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Hace un par de semanas, el Ministerio de Ciencias anunció que, por segunda vez consecutiva, no habrá resultados para una convocatoria que muchos empresarios estaban esperando y que es clave para la inversión privada en innovación y ciencia en Colombia. Este mecanismo les permitía descontar del pago de impuesto de la renta a destinar recursos en proyectos científicos, como el desarrollo de patentes, o la incorporación en sus nóminas de personal con doctorado para crear productos o servicios.
La alerta ya la había hecho el sector empresarial y varias consultoras encargadas del desarrollo de este tipo de proyectos, que veían con inquietud lo que estaba sucediendo con la convocatoria 970 de 2025 del Ministerio de Ciencias.
“Es una crónica de una muerte anunciada. El mecanismo viene con varios problemas de fondo en estos últimos años, pero esta vez decidieron abrir una convocatoria sin un cupo definido, es decir, era una carta blanca. Es algo que venimos alertando, con el sector desde hace meses”, sostiene Susana Pinto, líder de Estrategia e Innovación en FI Group, una multinacional dedicada a buscar financiamiento en I+D+i empresarial.
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La convocatoria cerró el 19 de septiembre y todos esperaban la publicación de la lista de proyectos que permitirían beneficios tributarios a grandes y pequeñas empresas. Pero el lunes 8 de diciembre, el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, publicó un video en el que indicaba que pospondrán la publicación de los elegidos, pues, entre otras cosas, no podían “asegurar la calidad del proceso”.
“Se encontró que la convocatoria, diseñada bajo mi dirección y de la viceministra [Lucía Caicedo] Laurido, no responde a las exigencias técnicas que requiere una evaluación rigurosa. Aunque se estableció que la evaluación terminaría el 19 de diciembre, no es posible asegurar la calidad del proceso en un tiempo tan reducido”, expresó Rubén Darío Ortiz, director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Minciencias. “Se dispuso postergar la publicación del banco de elegibles y estructurar una evaluación con los tiempos pertinentes para su buen desarrollo e implementación”.
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El mensaje había sido transmitido a través de un video publicado por el Minciencias. Era el segundo que había enviado su oficina de comunicaciones al grupo de WhatsApp de periodistas. A diferencia del primero, que había sido eliminado, el funcionario aparecía con ropa diferente.
Más allá de la anécdota, con este anuncio, por segundo año consecutivo quedó claro que el Gobierno no otorgaría, por el momento, nuevas exenciones de impuestos para las empresas que inviertan en innovación y ciencia.
Con esa decisión, “nos están dan un golpe al corazón; son dos años seguidos sin este mecanismo”, es como resume las consecuencias de lo que sucedió Jonathan González, CEO de CIF Consulting, que lleva más de diez años asesorando a empresas para asegurar la financiación en ciencias en Colombia y otros países de la región.
¿Menos ciencia, más impuestos?
Desde hace más de 35 años en Colombia, con la emisión del estatuto tributario, se ha descontado impuestos a las empresas que inviertan en ciencia. “Las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 30 % del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión”, se lee en la normativa que detalla los beneficios tributarios a las empresas en los artículos 256 y 256-1.
Gracias a esos beneficios, que se han materializado a través de la convocatoria que lideraba el Minciencias, en 2016 se otorgaron cupos de exención de impuestos por más de COP 75.000 millones. Para el 2023, esta cifra llegó a COP 2,3 billones.
La pregunta que todos los que participaban de ese proceso se están haciendo hoy es, ¿por qué la convocatoria no prosperó por dos años consecutivos? Hay varios factores que pueden explicar los problemas recientes, más allá de la respuesta que envió el Minciencias.
Desde el sector empresarial aseguran que los problemas tienen que ver con la gestión del Ministerio de Ciencias para la solicitud del cupo. “Antes teníamos una muy buena conexión con la entidad y se sabía cuánto era el cupo de beneficios que se otorgaba desde el principio de año, ahora cerramos el año sin saberlo”, afirma Pinto.
Frente a esto, la cartera sostiene que “ha adelantado de manera integral las gestiones técnicas, jurídicas y administrativas requeridas para la estructuración de las solicitudes de los cupos”.
“Entre el 2023 y 2025 se han impactado 3.210 empresas con un total de recursos de COP $6 billones en diferentes modalidades de instrumentos de Beneficios Tributarios. De este total, se han beneficiado mayoritariamente empresas grandes que representan una concentración inequitativa del Programa”, aseguró Ortiz, director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Minciencias, a El Espectador a través de un escrito.
