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Hace varios meses, un juez federal tramitaba una serie de casos de tráfico de migrantes en la bulliciosa ciudad fronteriza de Laredo, Texas, cuando tres personas fueron escoltadas a la sala.
Como eran inmigrantes indocumentados, explicó el juez, los iban a enviar a la cárcel. Pero no se les imputaba ningún delito. Más bien, se les requeriría declarar contra las personas acusadas de ayudarlos a entrar en Estados Unidos.
La audiencia duró menos de cinco minutos. Las tres personas nunca hablaron, ni para hacer preguntas ni para explicar por qué habían hecho el viaje ilegal a través del río Bravo. A continuación fueron conducidas a la cárcel, donde se unieron a una larga lista de personas —casi 104.000 desde 2003— que han sido detenidas en calidad de testigos materiales en procesos penales federales.
La ley que permite la detención de testigos en casos penales se remonta a la presidencia de George Washington. Sin embargo, su uso moderno más frecuente ha sido a lo largo de la frontera mexicana en tanto que los sucesivos gobiernos han priorizado el procesamiento judicial de los casos de tráfico de personas, según un análisis realizado por The New York Times de los datos del Servicio de Alguaciles de EE. UU. obtenidos a través de una solicitud de registros públicos.
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La cifra anual de detenidos aumentó por primera vez durante el gobierno de George W. Bush, alcanzó un máximo de más de 8500 en la presidencia de Donald Trump, descendió con el inicio de la pandemia y repuntó el año pasado en la presidencia de Joe Biden, con casi 5000 personas encarceladas, según muestran los datos. Las detenciones en los cuatro primeros meses de 2023 aumentaron un 30 por ciento en comparación con el año pasado.
A pesar del número elevado y de que las detenciones a veces son prolongadas —casi 850 personas detenidas a lo largo de la frontera en la última década han estado confinadas 180 días o más—, los testigos son poco más que una nota a pie de página en el enconado debate sobre la inmigración no autorizada. Y desempeñan un papel clave, aunque invisible, en los procesos judiciales por tráfico de migrantes.
Aunque las detenciones prolongadas de testigos materiales “les priva del debido proceso”, dijo Kenneth Magidson, fiscal federal del Distrito Sur de Texas durante el gobierno de Barack Obama, las personas que “entran de forma ilegal al país tienen que hacer frente a ciertas consecuencias, y esta es una de ellas”.
“Podrías ser un testigo material, y puedes ser deportado, o puedes ir a la cárcel”, dijo.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que los detenidos “brindan testimonio indispensable” y son “retenidos solo el tiempo necesario para garantizar una resolución justa de estos casos”.
Pero el Departamento de Justicia y los tribunales federales no han desarrollado un enfoque uniforme para tratar a los testigos, incluso cuando los delitos relacionados con la inmigración han llegado a dominar los expedientes de los tribunales federales (el 56 por ciento de las condenas federales en los últimos cinco años involucraban delitos de inmigración). Esto ha creado un desorden de normas locales, órdenes permanentes y reglas no escritas a lo largo de la frontera.
En la última década, las ciudades fronterizas del sureste de Texas han retenido a más testigos —y, en promedio, los han retenido más tiempo— que cualquier otro lugar del país, según muestran los datos del Servicio de Alguaciles. En esa región, que forma parte del Distrito Federal Sur de Texas, la ley de testigos materiales se ha aplicado de forma irregular, a menudo con poca consideración hacia el debido proceso, según un análisis de las detenciones realizado por el Times.
En algunas partes del distrito, que se extiende de Laredo a Houston, los jueces federales han hecho caso omiso de una parte de la ley que requiere que se programe con rapidez la declaración de los testigos, a menudo mediante grabaciones de video, y que se les libere rápidamente. En muchos casos, los abogados de oficio han animado a los detenidos a renunciar a las audiencias en las que podrían solicitar su liberación, y los jueces los han retenido regularmente mucho más allá de los límites de 30 y 45 días establecidos en otros tribunales federales a lo largo de la frontera.
