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La primera vez que Donald Trump habló en privado sobre lanzar misiles a México para destruir laboratorios de droga, por lo que recuerdan sus exasesores, fue en 2020.
Y la primera vez que esos comentarios salieron a la luz pública fue cuando su segundo secretario de Defensa, Mark Esper, escribió en sus memorias que Trump se lo había planteado y le había preguntado si era posible que Estados Unidos hiciera parecer que el responsable era otro país. Esper describió la idea como algo absurdo.
Sin embargo, en lugar de condenar la idea, algunos republicanos celebraron de manera pública la noticia de que Trump había querido emplear la fuerza militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, y sin el consentimiento del gobierno de México. Muy pronto, la idea de Trump de una intervención militar al sur de la frontera estadounidense ha pasado de ser una fantasía del Despacho Oval a algo parecido a la doctrina del Partido Republicano.
Durante la campaña presidencial y en el escenario del debate republicano en California la semana pasada, casi todos los aspirantes republicanos han defendido versiones distintas de un plan para enviar soldados de las Operaciones Especiales de EE. UU. a territorio mexicano para ejecutar o detener a miembros de los cárteles de la droga y destruir sus laboratorios y centros de distribución.
En el Capitolio, un grupo de legisladores republicanos escribió una autorización robusta para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, similares a los poderes de guerra que el Congreso le otorgó al expresidente George W. Bush antes de las invasiones de Afganistán e Irak. También han presionado para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una idea relacionada con la que coqueteó Trump como presidente, pero se retractó después de que México se opusiera de manera vehemente. Ahora, si Trump vuelve a la Casa Blanca en 2025, se ha comprometido a impulsar la designación y a desplegar soldados de las Operaciones Especiales y a las fuerzas navales para, según sus palabras, declarar la guerra a los cárteles.
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La proclividad del Partido Republicano de buscar una solución militar al problema de las drogas es un recordatorio de que el partido —a pesar de su viraje populista al antiintervencionismo en los años de Trump y a que una facción que se opone a armar a Ucrania contra la invasión de Rusia ha crecido— todavía emplea la fuerza armada para lidiar con algunos temas complejos e inextricables. El propio Trump ha sido una especie de contradicción andante en lo que respecta al uso de la fuerza en el extranjero: por una parte, ha querido retirar la participación de Estados Unidos en el extranjero y, por otra, ha amenazado con lanzar bombas a enemigos como Irán.
Los planes han indignado a las autoridades mexicanas. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado las propuestas como indignantes e inaceptables. Hace más de un siglo que Estados Unidos no envía personal militar a México sin el consentimiento del gobierno mexicano.
México tiene una historia amarga con la injerencia estadounidense: un gran trecho del suroeste estadounidense era parte de México antes de que Estados Unidos lo tomara por la fuerza a mediados del siglo XIX. Por lo general, México no permite al día de hoy que agentes estadounidenses armados ejecuten operaciones en su territorio, a diferencia de otros países latinoamericanos que han aceptado realizar operaciones conjuntas con la Administración para el Control de Drogas y que han invitado al gobierno estadounidense a ayudar a instruir, equipar y asistir a sus fuerzas de seguridad.
Los analistas también han señalado la posibilidad de que una acción militar provoque daños económicos importantes. Los planes podrían romper la relación de Estados Unidos con México, su mayor socio comercial, y reducir otros tipos de cooperación, como la detención y extradición de delincuentes y los esfuerzos de México para disuadir a los migrantes de intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Algunos republicanos conciben la amenaza de enviar el ejército a México como una herramienta de negociación para forzar a las autoridades mexicanas a tomar posturas más agresivas contra los cárteles.
Por lo general, el derecho internacional prohíbe que un país haga uso de la fuerza militar en el territorio soberano de otra nación sin su consentimiento, salvo con el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en casos de legítima defensa. Pero Estados Unidos ha adoptado la postura de que puede utilizar la fuerza unilateral y legalmente en el territorio de otro país si su gobierno no es capaz o no quiere eliminar una amenaza no estatal que surja dentro de sus fronteras, como la amenaza de un grupo terrorista.
