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Aunque uno de los comentarios que más se escucha en los pasillos del Congreso frente a la indagación de la Comisión de Acusaciones al presidente Gustavo Petro es que poco o nada ha avanzado, hay expectativa por saber si el curso cambiará con la elección que se hizo esta semana de la nueva mesa directiva. Sobre el nuevo presidente, Leonardo Gallego, es donde más recae la duda, pues es casi que seguro que su vicepresidenta, Katherine Miranda, buscará la manera de ponerle el acelerador al caso.
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En esta comisión, que investiga desde el año pasado a Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, son tres las respuestas que se oyen al preguntarse por el estado del proceso: “está ‘crudo’”, “va avanzando” o “no se sabe”.
Y si bien podría pensarse que la diferencia en las respuestas se debe a las posturas políticas de los partidos presentes en la célula legislativa, lo cierto es que la indagación a Petro se ha manejado con total confidencialidad de parte de sus tres investigadores, Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).
El triunvirato no solo ha sido recusado por su supuesta cercanía con la Casa de Nariño, sino también, denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por, precisamente, mantener bajo llave el proceso, algo que iría en contra de la ley.
El hecho es que ya la paciencia se les está agotando a algunos legisladores, pues ven que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tiene una ponencia lista con hallazgos, testigos y datos que probarían que la campaña Petro violó el tope de gasto permitido, en la comisión seguirían aún en la recolección de material. Aunque los investigadores les pidieron a los magistrados trasladar toda la investigación, el CNE negó la solicitud.
De igual forma, el expediente en la organización electoral sigue frenado por cuenta de la solicitud que hicieron Arizabaleta, Uribe y Carrillo, de que solo la comisión tenga la facultad de investigar al jefe de Estado, tal como lo ordena la Constitución. Si bien el Consejo de Estado les dio la razón en este punto, un ciudadano solicitó que sea la Corte Constitucional la que tenga la palabra final.
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Con tal panorama, algunos partidos políticos estarían moviendo hilos para que la indagación se ‘libere’ de la confidencialidad, una decisión que se puede ordenar desde la mesa directiva. Pero, ¿se hará? Si bien el liberal Gallego es cercano al expresidente César Gaviria, también lo es al Gobierno, e incluso, se dice que su llegada a la presidencia de la comisión tuvo el guiño de algunos altos funcionarios que impulsaron su candidatura, por lo que es poco probable, al menos en el futuro inmediato, que escoja ese camino.
Los ojos están puestos sobre Miranda, quien no solo ha sido una las representantes más críticas con la agenda de Petro, cuya gestión calificó recientemente de “decepcionante”, sino también, perdió el pasado 20 de julio la presidencia a la Cámara de Representantes contra Jaime Raúl Salamanca, el favorito del Gobierno.
No obstante, la representante de la Alianza Verde solo podría darle esa orden a los tres investigadores del mandatario si en algún momento Gallego le deja provisionalmente la presidencia de la comisión. Igualmente, la Corte Suprema podría fallar a favor de la oposición, que fue desde donde se denunciaron a Arizabaleta, Uribe y Carrillo.
Gallego, quien es del Valle y una de las figuras del clan Arroyave, también es clave en la asignación de las denuncias que llegan al despacho y que están dirigidas a Petro. Ya hay más de 50 y algunos representes señalan que no todas tienen investigador a cargo. El nuevo presidente podrá elegir a quién asignarle ciertos casos y quizá uno de los más importantes: el que podría pasarles el CNE en caso de que se formulen cargos administrativos contra la campaña Petro.
En cuestión de semanas el CNE tendrá la respuesta que mantiene congelada la ponencia y entonces podrá continuar con su votación en sala plena. Si los magistrados deciden darle el sí, se abriría formalmente la investigación que podría terminar, incluso, en sanciones económicas, pérdidas de personerías jurídicas, o sentencias.
Lo que se decida desde la organización electoral tendrá impacto en la comisión, especialmente, en la presión que desde ya ejercen algunas bancadas para que se conozcan los resultados de lo investigado y lo que han dicho en entrevistas personas como el hijo del presidente, Nicolás Petro; el exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el empresario del Atlántico Euclides Torres, quien ha sido señalado de haber aportado para la logística del candidato.
De otro lado, desde la oposición también buscan alternativas para catapultar el caso hasta la opinión pública, pues a pesar de que un juicio político para separar del cargo a Petro es un panorama bien difuso, inclusive desestimado por algunos militantes, un sector radical ha estado en medio de conversaciones y este 7 de agosto llevaron a cabo un primer encuentro con la ciudadanía.
Quienes integran la Comisión de Acusaciones de Cambio Radical y el Centro Democrático saben que no tienen la facultad para llamar a un juicio político, pues no son ellos los investigadores de Petro. Lo que no descartan algunos es que en los próximos meses inicien a hacer llamados al juicio, así solo tenga peso mediáticamente, para presionar a los ‘dueños’ del proceso contra el jefe de Estado.
En el país solo una vez se ha llamado a un presidente a juicio político y fue hace más de 20 años por el proceso 8.000 que salpicó a Ernesto Samper, que terminó siendo precluido por la plenaria de la Cámara, no llegando a abordarse en el Senado.
Se vienen semanas movidas y claves para la Comisión de Acusaciones y los avances en la indagación al mandatario colombiano, sobre todo porque el otro año la presidencia caería en la ‘casa’, pues sería uno de los tres representantes del Pacto Histórico quien ocupe la mesa directiva.
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