En Laredo, eso significa quedarse en la cárcel un promedio de 13 semanas.
“Te dejan ahí y ahí te abandonan”, dijo Yordy Emmanuel Larios-Vargas, un inmigrante mexicano que estuvo detenido más de ocho meses el año pasado.
Los testigos a menudo son encarcelados y no llegan a rendir testimonio en ningún momento. De los más de 30.000 casos de tráfico de personas de la última década, alrededor del 1 por ciento llegaron a juicio, porque la gran mayoría de los acusados se declararon culpables, según datos de los tribunales federales. Y como los acusados con cierta frecuencia son ciudadanos estadounidenses, a menudo quedan en libertad bajo fianza u otras condiciones establecidas por el tribunal, aunque los testigos permanezcan detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional no lleva un registro de los inmigrantes retenidos como testigos, por lo que no dispone de datos sobre cuántos de ellos solicitan asilo después de que los dejan en libertad. Según la ley de inmigración, los testigos tienen permitido solicitar asilo. Pero a menudo, dicen ellos y sus representantes, quienes tienen intención de solicitar asilo no lo hacen, porque el proceso es confuso.
Muchos de los que vuelven a su país encaran la perspectiva de enfrentarse a los mismos coyotes contra los que se vieron obligados a testificar. Un funcionario del Consulado de México en Laredo dijo que brindar testimonio era de “alto riesgo”, y añadió que “los grupos de delincuencia organizada saben que están ayudando al caso”.
En otros procesos penales, incluidos los relacionados con la trata de personas, el gobierno a veces ofrece visas especiales a los extranjeros que ayudan a hacer cumplir la ley. Pero los testigos materiales en casos de tráfico migrantes rara vez pueden acogerse a este beneficio y a menudo se considera que han cometido un delito, aunque no sean acusados.
Cuando los inmigrantes son llevados a juicio por entrar de forma ilegal en el país, suelen recibir condenas leves, como descontarles el tiempo cumplido en detención preventiva. En el gobierno de Biden, es raro que los fiscales de la frontera presenten cargos a delincuentes sin antecedentes, que constituyen una gran parte de los testigos, pues su historial hace que les vaya bien con los jurados.
“Lo bueno es que no se te imputa ningún delito”, dijo Julio García, un abogado de Laredo especializado en testigos materiales que representó a Larios-Vargas. “Lo malo es que probablemente vas a pasar más tiempo detenido” que si te acusaran.
A pesar de que no se les presentan cargos, los testigos no reciben un trato distinto al de los delincuentes. Llevan el mismo uniforme y cuando están en tránsito deben ir esposados de manos y tobillos, dijo Anthony Zertuche, el sheriff que supervisa el Centro de Detención Regional del condado de LaSalle, donde está detenida la gran mayoría de los testigos materiales de Laredo.
Una mujer guatemalteca de 26 años fue encarcelada cerca de McAllen en calidad de testigo en 2014, cuando estaba embarazada de cinco meses, según documentos judiciales y notas del caso compartidas con el Times por su abogado de inmigración.
Dio a luz mientras estaba detenida, atada con abrazaderas de plástico y con alguaciles de vigilando en la sala de partos. Dos días después, dejó a su bebé con el médico en el hospital mientras los agentes la llevaban de vuelta a la cárcel. “Lloró sin consuelo”, según las notas de su abogado, y no volvió a reunirse con su bebé sino hasta dos meses después.
Finalmente, el traficante de su caso se declaró culpable, por lo que ella no llegó a declarar y fue puesta en libertad tras 180 días detenida, el mismo tiempo de sentencia que recibió su coyote.
Una vieja ley con un nuevo propósito
La facultad de detener a testigos materiales fue aprobada durante la primera sesión del Congreso, en 1789, y modificada con leyes de reforma de la libertad bajo fianza, la última de ellas en 1984. Actualmente, figura en la sección del Código de EE. UU. dedicada al procedimiento penal.
