empresas (Elsevier) que agrupa a varias conocidas revistas científicas. Lo había iniciado en 2012, cuando aún era Colciencias, y lo culminó en 2017, para dar paso al Consorcio, en el que ha participado como integrante de un comité técnico, en el que también está la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).
Hoy, ante la incertidumbre de las universidades, desde el Minciencias dicen que todavía no han tomado una decisión definitiva sobre su aporte al Consorcio. Por el momento, señala Iván Luna, director de Ciencia de esa cartera, están revisando el presupuesto: “No es una sorpresa que todas las entidades del Gobierno sufrieron un recorte presupuestal. Nosotros nos vimos impactados, pero estamos trabajando haciendo esa revisión. Aún no hemos decidido no financiar”. Del Ministerio de Educación, por otra parte, aún no recibimos respuesta, pese a que los contactamos hace dos semanas.
Desde Ascun, sin embargo, aseguran que el Mineducación retiró ese apoyo definitivamente, y que también están a la espera de que el Minciencias tome una decisión final. Para el director de la Asociación, Óscar Domínguez, ese aporte es fundamental, pues “ha sido una manera de lograr equidad” para que varias universidades logren acceder a los mismos recursos bibliográficos. Además, destaca otro logro del Consorcio: que las editoriales también les dieran un “cupo” para publicar artículos en sus revistas, sin tener que pagar un valor adicional.
Ese cupo, que es para publicar 1.100 artículos en acceso abierto, es importante, a los ojos de Rendón, porque muchos investigadores (o las universidades) deben pagar a las revistas US$ 1.000, US$ 2.000 o US$ 3.000 para llevar a cabo ese proceso. Los cupos, explica, se distribuyen de manera equitativa —así como la plata que aporta el Gobierno— y es una oportunidad para que haya más posibilidades de que autores colombianos “tengan visibilidad en la comunidad internacional”.
César Pallares, gestor de investigación de Consortia y miembro de la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas, tiene una buna manera de sintetizar por qué vale la pena que haya recursos para acceder a ese tipo de información: “Para producir investigación de calidad, debemos consumir información de calidad. Es indispensable hacer un esfuerzo para darle una mano a las universidades más pequeñas para que también accedan a ella. De lo contrario, la brecha para investigar no se cerrará, sino que seguirá creciendo”.
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Por Sergio Silva Numa
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