Los republicanos han descrito las redes criminales mexicanas de narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, y algunos han calificado el fentanilo como un arma de destrucción masiva.
Los estadounidenses gastan miles de millones de dólares al año en cocaína, heroína y otras drogas ilegales. En gran medida y durante décadas, el mercado negro generado por esa demanda ha sido abastecido por las operaciones delictivas de contrabando a lo largo de los más de 3000 kilómetros de frontera con México. Pero el auge del fentanilo —un fuerte opioide sintético de acción rápida que puede elaborarse a bajo costo a partir de sustancias químicas— ha creado una crisis. El fentanilo se ha vinculado a más de dos tercios de las casi 110.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado, y los legisladores de ambos partidos han estado buscando soluciones con urgencia.
También ha crecido la frustración con el gobierno mexicano, cuyo presidente ha abogado por una política de “abrazos, no balazos” para lidiar con la delincuencia relacionada con las drogas, luego de que las medidas enérgicas contra los líderes de los cárteles de gobiernos anteriores derivaran en una violencia generalizada. Los cárteles, que se asemejan a organizaciones paramilitares con alta tecnología, han tomado el control de vastas zonas de México y han corrompido a muchos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden.
El gobierno de Joe Biden, al igual que las gestiones anteriores de presidentes de ambos partidos, ha intentado colaborar con México para frenar el flujo de drogas y ha descartado la acción militar de manera explícita.
Chris Landau, quien fue embajador de Trump en México de 2019 a 2021, consideró que la noción de usar la fuerza militar en un país fronterizo era una mala idea que solo empeoraría la situación. Advirtió que podría crear un nuevo “atolladero” y recordó las consecuencias de las intervenciones militares en Irak y Afganistán.
“Entiendo la frustración”, añadió Landau. “Solo creo que un modelo de ‘tiroteo entre forajidos y autoridades’ no va a resolverlo y causará muchos más problemas”.
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Los orígenes en el Despacho Oval
La historia del modo en el que la idea de enviar fuerzas militares a México pasó del Despacho Oval de Trump al centro de la conversación política republicana es complicada y mucho más que una simple historia de legisladores que imitan a Trump.
La propuesta de Trump de lanzar misiles contra laboratorios de drogas mexicanos no fue algo que inventara de cero. Surgió durante una reunión y un hombre en uniforme confirmó que era posible.
Sin embargo, ese hombre en uniforme no pertenecía a la cadena de mando militar: era un oficial médico, una persona inusual para asesorar al presidente de Estados Unidos sobre operaciones militares en cualquier lugar.
A finales de 2019 y principios de 2020, cuando la crisis del fentanilo se intensificaba, se hicieron reuniones a gran escala en el Despacho Oval en las que se abordó cómo lidiar con el problema. Algunas personas que participaron consideraron que las reuniones no servían de mucho porque los funcionarios tendían a actuar como Trump esperaba, y él actuaba para ellos.
Cuando la idea de una intervención militar se planteó en una de esas reuniones, Trump se dirigió a Brett Giroir, quien estaba allí en calidad de subsecretario de Salud de EE. UU. Giroir era también almirante de cuatro estrellas en el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública, y llevaba su uniforme de gala. Su principal argumento fue que Estados Unidos no era capaz de combatir la crisis solo con tratamiento, según una persona informada de sus comentarios.
Por la forma en que Trump se enfocó en Giroir, quedaba claro que, debido a su uniforme de gala, había asumido erróneamente que pertenecía al ejército, según dos participantes en la reunión. Giroir, en su respuesta, sugirió poner “plomo al blanco”, recordaron los dos participantes. Trump no reveló lo que pensaba sobre la idea, y los funcionarios de la Casa Blanca, preocupados por ese momento, consideraron la posibilidad de pedirle a Giroir que no volviera a llevar su uniforme de gala al Despacho Oval.
