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En una sala de velación del Ejército Nacional, en el Cantón Norte de Bogotá, se realizaron las exequias del reconocido esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, el pasado viernes. La ceremonia fue organizada por la empresa Esmeraldas Santa Rosa, considerada una de las más potentes en el negocio de la gema verde en Colombia y de la cual Aguilar era socio. El año pasado, en una de las oficinas en el norte de la capital de esa misma empresa, el empresario fue víctima de un atentado del que pudo sobrevivir. Sin embargo, el pasado miércoles, un proyectil de arma de fuego le atravesó el tórax, minutos después de una misa para bendecir su casa en el exclusivo conjunto Bosques de Marqués, al nororiente de la capital. Un atentado que tiene tanto de peso como de aristas por explorar.
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Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana de la ciudad lamentaron el fallecimiento, y la única información oficial que han entregado es que “todo es materia de investigación”. Aun así, las primeras versiones indican que probablemente un francotirador le disparó a Aguilar, conocido con el alias de Pedro Pechuga. Lo habría hecho escondido entre la vegetación de los cerros orientales que colindan con este conjunto de casas y apartamentos, en la localidad de Usaquén. Aguilar era uno de los principales socios de Jesús Hernando Sánchez, considerado el más grande esmeraldero tras la muerte de Víctor Carranza, en 2013, a quien Aguilar custodió por años como jefe de seguridad. Una experiencia que, sin duda, le permitió crear una empresa de protección y seguridad a los mineros que trabajan en dichos negocios en Boyacá.
El Espectador también pudo establecer que las autoridades les siguen la pista a los últimos movimientos físicos y financieros de Aguilar, con el fin de determinar si uno de los motivos de su asesinato tuvo que ver con sus millonarios negocios en las esmeraldas, el sector inmobiliario o la prestación de servicios de seguridad en Boyacá y otras ciudades del país. “En sus cuentas y movimientos evidenciamos ventas de fincas en los Llanos Orientales hace unos meses. Es una zona en la que, por lo que hemos podido averiguar, tenía mucho interés desde hace décadas. La frecuentaba en varias oportunidades al año”, dice un investigador del caso.
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Dentro de los análisis también aparecen los millonarios movimientos bancarios que tiene como empresario de la esmeralda en Boyacá. Aguilar compartía asiento en la junta directiva de la mina Santa Rosa, en Maripí (Boyacá), con su principal socio, amigo y aliado: Jesús Hernando Sánchez, el denominado “zar esmeraldero de Colombia”. En esa mesa también confluyen Edwin y Javier Molina, nietos del asesinado narcoesmeraldero Gilberto Molina y que representan a Thorn Investment Limited, una compañía que, según documentos conocidos por este diario, está en las Islas Caimán, un paraíso fiscal británico ubicado en el Caribe.
De esa junta directiva también es parte el único representante de la familia Carranza que queda en la mina Santa Rosa: Jonathan Carranza, sobrino del antiguo zar esmeraldero, quien fue señalado en vida de crear y financiar a grupos paramilitares en el país, pero nunca fue judicializado por eso. Como ha contado este diario, la Mina Santa Rosa está bajo la lupa de las autoridades y justo el próximo viernes 16 de agosto un juez determinará si ordena o no a la Fiscalía investigar el supuesto robo de acciones a exmiembros de la empresa de Aguilar y sus socios. Entre ellos otro viejo conocido de los asuntos judiciales: el esmeraldero Horacio Triana, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos.
“No descartamos que pueda tratarse de una purga interna dentro del gremio de las esmeraldas. No sería la primera vez que sucede. Dos fuentes humanas han dicho que, en el último año, en el interior de la compañía las relaciones han sido más que tensas y que las reuniones en la oficina de Hernando Sánchez han estado a punto de terminar de manera violenta (…). El 20 octubre de 2023, se presentó un hecho que ya terminó siendo una declaración de guerra interna en las oficinas de Esmeraldas Santa Rosa (en el norte de Bogotá), donde también un francotirador casi asesina a Pedro Pechuga. Esa fue una primera advertencia”, dice el investigador del caso, en diálogo con El Espectador.
