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En el museo D’Orsay en París, donde se encuentran colgadas las obras más célebres de los impresionistas, se exhibe un lienzo de Daumier, La République.
La pintura representa a la República en forma de una madre que alimenta con sus pechos generosos a dos rollizos chiquillos. “Esta gruesa mujer resumía un ideal, aquel de una República fuerte, alimentadora, dispensando la instrucción”.
Este cuadro de Daumier, que participó en un concurso para exaltar la proclamación de la Segunda República francesa en 1848, serviría hoy para ilustrar con menos pompa la penosa realidad del Estado colombiano, cuyas arcas se secan a fuerza de pródigos e irresponsables administradores y de las demandas judiciales de responsabilidad.
La diferencia es que nuestra República es escuálida y de su cuerpo se nutren cientos de miles de sanguijuelas. Una parte considerable del esfuerzo fiscal de un país pobre como Colombia se destina a pagar la torpeza o el dolo de quienes representan al Estado, recursos que deberían destinarse a cubrir necesidades vitales.
El artículo 90 de la Constitución Política establece que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Con base en esta disposición nuestros tribunales han desplegado una extensa y generosa jurisprudencia que condena patrimonialmente al Estado con severidad y propicia que se escurran los verdaderos responsables de carne y hueso. A pesar de que la misma norma constitucional prevé que el Estado les debe cobrar a los funcionarios que actuaron con dolo o culpa grave, casi nunca sucede por desidia o porque las condenas son tan astronómicas que no hay patrimonio individual que lo resista.
Por esta vía los colombianos que no tienen nada que ver con los daños que causan los funcionarios del Estado les están pagando a diario los platos rotos.
El paro que padece el país y los destrozos de la semana pasada serán motivo para que en los próximos años el Estado tenga que pagar cientos de miles de millones en indemnizaciones. Están claramente identificados los extremistas de derecha e izquierda que azuzaron y desnaturalizaron la protesta campesina. El Estado está obligado a hacerlos responder.
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