Giroir, en una declaración, no comentó sobre la discusión sustancial de la reunión, pero aseguró que nadie había insinuado que la acción militar por sí misma resolvería la crisis del fentanilo. También insistió en que Trump no lo había confundido con un oficial militar.
“Sabía exactamente quién era yo, que estaba en el Servicio de Salud Pública y que era el responsable de opioides bajo las órdenes del secretario”, dijo Giroir. “Tuvimos diversas reuniones antes de eso”.
Jason Miller, asesor principal de la campaña de 2024 de Trump, se negó a hablar de la reunión de la Oficina Oval o la discusión sobre el lanzamiento de misiles a México.
Durante ese mismo periodo de tiempo, a finales de 2019, el fiscal general, William P. Barr, le había propuesto a Trump la idea de utilizar la fuerza dentro de México, pero lo había vislumbrado como una política que podrían implementar en un segundo mandato, si Trump ganaba las elecciones de 2020. Pensó que la amenaza de una acción unilateral por parte de Estados Unidos daría al gobierno ventaja para presionar a los mexicanos a hacer más por su parte para reprimir a los cárteles.
Barr y Trump mantuvieron varias conversaciones sobre el tema. Barr mencionó una serie de opciones de medidas enérgicas, según una persona familiarizada con las conversaciones. Pero Barr no era partidario de los misiles, según la persona, ya que le preocupaba que se pudieran alcanzar objetivos equivocados usando tales órdenes.
Al menos dos veces en 2020, Trump preguntó en privado a su secretario de Defensa, Esper, sobre la posibilidad de enviar “misiles Patriot” a México para destruir los laboratorios de drogas, y si podrían culpar a otro país por ello. Los misiles Patriot no son del tipo que se emplearían en tal caso —son armas tierra-aire—, pero Trump tenía la costumbre de llamar “misiles Patriot” a todos los misiles, según dos ex altos funcionarios del gobierno. Durante una de las discusiones de 2020, Trump hizo el comentario en voz baja a Esper mientras estaban cerca del escritorio presidencial, desde donde pudo escucharlo otro funcionario del gabinete. Esper, sorprendido, rechazó la idea.
De la boca de Trump a la campaña de 2024
Tras abandonar el cargo, Trump no dejó de hablar de atacar a los cárteles de la droga. Por el contario, convirtió la idea en una propuesta política oficial para su campaña presidencial de 2024.
En enero, Trump publicó un video de propaganda titulado “El presidente Donald Trump declara la guerra a los cárteles”, en el que apoyaba explícitamente la idea de designar a los cárteles mexicanos de la droga como al Estado Islámico en Irak y Siria, en lugar de tratarlos como organizaciones criminales transnacionales a las que hay que hacer frente con herramientas para el cumplimiento de la ley.
Trump prometió “desplegar todos los activos militares necesarios, incluida la Marina de Guerra de Estados Unidos”, para imponer un embargo total a los cárteles y “designar a los principales cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras”.
Y se comprometió a ordenar al Pentágono “hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a los líderes, la infraestructura y las operaciones de los cárteles”.
En materia de derecho internacional, surge una pregunta crucial sobre si Estados Unidos usaría la fuerza militar dentro de México solo con el consentimiento de su gobierno o si lo haría unilateralmente sin consentimiento. Trump restó importancia a la posibilidad de una guerra con México en una entrevista reciente con Megyn Kelly, presentadora de un pódcast y antigua estrella de Fox News.
Pero en una señal de lo políticamente potente que se ha vuelto para los republicanos la perspectiva de enviar tropas a México, la campaña de su principal rival, el gobernador Ron DeSantis de Florida, destacó los comentarios de Trump a Kelly y enfatizó que DeSantis ha prometido tomar medidas militares agresivas contra los cárteles.
Vivek Ramaswamy ha prometido “usar nuestro ejército para aniquilar a los cárteles mexicanos de la droga”. Tim Scott, senador por Carolina del Sur, ha publicado un anuncio de campaña en el que jura “desatar” al ejército estadounidense contra los cárteles. Y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley ha dicho que cuando se trata de los cárteles de la droga, “le dices al presidente mexicano, o lo haces tú o lo hacemos nosotros”.