Lo que advirtieron las fuentes humanas a las autoridades de inteligencia es que ese día miembros de la junta directiva discutieron sobre los dineros que habrían entregado a campañas políticas en alcaldías y gobernaciones en Boyacá. Entre ellas los de la esposa de un importante accionista de Esmeraldas Santa Rosa, que terminó elegida por el Partido Verde. Este dato entregado por las autoridades da cuenta del peso de Aguilar y sus socios en la política departamental.
De hecho, tras la muerte esta semana del esmeraldero, se habló de un supuesto vínculo entre él y Sandra Ortiz, también miembro del Partido Verde, y quien fue hasta mayo pasado consejera presidencial, antes de que se conociera que habría sido el puente para llevar una coima millonaria a los presidentes de Cámara y Senado, en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), según la confesión de su exdirector y subdirector Olmedo López y Sneider Pinilla.
El Tiempo contó esta semana, además, que un helicóptero de la Gobernación de Boyacá trasladó a la entonces funcionaria de la administración de Gustavo Petro y a Pedro Pechuga a un evento con mineros este año. “(Aguilar) Era amigo de todos, un empresario que recibió reconocimientos de varias autoridades de la región por su labor social. No tengo nada que ocultar; el helicóptero en el que nos desplazamos a Boyacá para dialogar con mineros era alquilado por la Gobernación. Estaba el doctor Pardo, de la Agencia Nacional Minera, y el señor gobernador Carlos Amaya”, afirmó a ese diario Ortiz.
La disputa con el Clan del Golfo
Además, las autoridades policiales y judiciales analizan si el asesinato de Aguilar tiene que ver con un contexto violento que se viene desarrollando desde 2019 entre viejos narcotraficantes, con fachada de esmeralderos, y el Clan del Golfo, por el poder de las economías ilícitas en Bogotá.
Esa guerra quedó expuesta en enero de 2022, cuando la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló un audio interceptado en julio de 2021 a Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel, entonces máximo líder del grupo armado con mayor presencia en el país. En esa comunicación, el líder de las hoy autodenominadas EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) admite que, en Bogotá, una célula de su organización criminal asesinó, en julio de 2021, a Luis Caicedo, o Don Lucho.
Se trataba de un viejo capo que fue socio de otros dos peligrosos narcos de la capital: Julio Lozano Pirateque y Daniel el Loco Barrera.Pero volvamos al audio interceptado de Otoniel. En esa comunicación, el capo mafioso también pone como blanco de sus acciones criminales a Hernando Sánchez, principal socio de Aguilar y pide que, lo más pronto posible, sus hombres adelanten las acciones de inteligencia para asesinarlo. “En Bogotá quedaron otros que hay también que bregarles a hacer. Es el viejo Hernando Sánchez. Entonces, también toca organizar a ver cómo se hacen las vueltas”, dice el extraditado jefe del Clan del Golfo.
Desde entonces, a plena luz del día, han sido asesinadas viejas fichas de la mafia en Bogotá, entre ellas algunas del círculo más cercano de Hernando Sánchez. El primero de ellos fue Gregorio Domingo Tirado Ruiz, comerciante cordobés de 54 años, baleado cerca del estadio El Campín, reconocido por sus negocios en el San Andresito de la 38, en la capital. Fuentes cercanas al mundo de las esmeraldas en Colombia, quienes solicitan la protección de su nombre por motivos de seguridad, aseguraron a El Espectador que este hombre por muchos años fue parte del esquema de seguridad personal de Hernando Sánchez, quien, además, sobrevivió en 2012 a un atentado en el norte de Bogotá.
Después, el 31 de mayo de 2020, en la localidad de Usaquén, fue asesinado dentro de su camioneta Fray Genaro Cortés. Era miembro de Rancho Santamaría, empresa encargada de la seguridad de Hernando Sánchez y trabajador del área de explotación de Esmeraldas Santa Rosa. El 11 de marzo de 2021, además, sicarios asesinaron al esmeraldero Jorge Enrique Gómez y a su escolta en un parqueadero en el centro de Bogotá. Este era uno de los hombres más influyentes de Hernando Sánchez y se cree que era ficha clave en la guerra contra el clan del extraditado narco y esmeraldero Pedro Nel Rincón o Pedro Orejas.
