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Por primera vez en la historia de Colombia, un alto tribunal tendrá en su plantilla a cinco mujeres magistradas. La abogada y profesora Natalia Ángel Cabo alcanzó 57 votos en el Senado, que le sirvieron para llegar a ocupar la plaza que deja el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien cumplirá su período en febrero próximo. La catedrática llegará al alto tribunal para completar un quinteto de mujeres. Aunque será por poco tiempo, Ángel tendrá la compañía de la magistrada Gloria Stella Ortiz —que cumple su período en junio—; Cristina Pardo, quien podría ser la próxima presidenta del alto tribunal, Diana Fajardo y Paola Meneses.
Ternada por el Consejo de Estado, la abogada Ángel tiene una larga trayectoria académica y ya había sido magistrada auxiliar en la Corte Constitucional. En la Universidad de Los Andes, su alma mater, fundó y dirigió por años el Programa de Acción por la Igualdad y la Acción Social (PAIIS), un espacio de investigación y litigio estratégico que vela por el respeto de derechos fundamentales en el país. Además, la entrante magistrada tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y un doctorado de la Universidad de Toronto (Canadá).
Ángel nació en Bogotá y es de familia caldense y tolimense. Su carrera por llegar al máximo tribunal constitucional empezó cuando fue ternada por el expresidente Juan Manuel Santos para ocupar el espacio que dejó el hoy condenado exmagistrado Jorge Pretelt. En ese entonces, compitió contra Isabel Jaramillo y la actual magistrada Cristina Pardo. En esa oportunidad obtuvo solo 38 votos en el Senado. El segundo intento para arribar al alto tribunal se registró en agosto de 2020, cuando fue elegido el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ocupó el espacio del exmagistrado Luis Guillermo Guerrero. Ahora, en plena pandemia y ya con el fogueo de dos ternas anteriores, Ángel obtuvo 58 apoyos sin ninguna maquinaria política detrás.
Natalia Ángel Cabo llega a la Corte Constitucional en un momento crucial, pues durante el próximo año el alto tribunal tendrá sendos debates sobre temas de altísimo interés nacional. En la agenda que entrará a resolver la Corte, en el primer semestre de 2022, reposa la despenalización del aborto; el debate sobre el nuevo Código Electoral, que pretende cambiar las reglas de elección en el país, una cuestión sensible de cara a las elecciones del próximo año; el pulso al Gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz, y definir la tenencia de los baldíos. En un cuestionario respondido a El Espectador, la recién elegida magistrada habló sobre los retos a los que se enfrenta a su llegada, la maratónica tarea que tiene como mujer con el alto tribunal y el país, y sobre el mensaje que les puede dar a millones de niñas y estudiantes de Derecho de que sí se puede llegar a las más altas Cortes de Colombia.
La Corte Constitucional es el primer alto tribunal en tener mayoría de mujeres. ¿Qué representa esto para usted?
A mí me parece eso histórico, así sea por un poco tiempo, pues pronto culminará su período la magistrada Gloria Ortiz. Pero es histórico en varios sentidos. Primero, porque muestra un cambio en la sociedad. Es un hecho que las mujeres hemos tenido que enfrentar mayores barreras para acceder a cargos decisorios. La rama Judicial ha sido históricamente un reflejo de ello. Segundo, me parece importante para inspirar a las futuras generaciones de abogadas de que sí es posible romper los techos de cristal en la justicia y tenemos que arriesgarnos, y presentar a consideración nuestro nombre y experiencia. Tercero, porque creo que las mujeres sí podemos aportar unas miradas distintas, producto de nuestras experiencias vitales. Esas experiencias, por ejemplo, invitan a preguntarse cómo una norma o política afecta de manera diferencial a hombres y mujeres, y qué se necesita para no dejar atrás a más de la mitad de la población. Obviamente, y aquí me podría quedar horas, hay varios estudios que recogen otros beneficios de tener más mujeres en la justicia, entre otros, el ayudar a mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, mejorar el clima laboral y facilitar el que otras mujeres decidan acudir a la justicia en defensa de sus derechos.
¿Qué puede agregarle a la Corte una abogada como usted, mujer, con altísima preparación académica, con un claro conocimiento de las desigualdades del país y su experticia en derechos humanos?
