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El día que el presidente de Francia, François Hollande, llegó al Elíseo anunció —fiel a su discurso de austeridad en medio de la crisis— que se rebajaría el sueldo. No sólo él: el recorte llegaría a algunos miembros de su administración. Casi tres meses después, el mandatario no ha podido cumplir su promesa.
Pero no porque Hollande tenga mala memoria o, como tantos otros líderes, postergue el cumplimiento de los anuncios hechos en momentos de efervescencia y calor. La razón es que legalmente no puede. Por el contrario, deberá hacer un aumento. Hollande aprobó la Ley de Finanzas, que determina varias medidas de austeridad en varios frentes de su gobierno, como bajarse su sueldo en un 30%. Esto como ejemplo de un apretón al cinturón en tiempos difíciles, pero el Consejo Constitucional determinó que tal proyecto viola la Constitución.
Según las leyes, Hollande no puede cobrar menos que su antecesor, Nicolás Sarkozy, y tampoco sus ministros, ya que el privilegio salarial se debe conservar, por ley, durante seis meses. El sueldo oficial era de 16.000 euros y el mandatario decidió dejarlo en 13.000. Pero el presidente no piensa incumplir su promesa y ya anunció que hará aprobar “lo más pronto posible” un decreto que autorice su reducción y que se tramitará a través de un reglamento y no en la ley presupuestaria. Tan pronto se emita el decreto, la reducción del 30% será retroactiva.
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