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El pasado 18 de junio, recostado en el timón del taxi que maneja y desde alguna calle de Bogotá, Luis*, un testigo en un proceso penal, rindió su declaración. Minutos antes, había aparcado el vehículo ante la petición de la jueza del caso, ya que contestó la llamada mientras manejaba. Al otro lado de la pantalla, lo escuchaban, desde sus casas, servidores del despacho judicial, el fiscal del caso y el abogado del procesado. La declaración duró treinta minutos y se suspendió al menos una vez entre dificultades de sonido y distracciones de la calle.
—Disculpe —dijo la jueza—. Está distraído. ¿Con quién está hablando?
—Me estaban golpeando por una ventana que si estaba con servicio y les estaba diciendo que no.
El episodio, curioso, por lo menos, es apenas una muestra de cómo ha funcionado la justicia colombiana durante el aislamiento obligatorio, ordenado desde el 25 de marzo por el Gobierno ante la propagación de la enfermedad COVID-19. La cuarentena le cayó de golpe a una rama Judicial que tenía las herramientas creadas, pero no en marcha para una verdadera justicia digital. La pandemia obligó a suspender términos y el choque inicial se fue superando poco a poco, con medidas anunciadas desde el Consejo Superior de la Judicatura.
Solo funcionaron audiencias con presos, control de garantías, tutelas y habeas corpus; lo absolutamente indispensable. WhatsApp, Zoom, Facebook y Twitter se usaron como herramientas antes de sugerir Teams como la oficial. Del choque inicial se pasó a otras “normalidades”. La Judicatura arrancó un proceso para la firma electrónica, clave para evitar fraudes y suplantaciones, pero el problema del papel sigue latente, pues es una constante en cada pasillo de las instalaciones judiciales del país o en las secretarías de las altas cortes.
El episodio del taxi, además, deja preocupaciones: ¿Qué pasa con la majestad de la justicia? ¿Tienen los juicios virtuales las mismas garantías que los presenciales? ¿Qué hacer para que la urgente necesidad de la rama Judicial de digitalizarse y que los beneficios que ello tiene no deriven en afectación de derechos? La Corte Suprema, en días pasados, dio vía libre a los juicios virtuales, al considerar que no vulneran el debido proceso ni afecta las garantías de los procesados. Pero así no piensan algunos abogados consultados por este diario, quienes creen que se afectan los principios de contradicción, publicidad y defensa.
Por ejemplo, todo procesado tiene derecho a consultar a su abogado de manera privada y la virtualidad no lo está permitiendo. Incluso, a veces es necesario darle a conocer a un testigo una pieza procesal mientras avanza el juicio. Le pasó a Luis*. El fiscal tuvo que enviarle por correo un archivo en el que consignaba su primera declaración a ese ente investigativo. Se tomó varios minutos mientras lo descargaba y lo leía mentalmente. Solo así pudo responder la siguiente pregunta que tenía el fiscal. “Por favor, cierre el micrófono y haga lectura de forma mental”, le dijo el fiscal. Luis seguía en su taxi.
Un proceso penal requiere interacción en el día a día. Un abogado consultado no ha podido revisar el expediente físico (no está virtual) de un proceso que lleva y en el cual, además, le cambiaron hace poco de fiscal. Se perdieron los contactos. No había cómo ingresar a la Fiscalía. “Lo mismo pasa con los expedientes en la Jurisdicción Especial para la Paz. El traslado es un parto, porque son volúmenes muy altos de información (documentos y videos). Nos demoramos unos 20 días (en una solicitud de información)”, dijo el abogado Germán Romero.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Diana Remolina, aseguró a este diario que la virtualidad se está aprendiendo entre todos y que esta, en sí misma, no va en contravía de la majestad de la justicia. “En la vida diaria, la virtualidad amplía la posibilidad de hacer las cosas remotamente, desde donde la persona se encuentre. Ahora bien, es posible que exija también unos estándares o reglas mínimas para el cumplimiento de los fines del proceso. La majestad de la justicia debe ser un concepto asociado con su autonomía e independencia (y) con el respeto de los derechos y las garantías procesales”.
Para los servidores judiciales y abogados consultados por este diario, la pandemia dejó en claro que no todas las diligencias deben ser presenciales y que virtualmente hay más agilidad. Ahora la rama Judicial creó un aplicativo para interponer tutelas y habeas corpus, y múltiples despachos de todo el país crearon cuentas en redes sociales con el ánimo de hacer públicas sus actuaciones y acceder al servicio desde las casas. Pero esta intención, aunque loable, también es vista por los usuarios, abogados y servidores judiciales como evidencia de la falta de una directriz clara desde el Consejo Superior de la Judicatura.
“Unos juzgados van más adelante que otros, pero depende de cada uno, lo hacen de manera informal con los riesgos de las redes sociales”, dijo el penalista Carlos Andrés Gómez, quien presenció el episodio del taxi. Otra fuente explicó que esa exposición virtual permite publicidad de las actuaciones, ya que, por ejemplo, los periodistas han podido acceder a algunas diligencias, pero no se mostró de acuerdo con las redes que, además, son de seguidores.
En su criterio, si se abren cuentas de redes sociales, debe haber un reglamento del Consejo Superior de la Judicatura. Al preguntarle sobre ello, la magistrada Diana Remolina aseguró que se trata de “iniciativas valiosas que muestran liderazgo de los funcionarios judiciales. Esas iniciativas deben converger en las herramientas universales de apoyo a la gestión judicial y en la práctica cotidiana están contribuyendo a allanar el camino que nos está llevando del papel a las plataformas tecnológicas”.
