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La forma de hacer política en Colombia requiere modificaciones de fondo. Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), después de cada proceso electoral es necesario hacer ajustes. Sin embargo, desde hace cinco años el país está en mora de mejorar asuntos puntuales relacionados con la cultura democrática. “Desde 2015 estamos en deuda de una reforma política frente a las listas de candidatos que presentan los partidos, la financiación de las campañas y la composición de la autoridad electoral”, aseguró Barrios. A sabiendas de ello, varios parlamentarios coincidieron y presentaron reformas políticas en esta legislatura que inició el pasado 20 de julio y que está, además, atravesada por el deber de legislar en la nueva realidad del coronavirus.
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Son dos proyectos de reforma radicados en el Congreso para este cometido. El primero es una propuesta multipartidista de 24 representantes a la Cámara -varios de ellos menores de 40 años-, cuyos ejes son el fortalecimiento de los partidos políticos y la adopción de medidas para la participación política y electoral de jóvenes, mujeres y población rural. La impulsan José Daniel López, de Cambio Radical; Katherine Miranda, de la Alianza Verde; Gabriel Santos, del Centro Democrático; Adriana Matiz, del Partido Conservador, entre otros.
Esta iniciativa busca que a partir de 2026 el sistema electoral migre por completo a un sistema de listas cerradas (es decir, que la ciudadanía solo pueda votar por la lista completa de un partido y no por candidatos individuales). Que sea una lista paritaria, conformada de manera intercalada por una aspirante mujer y un aspirante hombre, y sus miembros sean militantes del partido escogidos por mecanismos de democracia interna, y que cada tres renglones haya un menor de 35 años, en el caso del Senado, y menor de 30 años en el caso de las demás corporaciones públicas. Además, establece que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal.
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“Se propone una lista paritaria entre géneros porque en eso estamos muy mal. En la Comisión Primera de Cámara, que tiene 38 miembros, solo cuatro son mujeres. Lo importante no es que haya más candidatas, sino más elegidas. Hablamos de relevo generacional para que los congresistas elegidos en la lista cerrada no se atornillen a las curules, y buscamos que con este proyecto se creen nuevos puestos rurales de votación. Ha salido a flote en la pandemia la desconexión entre el sistema de partidos, el Congreso y la ciudadanía. Por eso es pertinente presentar esta propuesta”, dijo el representante José Daniel López al respecto.
El segundo proyecto es de autoría de la bancada en el Senado del Partido Liberal, liderado por el senador caucano Luis Fernando Velasco, y contiene herramientas contra la corrupción política y electoral en Colombia. Con la propuesta anterior comparte que se quiere que la financiación sea preponderantemente estatal. Pero se diferencia en que esta dicta que haya alternancia entre el mecanismo de votación en cada elección: un período operará el sistema de lista cerrada y el otro el voto preferente, así sucesivamente, y además propone que se cree un tribunal especializado en asuntos electorales, se congelen los salarios de los altos cargos del Estado y que todo esto rija a partir de su promulgación.
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Según el documento, la idea de los liberales es que la alternancia entre ambos mecanismos prevenga “la permanencia indefinida de alguno de ellos en el ordenamiento jurídico que conlleve a los defectos que le son connaturales con el paso del tiempo. La lista cerrada es útil para devolver a los partidos y movimientos políticos disciplina programática. Se debe atacar la relación clientelar que predomina en el sistema electoral, así como la personalización de la política, que ha sido estimulada por el voto preferente”, argumentan. La idea, sin embargo, genera crítica porque ese sistema de alternancia entre mecanismos electorales puede generar desorden, dicen algunos.
¿Son suficientes las propuestas? Para Alejandra Barrios, la implementación de la lista cerrada paritaria es una herramienta clave para avanzar en la representación y la participación efectiva de las mujeres en la política. “Esto alivia los escenarios de poder y genera escalones para el género, porque el partido se ve obligado a acompañarlas y formarlas”, dijo. Pero no solo es clave para la inclusión paritaria, sino también para enfrentar los males de la corrupción en las campañas, que se dan en gran medida por la desbordada financiación que buscan los candidatos, algo que pone en peligro la democracia.
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“Antes el Proceso 8.000, hoy Odebrecht y la ñeñepolítica evidencian que no hay forma de hacerles seguimiento total a los dineros que ingresan a las campañas. Se deben cerrar las listas. Y, además, aunque hoy la financiación es estatal, solo se entrega finalizada la campaña política (algo que se puede demorar uno o dos años). Con la lista cerrada, el Estado puede entregar la plata al partido -que es el que tiene que responder por la financiación de sus fórmulas- en la campaña, no después”, expresó. Mejor dicho, lo que hace este sistema es filtrar los dineros y las responsabilidades al partido o movimiento político, facilitando el proceso democrático.
Y sobre la propuesta del cambio generacional, Barrios afirma que esta no debería ser una medida obligatoria porque las organizaciones políticas deben poder definir a qué público quieren seducir con su perfil e ideología. “Consideramos que las otras reglas deben ser el resultado de discusiones democráticas en el interior de las colectividades. La regla de la juventud por sí misma no dice nada. La edad no es un componente propio del liderazgo. De pronto algunos partidos no quieren apuntar su discurso a los jóvenes, pero sí a los afros e indígenas. Es decir, estas medidas deben adoptarlas, pero no por ley”.
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A pesar de las diferencias, lo cierto es que una reforma política en estos momentos sí es crucial para avanzar en la cultura democrática. Aunque ambas propuestas apenas van a iniciar su trámite en el Legislativo, cuentan con una oportunidad relevante en este tercer año del Congreso para ser discutidas. Esta vez la reforma política se podrá gestionar a la par de la reforma al Código Electoral, que busca actualizar las reglas operativas de los escrutinios, que data de 1986. Y como expusieron varios parlamentarios, si no se debate en este momento, después el país va a estar enfocado en las elecciones presidenciales de 2022 y esta discusión tendrá que aplazarse, otra vez.
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