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Este Gobierno y su partido tienen un talante especial para manipular los números sobre derechos humanos a fin de maquillar la realidad en esta materia y hacerla ver infinitamente menos grave de lo que es.
Los asesinatos de civiles presentados falsamente como muertos en combate fueron por lo menos 6.402 entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, Auto 033, Sala de Reconocimiento, feb. 12). La Fiscalía le había reportado a la JEP 2.248 víctimas de estos mal llamados “falsos positivos” entre 1988 y 2014. El jefe del partido de gobierno, Álvaro Uribe, dijo que el dato de la JEP “es una declaración sesgada y además uno se desconcierta mucho al ver la diferencia en cifras”. Habrían bastado las 2.248 víctimas registradas por la Fiscalía para que se desconcertara. Además de desconcertarse, resolvió atacar a la JEP y defenderse en relación con tales crímenes, a pesar de que el Auto 033 no lo menciona. “Excusa no pedida, acusación manifiesta”, decían los antiguos.
El ministro de Defensa hizo eco a los reclamos de su jefe. En su opinión, “las cifras que active o desarrolle la JEP deben considerar las fuentes oficiales como la Fiscalía”. Cabe advertir que la JEP consideró las fuentes de la Fiscalía y, al contrastarlas con otras informaciones, concluyó que estas víctimas fueron por lo menos 6.402.
Esta obsesión por reducir a la brava las cifras es una constante de los gobernantes actuales del país. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de febrero, el Gobierno reconoció apenas 219 asesinatos a miembros de la Unión Patriótica, de 6.002 que reportó la Comisión Interamericana. La magnitud de este genocidio es un hecho inocultable. La mezquindad del Gobierno para aceptar sus dimensiones protege a los criminales en relación con uno de los ultrajes más ignominiosos de nuestra historia, contradiciendo la Constitución, que prescribe que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
No es de extrañar por ello que el presidente y el fiscal anunciaran el pasado 3 de febrero que las cifras de muertes de líderes sociales, incluidas las de Procuraduría y Defensoría, se unificarán de ahora en adelante con base en las investigaciones de la Fiscalía. Para el Gobierno, el año pasado hubo 66 asesinatos de esta naturaleza (más 63 por verificar por Naciones Unidas, que ha dicho que sus cifras “constituyen apenas una muestra de los casos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”). La Defensoría registró 182 y organizaciones sociales reportaron un número superior a 300.
Más allá de las cifras, lo importante es asumir, como lo dice el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, divulgado el 23 de febrero, que el asesinato de defensores y líderes en nuestro país es grave, que va en aumento y que las políticas para enfrentarlo son insuficientes. Hacer malabares con las cifras para minimizar el problema, en vez de resolverlo, lo agrava, como se ha visto en estos años. Es simplemente negacionismo. ¿En qué manos estamos?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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