Miller, el asesor de Trump, dijo que Trump había anunciado un “plan detallado para erradicar los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas a nuestro país en la primera semana de enero, y es bueno ver que tantos otros ahora siguen su ejemplo”.
Poner en práctica la idea
La idea ha cobrado vida propia en el Capitolio.
Más de 20 republicanos de la Cámara de Representantes han firmado para copatrocinar la legislación propuesta por Dan Crenshaw, representante por Texas, para promulgar una amplia autorización para el empleo de fuerza militar contra nueve cárteles. También autorizaría la utilización de la fuerza contra cualquier organización extranjera que el presidente determine que cumple ciertos criterios, incluidas las organizaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
La autorización propuesta para la guerra terminaría al cabo de cinco años, a menos que el Congreso promulgara un nuevo proyecto de ley para prorrogarla. Pero, por lo demás, su carácter laxo se asemeja a las amplias autorizaciones de guerra que el Congreso promulgó tras los atentados terroristas de 2001 y antes de la guerra de Irak de 2003, que se convirtieron en problemas más allá de los que los legisladores habían previsto en un principio.
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El senador Lindsey Graham, un republicano por Carolina del Sur que es un aliado cercano de Trump, dijo que pensaba que un presidente podría bombardear laboratorios de fentanilo y centros de distribución en su propia autoridad constitucional como comandante en jefe, sin autorización del Congreso. Pero también argumentó que si Trump volviera a ser presidente, la mera amenaza de que podría hacer algo así podría inducir al gobierno mexicano a tomar medidas más agresivas.
“A medida que estos problemas no se gestionan y se hacen más grandes en alcance, las soluciones se vuelven más draconianas”, dijo. “Y una cosa sobre Trump, creo que si consigue un segundo mandato, creo que verán más cooperación por parte de México. No creo que tengamos que llegar a bombardear laboratorios, México ajustará sus políticas en función de Trump”.
‘Una ofensa al pueblo de México’
El discurso republicano sobre atacar a los cárteles de la droga en México está rebotando por los pasillos de su gobierno. El presidente del país, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha respondido con molestia y ha hecho algo inusual para un líder mundial: atacar al Partido Republicano.
“Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”, dijo López Obrador a los periodistas en marzo. “Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.
Desde la perspectiva de México, Estados Unidos es el que alimenta la violencia de los cárteles, no solo porque la demanda del país crea el mercado para el narcotráfico, sino también porque Estados Unidos facilita la compra de las armas que terminan en México. Esas armas avivan la violencia armada en el país, a pesar de sus estrictas leyes de control de armas.
Roberto Velasco Álvarez, máximo responsable para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, invocó concretamente la comparación con las armas de fuego y señaló a Ramaswamy por prometer una acción militar estadounidense dentro de México.
“Si está tan preocupado el señor Ramaswamy por lo que está pasando en México, pues la mejor forma en que podría ayudarnos es quitando las escopetas que les están vendiendo literalmente a cárteles mexicanos”, dijo en una entrevista.
Mientras México se encamina a unas históricas elecciones presidenciales el próximo año, en las que se espera que los electores elijan entre dos candidatas, con toda probabilidad, gane quien gane tendrá que manejar las tensiones creadas por el Partido Republicano.
“Deberíamos, más que amenazas, trabajar de una manera inteligente”, dijo Xóchitl Gálvez, senadora mexicana que ha sido elegida la abanderada de la oposición y ha rechazado de manera abierta la estrategia de seguridad de López Obrador, y añadió que “los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos mexicanos”.
Pero Gálvez también criticó las propuestas republicanas de invadir México y pidió una cooperación compartida y responsable. “No podemos seguir echando la culpa”, dijo.
Nicholas Nehamas colaboró en este reportaje. Kitty Bennett colaboró con investigación.
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