Durante la mayor parte de su existencia, la ley se ha aplicado en procesos en los que los testigos podían haber sido participantes o víctimas en los delitos, o temían a los acusados: casos de violencia de pandillas, por ejemplo, delincuencia organizada o agresiones sexuales. La ley atrajo escasamente la atención pública cuando fue invocada para detener a sospechosos en investigaciones sobre terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre, lo que según los críticos fue un abuso.
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En los últimos 10 años, la ley se ha utilizado casi exclusivamente para ayudar a procesar casos de tráfico de personas a lo largo de la frontera con México. Casi 20.000 testigos fueron detenidos en el Distrito Sur de Texas, según los datos del Servicio de Alguaciles, frente a solo 14 en el Distrito Sur de Nueva York, que incluye partes de la ciudad de Nueva York y algunos condados vecinos, donde los casos de tráfico de personas son poco habituales.
John Scalia, un estadístico sénior del Servicio de Alguaciles de EE. UU., dijo que tenía un “alto grado de certeza” de que todos los testigos detenidos a lo largo de la frontera estaban relacionados con el tráfico de personas, aunque la agencia no hace un seguimiento formal de esa información.
A menudo, los testigos materiales se ven acorralados por prioridades gubernamentales contrapuestas.
Es posible que los jueces, fiscales y abogados defensores quieran que se queden en el país el tiempo suficiente para que testifiquen, mientras que las autoridades de inmigración pueden deportarlos antes de que concluya la causa penal. Los fiscales temen que la pérdida de testigos —o incluso el uso de declaraciones por video— debilite los casos, porque los acusados tienen el derecho constitucional a enfrentarse a las personas que testifican contra ellos. El simple hecho de contar con testigos ayuda a conseguir que los coyotes se declaren culpables.
Ryan Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas durante el gobierno de Trump, dijo que era difícil exagerar el valor de los testigos, que a menudo proporcionan la única evidencia en los casos de tráfico de migrantes.
“Los testigos materiales son importantes, no solo porque puedo presentar un caso directamente contra el chofer del camión, sino porque a menudo también pueden dar información muy valiosa que conduce a los escondites, cómo cruzaron la frontera, quién está facilitando su cruce”, dijo.
A lo largo de los años, las sentencias de los tribunales federales, entre ellos la Corte Suprema, han ratificado la ley. La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, tras una revisión en 2014 del uso del estatuto después de los ataques terroristas de 2001, reconoció en un resumen de sus conclusiones que la ley era a la vez “poderosa y a veces polémica” porque confería la capacidad extraordinaria de detener a alguien indefinidamente, “aunque no haya pruebas suficientes para sustentar la imputación de un delito contra la persona”.
Entre los esfuerzos realizados en los últimos años para hacer menos oneroso el proceso de detención están la grabación previa de los testimonios y la entrega de los testigos a sus familiares mientras esperan el juicio. Pero los cambios han sido poco sistemáticos.
En Nuevo México, casi todos los testigos materiales son liberados rutinariamente para que se queden con un miembro de la familia o en una casa de acogida, dijo Barbara Mandel, la defensora pública federal sénior en Las Cruces. Kenneth J. Gonzales, un juez federal de distrito en Nuevo México que anteriormente trabajó como fiscal, dijo que los testigos liberados suelen presentarse al juicio.
En Laredo, hay poco tiempo para consideraciones individuales debido a la cantidad de casos de inmigración. El Distrito Sur de Texas detuvo a poco más de un tercio de todos los testigos materiales a nivel nacional desde 2013, pero representó el 85 por ciento de los que estuvieron detenidos durante al menos 90 días.
