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Dos años le tomó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidir sobre una acción popular relacionada con uno de los casos más apasionantes que han surgido en Colombia en los últimos años: la recuperación del tesoro del galeón San José. Se trata de una nave española que zarpó en de mayo de 1708 desde Panamá, en una flotilla de 15 barcos en total, y que al tratar de entrar a Cartagena resultó en el fondo del mar tras una batalla con ingleses liderados por el almirante Charles Wager. “En la batalla, el barco se fue a pique con sus 600 ocupantes y una herencia invaluable para la humanidad”, dice el Ministerio de Cultura. (Los descubridores del galeón San José)
La recuperación del tesoro que yace en aguas colombianas se volvió objeto de una acalorada disputa desde que el gobierno Santos anunció que, por medio de una Asociación Público Privada (APP), los tesoros del galeón volverían a ver la luz. En febrero de 2018, el Ministerio de Cultura informó a la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MACS AG) que su propuesta para recobrar ese patrimonio era viable con una APP sin desembolso de recursos públicos. Este último es un dato clave, pues el gobierno Santos fue insistente en que el país no tenía dinero para hacer una tarea de esa envergadura por su cuenta.
Una vez quedó claro que MACS AG era el candidato más fuerte para ser el aliado de Colombia en esta ambiciosa empresa, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca llegó una acción popular elaborada por César Augusto Duarte Acosta, exintegrante de ese mismo tribunal, con ayuda de Francisco Muñoz Atuesta, miembro de la Academia de la Historia de Cartagena. Su reclamo, básicamente, era que el proceso de adjudicación del contrato estuvo plagado de irregularidades y de decisiones contrarias a las leyes nacionales, por lo que los derechos e intereses colectivos habían resultado gravemente lesionados.
Duarte Acosta y Muñoz Atuesta alegaron que se afectaron la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural de la Nación porque la figura de la APP “no es procedente para actividades relacionadas con la preservación y divulgación del patrimonio cultural sumergido”. Además, que las entidades a cargo del proceso -el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) pasaron por alto varias normas para asegurarse de que MACS AG se quedara con un contrato que, según el Secop (el portal de contratación del Estado), costará más de $197.000 millones. (“Galeón San José, el hallazgo más importante en la historia de la arqueología del país”)
Los demandantes se explayaron en razones por las cuales este proceso, en su criterio, estaba mal hecho. Pero, uno a uno, sus argumentos se desbarataron cuando el Tribunal de Cundinamarca los examinó con detenimiento. Por ejemplo, una de las primeras que señalaron fue que el Estado debía tener la prioridad para “adelantar las actividades relacionadas con la preservación y divulgación del patrimonio cultural sumergido”. El Tribunal les respondió que las normas del país habilitan a los gobiernos de turno a contratar para buscar y preservar ese tipo de patrimonio.
Ellos insistieron en que la Nación compartía riesgos en esta iniciativa, lo cual iba en contra de las regulaciones vigentes. El Ministerio de Cultura le explicó al Tribunal que “la norma limita la prohibición de compartir riesgos entre la Nación y el originador de una iniciativa privada en el contexto de la ley de patrimonio sumergido, únicamente en la actividad de exploración” y que, en este caso, ni se asumieron riesgos para esa etapa ni se designaron recursos del presupuesto nacional. El Tribunal resaltó que la acción popular “no advierte ni fundamenta cuáles son los supuestos riesgos compartidos” y descartó el asunto.
Otro punto de Duarte Acosta y Muñoz Atuesta fue que el gobierno “no convocó a audiencia pública a las autoridades competentes y a los terceros que puedan tener interés en el proyecto”. Pero el Tribunal encontró que, el 5 de julio de 2017, el entonces presidente Santos, “en un acto público transmitido por la televisión nacional y difundido en medios de amplia circulación nacional”, convocó a audiencia, a la cual invitó a entes de control, la Alcaldía de Cartagena -cerca de su bahía reposan los restos del galeón San José- y a la Gobernación de Bolívar. El 14 de julio se realizó la audiencia en el Auditorio Cultural Museo Naval del Caribe.
