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Ecuador sigue sin recuperarse del espiral de violencia e inseguridad en el país que quedó en evidencia tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hace un año. Las políticas del presidente Daniel Noboa, quien fue elegido por su discurso de combatir el crimen organizado, han sido infructíferas a la hora de ofrecerle más tranquilidad a la ciudadanía, según periodistas locales.
“La vida nocturna en Quito, por ejemplo, se muere prácticamente a las 10 de la noche porque nadie quiere estar afuera. Los secuestros y las extorsiones siguen y se han trasladado a áreas mucho más turísticas. Hay temor de usar el transporte público, a pesar de que ahora tenemos el metro. Las bandas criminales ya están presentes en ciertos sectores de la capital, y eso ha ayudado a aumentar la percepción de inseguridad”, dice Carolina Bazante, periodista de verificación y fundadora de Lupa Media.
El panorama es peor en otros puntos del país como Guayaquil, que sigue siendo el epicentro de la violencia con el mayor número de crímenes, secuestros y extorsiones. Manta ha seguido sus pasos este año, a tal punto de que el Gobierno tuvo que instalar un bloque de seguridad por 33 días este año para combatir el aumento del crimen. Después de dejar Manta, este bloque se instaló en Durán, en donde no fue tan efectivo. Puerto Viejo vino después. Todas estas ciudades tienen en común que quedan en la costa de Ecuador, lo que quiere decir que todavía se mantiene como la región más peligrosa del país.
A pesar de ser elegido por su enfoque de seguridad, los primeros meses del gobierno Noboa no ofrecieron una política aterrizada en esta materia. Mucho estaba en el aire. Sin embargo, el 9 de enero de este año llegó un punto de quiebre con el asalto al canal TC Televisión en Guayaquil. Ahí Noboa declaró el conflicto armado interno y empezó un plan mucho más claro, que implicó la militarización del país de forma inmediata y la declaratoria de estado de excepción. Además, los grupos criminales fueron declarados como objetivos terroristas, lo que les dio un mayor rango de acción a las Fuerzas Militares.
“Esto generó una disminución considerable en el número de homicidios intencionales en los primeros meses. En enero, teníamos 489 homicidios al mes, sobre cifras oficiales. Mientras que febrero cerró con 367. Entonces la percepción de seguridad con eso empezó a crecer. Sin embargo, con los meses eso fue cambiando”, dice Bazante.
Marzo, por ejemplo, terminó con 515 homicidios. En abril se registraron 511, mientras que en mayo hubo 563 y en junio 592, según cifras del Ministerio del Interior. Este balance ha dejado muy mal parado a Noboa. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado tres veces en rechazo a los estados de excepción, ya que el Gobierno “no los ha sabido justificar”. Entre tanto, en las calles ya hay un descontento popular por el desencanto con la reforma que se impulsó para pedir que más impuestos sean destinados para la lucha contra el narcotráfico, ante los pobres resultados.
“Esto ha generado que la gente no vea con tan buenos ojos a Noboa porque no han sido efectivas las medidas. No solo son los homicidios, sino que los secuestros y las extorsiones se han multiplicado. Y si bien el presidente todavía sigue siendo popular en cierta medida, y es el candidato a vencer en las próximas elecciones, ya no tiene el respaldo que tenía en noviembre, cuando comenzó”, explica Bazante.
Esto tiene una incidencia con el proceso electoral en el que fue asesinado Villavicencio. El candidato del Movimiento Concentración fue atacado durante el gobierno de Guillermo Lasso, quien tuvo un enfoque muchísimo más moderado que el de Noboa frente a los grupos criminales. Y el hecho de que ahora sí se hayan tomado medidas para combatir la inseguridad y tampoco hayan funcionado ha generado un “enorme descontento a nivel nacional” que ha creado un clima apolítico frente a las próximas elecciones.
Una de las medidas más controvertidas de Noboa ha sido la construcción de cárceles en los primeros tres meses, pero eso no se cumplió. Solo hasta junio se vio el primer avance en esta propuesta, cuando el presidente colocó la primera piedra de la construcción en la provincia de Santa Elena en un terreno que no se ha preparado para la obra. Por eso, será difícil que cumpla esta promesa antes de que termine su gobierno en mayo del próximo año. Esa cárcel, y otra que había anunciado en la Bajada de Chanduy, en la costa del país, tienen muchos problemas.
“Estas obras implican muchas consideraciones, como que se plantean en la Amazonía de Ecuador, que es un territorio protegido bajo una norma superior de la Constitución que ordena que se protejan estas reservas. Por eso, una construcción allí es improbable, y eso ha ocasionado que el Gobierno no siga adelante con ningún plan en Chanduy. Así que ni siquiera está claro cómo procederá la obra. Esa primera piedra que se coloca es engañosa. ¿Por qué se eligieron estos lugares? Porque en esta costa ecuatoriana es próxima a lugares como Durán, uno de los sitios más peligrosos. Por eso se pensó estratégicamente está acá. Además, sus condiciones geográficas harían que fueran más difíciles las fugas”, explica Bazante.
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