Frente a esto, González, de la firma consultora CIF, asegura que “se trata de una cifra que hay mirar con pinzas, pues esos COP $1,8 billones corresponden a proyectos que venían aprobados de años anteriores; no se entregaron cupos nuevos ni el 2024 ni se han entregado en el 2025”, sostiene.
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Por otra parte, fuentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le contaron a El Espectador, que el Ministerio de Ciencias ha presentado demoras frente a los ajustes que se aplicaron al mecanismo a partir de 2023. En particular, “el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el organismo que se encarga dirigir la política fiscal en Colombia y que aprueba los cupos de exenciones de impuestos, pidió un informe que validara la efectividad de ese mecanismo”, afirmó una funcionaria del DNP que participó en estas instancias, pero prefirió su nombre permaneciera bajo reserva. “El informe se realizó, con algunos problemas de interoperabilidad, pero hubo debate entre entidades si era pertinente o no”.
Una de las conclusiones de este informe fue la siguiente: “si bien se identifica una reducción de las tasas y los montos de impuestos pagados por las empresas beneficiarias, no se identifica un efecto estadísticamente significativo sobre el empleo y las exportaciones. Solo se observa un efecto positivo en las patentes solicitadas y otorgadas de las empresas que se ubican en las ciudades principales. Los demás resultados no son estadísticamente significativos.” Con esto, el DNP recomendaba realizar cambios en el programa.
Según el Ministerio de Ciencias, para 2024 se recibieron 867 iniciativas empresariales, de las cuales 622 fueron aprobadas tras el proceso de evaluación y calificación por un valor de COP 437 mil millones. Sin embargo, aseguró en un comunicado, “resulta necesario profundizar en el análisis sobre el tipo de productos, desarrollos y contribuciones concretas que este talento ha generado, así como los sectores estratégicos a los que se encuentran vinculados”.
El Ministerio de Ciencias, además, advirtió tener dudas sobre a quién está beneficiando este tipo de mecanismos. En una encuesta realizada por la entidad a principios de 2025 encontró, según le comentó la entidad a este diario, “la centralización del instrumento en grandes empresas. En este contexto, es importante señalar que en 2023 se aprobó un cupo recomendado de COP $2,3 billones y en 2024 se asignó un cupo por COP $1,8 billones para proyectos ejecutados por más de un año. Pero es de mencionar una sola empresa en el marco de una misma convocatoria puede ser beneficiaria de varias asignaciones de cupo, lo cual, profundiza aún más la concentración del instrumento”, indicó.
¿Se está fugando el capital para la ciencia?
Aunque aún queda cierto margen de maniobra para que se asignen los cupos para el próximo año, para algunos actores del sistema los efectos ya son palpables. Según comentó a través de redes sociales, Alejandro Olaya, gerente de la ANDI y exdirector de Colciencias (exminciencias), “la inoperancia de este mecanismo genera un grave rezago. Las empresas están trasladando sus proyectos a países como Chile, Perú o Argentina, donde sí hay exenciones, perdiendo Colombia oportunidades estratégicas”.
Un caso particular que conoció este diario es el de ASIC Americas, que llevaba más de 30 años implementado soluciones tecnológicas e informáticas para empresas. “Debido a la incertidumbre y esa ausencia de la apertura de las convocatorias que otorgan incentivos para los proyectos de ciencia, nosotros tomamos la decisión estratégica de orientar nuestros esfuerzos a Perú y Panamá para apalancar nuestra estrategia de desarrollar productos que generen valor”, cuenta Julio César Rosas Tique, gerente de transformación digital de ASIC.
A los ojos de Adalberto Escorcia, Gerente de Negocios de Punto Estratégico, un centro de investigación que desarrolla este tipo de proyectos en la región Caribe y que busca presentar proyectos por cerca de COP $360.000 millones para este año, “se está afectando la confianza en la institucionalidad. Es como si, de repente, el Gobierno Nacional le diera la espalda a todo un sector que se ha conformado en torno a este mecanismo”.
La cartera de Ciencias defiende su labor señalando que, en todo caso, “durante la vigencia 2024 se otorgaron beneficios de Exención de IVA para la importación de equipos por un valor superior a USD $173.000, en una modalidad de ventanilla abierta. Este mecanismo ha contribuido a la transferencia tecnológica, especialmente en universidades, al facilitar el acceso a infraestructura científica de alto nivel que fortalece sus capacidades de investigación y formación avanzada”.
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Por Fernán Fortich
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