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La decisión de aplazar el inicio del desmonte del gravamen a los movimientos financieros (GMF o coloquialmente cuatro por mil) no es una buena noticia.
La discusión sobre las nuevas necesidades fiscales es una y aquella sobre las fuentes de recursos es otra.
El GMF nació hace casi quince años como una contribución sobre las transacciones financieras internas, a través del sistema financiero, a una tasa del dos por mil y con una vigencia de 13 meses. Con el tiempo, este impuesto transitorio se fue volviendo permanente, la tasa aumentó hasta llegar al cuatro por mil, se comenzaron a exceptuar ciertas transacciones y montos y su destinación específica inicial para financiar créditos al sistema financiero para estabilizarlo y proteger a los ahorradores, terminó declarándose inexequible cinco meses después. Un año después se usó para financiar la reconstrucción de la zona cafetera, y así. Sin embargo, pese a su importante participación en el recaudo tributario, al inicio del gobierno Santos, en un ejercicio de responsabilidad tributaria, el Congreso aprobó la eliminación gradual del mismo, la cual iniciaría en 2014.
Mucho se ha escrito en los últimos años sobre su inconveniencia: en últimas es un impuesto al uso del sistema financiero y por tanto a la bancarización y a la formalización. El GMF ha promovido el uso del efectivo y la desintermediación financiera, disparando la participación del efectivo en los medios de pago desde el 30% en los noventa a niveles cercanos al 45% en la actualidad. Sí: de cada dos pagos que se hacen en la economía, casi uno se hace en efectivo, con la inseguridad y la ineficiencia que esto trae. Además, el impuesto promueve la informalidad en las empresas medianas y pequeñas, que evitan realizar transacciones por el sistema financiero, lo cual termina reduciendo el recaudo, probablemente en más de lo que se recauda con este impuesto.
Tal vez sea tarde ya para dar vuelta atrás a esta decisión. Son de tal magnitud los efectos negativos sobre la formalización y el crecimiento en el mediano plazo, que es urgente que en 2014 se logre una fuente de financiación alternativa para los nuevos compromisos fiscales del Estado.
Juana Téllez, economista jefe de BBVA Colombia. *