Los cinco magistrados que ordenaron la detención domiciliaria a Álvaro Uribe

El magistrado Misael Rodríguez Castellanos fue elegido para la Corte en 2019. Es abogado, especialista en derecho penal y criminología de la Universidad Externado de Colombia, con una experiencia de más de 26 años en la Rama Judicial y el Ministerio Público. Su carrera profesional la ha desarrollado en la Rama Judicial, esencialmente en la Fiscalía General de la Nación. Empezó como investigador del CTI y escaló hasta convertirse en fiscal delegado ante la Corte Suprema. Ahora, como magistrado de la Sala de Instrucción del alto tribunal tiene a su cargo la investigación en contra de Jesús Santrich por narcotráfico.

El magistrado Héctor Javier Alarcón es el presidente de la Sala de Instrucción. Egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en derecho penal y magíster en educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo oficial mayor en la Rama Judicial. Ha sido abogado asesor en la Procuraduría General de la Nación, abogado asistente y magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Él está encargado de las investigaciones en contra de varios implicados en el caso Odebrecht por el cual fue llamado a juicio el exsenador Antonio Guerra de la Espriella e investiga al representante Ciro Ramírez. También, asumió la investigación por los perfilamientos que realizó el Ejército y que salieron a las luz pública recientemente. Asimismo, el magistrado lleva la indagación preliminar del senador Armando Benedetti quien, supuestamente, para obtener beneficios económicos, fue cliente de una empresa de chuzadas – liderada por oficiales retirados – que ofrecía servicios de espionaje a personajes políticos. Benedetti, por su parte, lo ha negado siempre.

El magistrado César Augusto Reyes, ponente de este caso, fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22 años, defensor público por 13 años y coordinador académico de Barras de Defensores Públicos. En su despacho como magistrado investiga los procesos que cursan en contra del expresidente Álvaro Uribe, luego de que la magistrada Cristina Lombana (ponente inicial) fuera apartada del caso. Indaga, entre otros, el proceso por manipulación de testigos – por el que se produjo la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe- y los presuntos nexos del senador con grupos paramilitares, en el marco de la investigación por el asesinato del abogado Jesús María Valle y la masacre del Aro. El magistrado Reyes también también recibió el proceso preliminar contra el senador Gustavo Petro, a raíz de un video en que se le ve recibiendo fajos de dinero en época electoral. Es egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en derecho penal de la Universidad Nacional, en Derechos Humanos de la ESAP y en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás; doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y formación académica recibida en los Estados Unidos y Puerto Rico sobre sistema acusatorio, juicio oral y metodología de enseñanza del derecho.

El magistrado Marco Antonio Rueda es egresado de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y tiene cuatro especializaciones en derecho público, bioética, derecho penal y casación penal. Ha sido juez desde que comenzó su carrera y, por un tiempo, se desempeñó como fiscal delegado ante la Corte. En el despacho de Rueda reposa la investigación contra el congresista del partido de la U, Enrique Pulgar, quien fue acusado públicamente por el periodista Daniel Coronell de haber tratado de sobornar a un juez de la República.

El magistrado Francisco Javier Farfán Molina ha ejercido su larga carrera laboral en el sector público, en el ejercicio independiente y en la academia como profesor de derecho penal de varias universidades. Ha publicado 12 libros y 20 artículos en revistas especializadas sobre temas de derechos fundamentales, derecho procesal penal y actos de investigación. El magistrado está al frente de la investigación contra Arturo Char, presidente del Congreso, tras las acusaciones públicas hechas por la excongresista Aida Merlano de que Char tuvo que ver con su escape de la cárcel, el cual cometió el año pasado.