Esa expansión del Clan del Golfo en Bogotá fue un anhelo de Otoniel y los hechos así lo indican. En 2023 fueron capturadas dos fichas claves de esa organización sucesora del paramilitarismo que estaban asentadas en Bogotá: John Fredy Gallo, o el Pájaro, y Édgar Munévar, o el Caballista. Organizaciones locales también vienen documentando que el Clan del Golfo (o EGC) tiene presencia permanente en Bogotá desde 2022: “Controlan un 15 % de la localidad de Suba, se mueven en Chapinero y tienen control en sectores de Soacha, Ciudad Bolívar y la salida a Villavicencio, desde antes del barrio 20 de Julio, entre otros, con complicidad con fuerzas de seguridad”, dijo una fuente que pidió reservar su identidad por seguridad.
La empresa de seguridad y su vínculo con Víctor Carranza
No es la primera vez que Aguilar está en el radar de las autoridades. Desde hace casi tres décadas es conocido por haber sido el jefe de seguridad de Víctor Carranza. “La muerte de Pechuga deja muy desprotegido a Hernando Sánchez, sobre todo porque quien sería la persona de confianza de Pechuga no tiene muy buena relación con Sánchez, un hombre que es conocido como Juan Coliche. Pechuga era la persona que trataba de solucionarle los problemas con sus socios. Es un duro golpe para él”, dice un investigador que lleva años siguiéndoles la pista a los esmeralderos.
Otro frente que revisan las autoridades son los negocios que tenía Aguilar con empresas de seguridad privada. Hace más de una década que el asesinado esmeraldero, a través de su empresa Seguridad Oriental, les prestaba servicios de protección a importantes empresas de ese mismo gremio, como Compañías Muzo Colombia y la propia Mina Santa Rosa. Además, según los registros públicos de esta empresa, es accionista su esposa Luz Mery Mendieta Poveda, quien es hermana del exsenador y exalcalde de Tunja Jorge Armando Mendieta Poveda. Esos mismos documentos señalan que entre 2020 y 2024 Seguridad Oriental fue contratista de varias entidades públicas.
Entre ellas, la Secretaría de Educación de Bogotá, las alcaldías de Chiquinquirá y Duitama, el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Lotería de Cundinamarca, convenios que en total representaban negocios por $60.480 millones. De acuerdo con fuentes oficiales, también hay otra empresa de seguridad en Bogotá relacionada con viejos empresarios de las esmeraldas y narcotraficantes de bajo perfil. “Hace meses tenemos conocimiento de una empresa de seguridad que sería liderada a la sombra por tres viejos capos ligados a las esmeraldas y carteles mexicanos. Incluso, volvieron hace poco de Estados Unidos. La empresa está a pocas cuadras de una base militar en Bogotá”, señala el funcionario judicial.
Los hombres en cuestión serían Carlos Ramírez Taborda, o Manicomio; Dionisio de Jesús Vera, o Boyaco Sinaloa, y Jorge Luis Blanco Rodríguez, o JLBR. Este último también es mencionado por Otoniel en el audio interceptado en 2021, como uno de los “blancos claves”, junto a Hernando Sánchez, para el Clan del Golfo en su proyecto de hacerse con el poder criminal en Bogotá. “Estos tres hombres tendrían nexos con la estructura de Don Lucho y el Loco Barrera, pero también tenían fachada de esmeralderos en Boyacá para lavar dinero. Ahora se les ve moviendo maletines en esa oficina y fuertemente armados en camionetas blindadas. Son hombres que, como Pedro Pechuga, conocen a fondo los Llanos Orientales y también tienen negocios en esa zona”, concluyó el investigador. Sin embargo, a la fecha ninguno de los tres nombres tiene asuntos pendientes con la justicia.
Mientras las autoridades investigan el crimen de Aguilar, en los círculos de esmeralderos de Boyacá y Bogotá se empieza a presagiar una escalada sin freno de este capítulo violento que cumple ya casi un lustro sin que la Policía o la Fiscalía General puedan ponerle freno a esta situación. Ninguno de los recientes asesinatos o atentados que se han cometido contra personas asociadas a los negocios de las esmeraldas en Bogotá ha terminado con capturas o condenas. Y, como le aseguraron voceros de ese gremio a este diario, no existe ningún interés del Estado colombiano en detener esta guerra que se desarrolla de manera fragmentada en plena capital del país.
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