Entiendo la pregunta como un reconocimiento al esfuerzo de casi treinta años preparándome para este nuevo reto que tengo por delante. Y, precisamente, creo que lo que puedo aportarle a la Corte se deriva de esa experiencia, no solo en búsqueda de mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, sino también en otros temas centrales para los desarrollos constitucionales. Por ejemplo, en los últimos años de mi carrera, me he dedicado a entender los retos que tienen las entidades territoriales en la implementación de decisiones judiciales. Creo que esos aprendizajes pueden servirle a la Corte para avanzar en una jurisprudencia que tenga más en cuenta nuestra diversidad regional y la necesidad de superar el histórico centralismo. Sumado a esto, en mi vida profesional me he movido en diferentes mundos. He trabajado en el sector privado, en el público, en la academia, y he sido consultora de diferentes organismos internacionales en Colombia y el extranjero. Puedo aportarle a la Corte la pausa y rigurosidad que da el trabajo académico, pero también una visión práctica y diversa, producto de esa experiencia en diferentes campos.
¿Cuáles considera que son los principales retos que debe asumir el alto tribunal?
Los retos de la Corte son varios. Solo para mencionar algunos, a mí me preocupa la falta de confianza de la ciudadanía en la Corte y en general en la rama Judicial, la falta de cumplimiento de los fallos judiciales y el abismal volumen de casos que llegan a la Corte y dificultan tomar decisiones pausadas, que le permitan avanzar la jurisprudencia constitucional.
¿Llega con alguna carga política?
Con ninguna. Soy una académica independiente. No hago parte de ningún partido político, no hago política ni nada por el estilo. Pero, como he venido señalando desde mi elección, precisamente para evitar inquietudes como esta, creo que en el futuro sí se debería repensar la forma de elección de magistrados de la Corte Constitucional, de manera que no se obligue a quienes queremos ser jueces a tener que competir en el Congreso. Mi propuesta, anterior incluso a esta elección, es que continúe la nominación por parte del presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pero no de una terna sino de un solo candidato, que confirma el Senado. Algo parecido al sistema norteamericano.
Se le ha conocido por un tinte liberal. ¿Qué garantías tendrían el país y la Corte con sus decisiones y posturas?
Como dije en otro espacio, más que liberal o conservadora, soy una demócrata comprometida con la vigencia de la Constitución y la defensa de las instituciones. Soy una persona estudiosa, metódica y a quien le gusta buscar consensos. Creo que el hecho de tener una formación académica, como investigadora, debe dar algo de tranquilidad: porque a mí me gusta tomar decisiones después de considerar diferentes argumentos, tanto en favor y en contra de una determinada disposición o medida. Así que mi respuesta también es una invitación para que las personas hagan más uso de la posibilidad de presentar intervenciones ciudadanas ante la Corte, pues lo considero esencial para fortalecer el trabajo judicial.
Ha mencionado que “la tarea del juez es fallar en Derecho”. ¿Cómo se puede llegar a eso cuando el país está tan polarizado y, de alguna forma, esa polarización en ocasiones busca llegar al alto tribunal?
En mi discurso ante el Senado, precisamente hablé sobre el reto que tienen los jueces en los años venideros de tratar de reconciliar un país profundamente dividido. Y traje a colación las palabras de Albie Sachs, exmagistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica, las cuales comparto: “Los tribunales deben procurar, siempre que sea posible, comprometerse con toda la nación. No les corresponde a las Cortes dividir a la nación entre progresistas y reaccionarios, liberales y conservadores (…)”. Precisamente, una manera de dar tranquilidad es a través de fallos que exhiban un análisis jurídico riguroso, donde quede claro que el juez consideró y ponderó todos los argumentos e intereses en juego. Si bien no es posible que todas las decisiones sean compartidas, sí deben intentar ser el producto de un diálogo amplio y un razonamiento serio y ponderado.
¿Le preocupan los recientes episodios en los que la Corte ha sido protagonista no por sus decisiones, sino por el detrás de cámara de las salas plenas? Por ejemplo, la polémica que surgió por el caso Uribe, que tuvo coletazos en el expediente del aborto.
A mí lo de las filtraciones no solo me preocupa sino que me entristece, porque le hace daño a la Corte como institución. La razón por la cual nuestra legislación determinó que las sesiones no eran públicas es para que se pueda dar un debate pausado en Sala Plena, lejos de distorsiones o suspicacias. Yo, sinceramente, espero que esto de las filtraciones no vuelva a suceder.
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