“Los sistemas están desbordados, saturados, haciendo triaje constantemente”, dijo David Donatti, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que en 2020 demandó al alcaide del centro de detención de LaSalle, con el argumento de que los testigos materiales habían sido encarcelados sin el debido proceso. La demanda fue desestimada.
Los abogados dicen que, en última instancia, son los jueces quienes toman las decisiones que mantienen detenidos a los testigos. Pero el juez jefe del Distrito Sur de Texas, Randy Crane, dijo en una entrevista que el poder para cambiar el sistema recae en el Departamento de Justicia. “Presionamos todo lo que podemos, pero es el poder ejecutivo el principal determinante del tiempo que alguien pasa detenido”, comentó.
‘Quererme quitar la vida’
El año pasado, días después de que Nohemy, que huía de la violencia de las pandillas en El Salvador, cruzó la frontera, los agentes federales de Texas la encarcelaron como testigo material. Mientras estaba detenida cerca de McAllen, se encontró con su coyote, que la amenazó de muerte si les contaba a las autoridades sobre él.
En cuanto tuvo acceso a un teléfono, llamó a su esposo, presa del pánico. “A nadie le vas a dar información de dónde estoy”, recuerda que le advirtió. “Di que no sabes nada”.
Nohemy, de 30 años, pidió ser identificada solo por su segundo nombre, ya que teme por su seguridad. La historia de su viaje desde El Salvador y del trato que recibió allí y en Estados Unidos se corroboró a través de documentos judiciales, datos de los alguaciles de Estados Unidos y entrevistas con su esposo y su abogada de inmigración.
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Nohemy dijo que nunca quiso irse de El Salvador, donde creció, se casó y envió a sus tres hijos a una escuela cercana. Había sido una vida tranquila y pacífica hasta 2019, cuando una pandilla local empezó a amenazar a su familia después de que su hijo mayor, que entonces tenía 9 años, fuera testigo de un asesinato.
Su esposo y su hijo se marcharon primero. Ella y sus dos hijos menores esperaron a ver si su esposo conseguía asilo, lo que les permitiría reunirse de manera legal con él en Estados Unidos. Durante un tiempo la actividad de las pandillas desapareció y ella se sintió esperanzada.
Pero a principios del año pasado volvieron los problemas. Un pandillero acosó sexualmente a su hija de 10 años y otro amenazó con matar a su hijo de 7 años. Una noche de marzo, unos hombres agredieron a Nohemy en la puerta de su casa.
Sintió que ya no podía esperar y decidió viajar de forma ilegal a Estados Unidos.
Según Nohemy, durante su detención solo tuvo noticias de su abogado de oficio una vez, en su primer día en la cárcel; esta queja de falta de atención se repitió en las entrevistas con otros testigos materiales.
“Yo le preguntaba a los oficiales que si había algún proceso”, dijo. “Y me decían ellos que ellos no sabían nada”.
A medida que pasaba el tiempo, se desesperaba cada vez más. Se quiso “quitar la vida”, dijo.
Al final, el coyote se declaró culpable y Nohemy no tuvo que declarar. Poco después de su liberación, por consejo de Julia Toro, la abogada de inmigración de su esposo, se reunió con él en otro estado, donde su marido tenía un proceso de asilo pendiente.
Muchos inmigrantes detenidos no tienen esa oportunidad porque su acceso a abogados y otros recursos es limitado, dijo Jennifer Ibañez Whitlock, de la Asociación estadounidense de Abogados de Inmigración. La mayoría de los casos de inmigración de testigos materiales se ponen en pausa mientras están en el sistema de justicia penal, y se reanudan solo después de que son puestos en custodia de inmigración.
Quienes ocupan puestos de poder reconocen las frustraciones con el sistema. Patrick, el que fuera fiscal federal en el gobierno de Trump, dijo que “todos los involucrados están tratando de hacer lo mejor que pueden con los recursos que hay”.
¿El sistema funciona? “No creo que haya una respuesta correcta, aparte de que es el sistema que tenemos”, dijo Patrick.
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