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Este martes comienza la discusión en Cámara sobre la reforma política. Aunque la atención de la agenda política se la ha llevado la reanudación de los diálogos de paz con el Eln, en Venezuela, la Comisión Primera reanudará el debate ante uno de los proyectos que el gobierno ha definido como cruciales.
Como ha venido diciendo El Espectador, el proyecto viene cargado de polémicas, pues sectores de la sociedad civil han advertido que la iniciativa no cumpliría con todas las exigencias que debería tener una iniciativa de su talante. Algunos de estos llamados han sido escuchados por los ponentes, que hicieron serias reformas a lo que les llegó del Senado.
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La ponencia radicada por Heráclito Landínez, Luis Eduardo Díaz Mateus y los otros ponentes le mete mano a buena parte del articulado que dejó Roy Barreras como ponente en las dos instancias de Senado.
Los cambios se notan desde el principio, otra vez se ve el intento del petrismo por adaptar el ordenamiento colombiano al fallo de la Corte IDH que le devolvió sus derechos políticos al actual mandatario. Se agregó un nuevo primer artículo en el que se deja constancia que salvo la sanción de pérdida de investidura, conferida por el Consejo de Estado, “las limitaciones de os derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”-
También se deja una constancia más certera de que el Gobierno, desde la promulgación del acto legislativo, apenas tiene tres meses para radicar un proyecto que reglamente los procesos de democracia interna. Estos son esenciales para que puedan darse las listas cerradas. Organizaciones como la MOE y algunos congresistas se venía quejando de que sin esta constancia, las listas cerradas podían ser aprovechadas para limitar la participación en los partidos “a los de siempre”.
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Otra de las polémicas que venía cargando este proyecto es que no se cumplió la promesa de financiación 100% estatal y se pasó nuevamente a una financiación mixta, en la que predominaría los aportes estatales. Aunque se mantuvo el criticado sistema, la ponencia a discutir estableció los topes en cada rubro: 80% estatal y 20% privados. Todos los recursos serán centralizados en los partidos y son ellos los que definirán su destino, puesto que se elimina el apartado que establece que el donante es el que manifiesta la destinación de los dineros.
En términos de dinero también se dejó expreso que la violación de los topes “será causa de sanción a los partidos” y que deberán declarar públicamente los recursos, un debate que actualmente cursa en el CNE ante los posibles vacíos legales. De igual manera se deja constancia de que por ninguna manera se puede recibir recursos de extranjeros, sean naturales o jurídicos.
En este mismo sentido se eliminó uno de los artículos más polémicos de la reforma y era el que buscaba acabar con el conflicto de intereses por financiación. Desde el Centro Democrático, específicamente la senadora Paloma Valencia, se venía impulsando este artículo bajo el argumento de que si la financiación no era directamente al candidato no había conflicto de intereses. En cambio, algunos veedores llamaron la atención que el artículo habría la puerta a “comprar bancadas enteras”.
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Uno de los temas con los que han insistido algunos representantes y senadores ha sido bajar la edad para aspirar al Congreso. Desde el periodo 2018 han llegado varias iniciativas en este sentido, ninguna ha pasado. Sin embargo, se vuelve a intentar en esta tesis, con dos artículos que bajan la edad mínima para ser senador a 25 años, actualmente es 30 años, y 18 años para ser representante, cuando en la actualidad es 25 años.
Otro de los temas que ha sido de debate y se introdujo en esta instancia es la segunda vuelta para elecciones de alcaldes y gobernadores. Esta sería para las poblaciones en la que haya al menos el 5% del censo poblacional del DANE. Las condiciones contempladas por este artículo es que los candidatos deben alcanzar el 40% y superar por 10 puntos a su segundo. De no lograrse, se iría a una segunda vuelta tres semanas después-
El proyecto que se presentará en la Comisión Primera de Cámara también busca revivir algunos puntos que fueron hundidos en el paso por Senado. Uno de los artículos en cuestión es el del voto obligatorio. No obstante, no se deja constancia de consecuencias si se llega a violar la obligatoriedad.
Otros de los artículos añadidos en la nueva ponencia entran a hacer modificaciones al estatuto de representación en el concejo de Bogotá y una modificación a los artículos transitorios de las curules de paz en los que se establece las inhabilidades para poder acceder a estos 16 escaños especiales
Además del articulado, se incluyó como constancia los tres artículos que buscan ampliar a cinco años los periodos de presidente, gobernador y alcalde. Esta reforma es pretendida por los conservadores y ha sido ampliamente criticada por supuestamente buscar favorecer al actual mandatario. Aunque se ha buscado hacer la claridad que esta reforma aplicaría desde 2026. Otro de los debates que este tema entraría a afectar los periodos de magistrados, procuradores y similares.
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