Con este panorama, la justicia reabrió el pasado 1° de julio. Trabajarán de forma presencial máximo el 20 % de los funcionarios y se levantó la suspensión de términos. Los llamados de alerta, sin embargo, fueron inmediatos. “El expediente no está digitalizado, pero ya empiezan a correr los términos”, comentó una fuente. María del Pilar Arango, vocera de sindicatos de la rama Judicial y jueza civil del circuito, cree que la apertura debió ser gradual, como lo propusieron servidores judiciales en medio de la cuarentena. Otro abogado señala: “Me han hecho tres pruebas y se supone que en cada una debo estar 14 días guardado. Si en ese plazo se me está venciendo un término, ¿me van a aceptar las justificaciones? ¿Cómo respondo? ”
También cree que se debió primero hacerse un plan, tercerizado, por etapas, para empezar a volver el papel algo virtual. Y es que, dice Arango, “digitalizar no es escanear”. Se requieren plataformas sólidas que soporten la cantidad de documentos y claves de acceso y medidas de seguridad para garantizar la integridad de los casos. “En Restitución de Tierras eso sí marcha. Yo entro con mi clave y tengo acceso a todo el expediente. Tengo casos en Urabá y Apartadó, y tengo más claro qué hacer (allí) que con los juzgados civiles y con los penales especializados de Bogotá”, dijo el abogado Germán Romero.
Arango tiene entre 500 y 550 procesos, todo en papel, y está convencida de que si la Judicatura hubiera arrancado la digitalización desde 2015, cuando se empezó a hablar del tema, hubieran podido funcionar normalmente en plena cuarentena. El cambio, desde el otro lado de la pantalla, ha sido evidente. Los jueces y sus empleados han tenido que llevarse mamotretos de papeles a la casa y volver oficina sus espacios, con niños, esposos, hijos estudiantes que también necesitan el computador, y asumir los gastos del internet. “Esto no es teletrabajo, es un trabajo en casa como se puede”, dijo Arango. “Nadie me preguntó qué capacidad tenía, estamos dando todo y nos metieron el impuesto solidario (que les reduce su ingreso)”, reclamó otro juez.
¿Los empleados de un despacho deben hacer ese proceso de escaneado ellos mismos? ¿Sin rango industrial? ¿Pueden ir sin exponerse al virus? ¿Irán a trabajar en transporte público? Remolina aseguró que sí hay en marcha un plan de digitalización de expedientes activos y dijo que próximamente se emitirán lineamientos para la gestión electrónica de los expedientes. No obstante, la incertidumbre es grande entre los servidores judiciales. La Sala Penal de la Corte Suprema tuvo que cerrar el viernes pasado, luego de que un magistrado auxiliar diera positivo y en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá se confirmó el primer caso (de un sustanciador) el fin de semana, por lo que los jueces pidieron cerrar sus instalaciones.
Hasta el momento, además, se desconoce el número exacto de servidores judiciales que se han contagiado de COVID-19. El Espectador consultó al Consejo Superior, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. La magistrada Remolina explicó que, “acorde con los protocolos que se han dictado, cuando un servidor judicial es diagnosticado con COVID-19 desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza el cerco epidemiológico para determinar con qué personas tuvo contacto y aislarlos preventivamente. Adicionalmente, se informa de esta novedad a la ARL para el seguimiento respectivo”.
En ese sentido, es claro que los avances judiciales derivados de la virtualidad también exponen desigualdades. A finales de junio un juez tuvo una audiencia con testigos en Sevilla (Valle), otro en el sur de Bolívar y otro en Cartagena, lo que evidencia que la virtualidad ayuda a evitar aplazamientos de audiencias, ahorra tiempo y dinero de viajes y demuestra que muchas diligencias no necesitan ser presenciales. El juicio se pudo hacer a pesar de dificultades técnicas. “El primero tenía un buen equipo, pero el segundo tenía problemas técnicos”, explicó el juez Fredy Machado.
Machado, quien también es vocero sindical, señaló que, en todo caso, la población más vulnerable, que es la que debe tener más ayuda para acceder a la justicia, quedó rezagada en la cuarentena. El funcionario aseguró que se está trabajando a toda marcha, pero que no ve una directriz clara para reanudar funciones justo en este momento. “Estamos haciendo tutelas, hábeas corpus, audiencias, en medio de la improvisación de la Judicatura, que ahora nos hace ir con más de 100.000 contagios. Expidieron un decreto y toda la normatividad, pero eso tiene que venir acompañado de presupuesto”, dijo.
El pasado 1° de julio, a escala nacional, se presentaron 5.498 demandas y 1.297 tutelas. Además, la página de la rama Judicial colapsó y hubo presencia de usuarios en sedes judiciales. “Como es natural, hubo un exceso de tráfico que generó una navegación más lenta, pero al final el resultado es positivo. Incluso los sistemas de información más robustos pueden fallar ante incrementos tan importantes en su uso y vamos a seguir trabajando para que esas incidencias se reduzcan al mínimo y facilitar, en esta nueva fase de la contingencia, la realización de los trámites ante los despachos judiciales”, aseveró la magistrada Remolina.
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