Una pelea más se dio por el que ha sido, quizá, el punto más controversial de este proceso: la remuneración prometida para quien se asocie con Colombia y le ayude a recuperar el tesoro del galeón. “Se vislumbra una alarmante contradicción en las decisiones y manifestaciones realizadas por el Ministerio de Cultura”, dijeron al respecto los demandantes. El Tribunal encontró que “los porcentajes que se establecieron como remuneración del proyecto, se fijaron dentro de los parámetros y rangos de la Ley 1675 de 2013 que se ocupa de reglamentar lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”. (Gobierno pide que no haya más trabas en la recuperación del Galeón San José)
Para el Tribunal también tuvo gran relevancia una prueba sobreviniente (inédita) que adjuntó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el cual estableció “que la totalidad del hallazgo identificado como el Galeón San José está constituido por bienes considerados como patrimonio cultural de la nación”. Lo que quiere decir, resaltó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que “no hay posibilidad de remunerar al originador del proyecto con piezas del mismo”. Es decir, quien recupere el tesoro deberá entregar todas las piezas al país.
En la acción popular se agregaron otros reclamos: que se incumplieron los términos para evaluar la propuesta; que el originador cambió de razón social (pasó de ser Maritime Archaeology Consultants Limited a Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG) y se cedieron los derechos para la exploración sin autorización escrita del Ministerio de Cultura; que esa cartera no acogió los cometarios y las sugerencias que surgieron en la audiencia pública -que ellos mismos, antes, decían que ni siquiera se realizó; que la experticia del equipo de arqueólogos marinos no estaba acreditada. Pero nada caló en el Tribunal.
La conclusión de esta instancia de la justicia fue que la debatida iniciativa para la recuperación del tesoro del galeón San José ha estado ajustado a las normas. Por eso, rechazó las pretensiones de los demandantes, que se resumían en suspender el proceso contractual para la recuperación del patrimonio del galeón. Ellos ya habían pedido varias medidas cautelares, sin embargo, el Tribunal señaló que en ese intento se limitaron “a realizar apreciaciones subjetivas, a transcribir unos artículos de prensa y unos conceptos sobre la remuneración de la APP sin fundamento técnico n[i] jurídico”. (Colombia y España acuerdan solucionar por vía diplomática hallazgo de galeón San Jose)
Los alegatos contra este proceso contractual hicieron tanto ruido que, apenas tres días después de haberse posesionado como jefe de Estado Iván Duque, se ordenó su suspensión. En la resolución 2756 de 2018 del Ministerio de Cultura quedó plasmado que era necesario “garantizar el adecuado cumplimiento de los postulados de la contratación estatal”. El gobierno explicó que, como no había antecedentes en esta materia, se solicitó apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, un año más tarde, el proceso de selección se reanudó “a partir del cierre de la etapa prevista para presentar manifestaciones de interés”.
La iniciativa, sin embargo, sigue encallada y sin socio elegido aún. Tres meses después de que el proceso se reanudara fue que se declaró que lo que yace en el fondo del mar Caribe es patrimonio cultural de la Nación. España siempre mostró interés en recuperarlo, pero, en diciembre de 2019, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en rueda de prensa en Bogotá: “El Gobierno de España y el Gobierno de Colombia hemos estado totalmente de acuerdo en que esta extracción del galeón hay que hacerla para conservarlo indivisible”, y agregó que el gobierno esperaba “cooperación internacional” para esta misión.
Ramírez ya se había manifestado en varias ocasiones sobre este tema, afirmando que era inaceptable pagarle a un tercero con una parte del tesoro porque ello era lesivo para la historia nacional. “Me sorprende negativamente la decisión del gobierno Duque y de su vicepresidenta: es populista y evidencia desconocimiento total del proceso científico diseñado”, dijo la exministra de Cultura de Santos, Mariana Garcés, a este diario en octubre de 2019. Ella, al fin y al cabo, fue una de las arquitectas de la iniciativa para formar una APP y recuperar lo que yacía en el fondo del mar, que apenas se vino a confirmar en 2015.
“El Estado no tiene la capacidad de asumir los costos ni los riesgos que esa expedición conlleva (…) “No tenemos la tecnología para adelantar el proceso de la altísima complejidad que se requiere a las profundidades en que se encuentra el San José”. Garcés aseguró le dejaba “un mal sabor que nunca ni la señora vicepresidenta ni la ministra de Cultura y, ni siquiera el propio presidente, tuvieron espacio para escuchar, en detalle, la propuesta científica tan estrictamente trabajada”. Han pasado nueve meses desde que se reanudó el proceso de selección, pero este sigue quieto. ¿Cómo terminará la historia del galeón?
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