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“El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya ha socavado los derechos humanos en el país y en todo el mundo”. Así, tajante, lo resume la organización Human Rights Watch, que ha monitoreado las políticas del mandatario republicano en materia social, migratoria y militar, entre otros ámbitos.
En la Casa Blanca no se ha perdido un segundo: desde su investidura, el 20 de enero pasado, el presidente Trump ha firmado una ola de órdenes ejecutivas para revertir el “caos” que, según él, dejó su antecesor, Joe Biden, en la frontera y la “invasión” de ciudadanos extranjeros al territorio estadounidense. El problema es que, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso para algunos administradores de justicia, esto a menudo se ha hecho pisoteando los derechos humanos.
Con el cierre y la militarización de la frontera con México, vinieron otras medidas que restringieron el derecho a la solicitud de asilo y acabaron con alternativas que habían sido puestas en marcha para una movilidad humana segura, como la aplicación CBP One. Esto representó un nuevo parteaguas que, de nuevo, según organizaciones humanitarias y expertos en migración, pone en riesgo cientos de vidas en un paso fronterizo en el que organizaciones independientes como el Colibri Center calculan que cerca de 10.000 personas han muerto en los últimos 30 años. ¿Por qué? Restringir la migración solo empuja a las personas a buscar rutas más inseguras, cooptadas por redes criminales o a quedarse en contextos inseguros (los mismos de los que intentan huir al migrar). Así lo documentamos en el especial “Migrar en tiempos de Trump, el limbo de un sueño roto”, que en mayo exploró los primeros impactos de las medidas migratorias de esa administración, que sigue disponible en nuestra página web.
En esta cruzada, incluso quienes tenían un estatus legal en el país han sido afectados. De acuerdo con una publicación de la radio pública de Estados Unidos (NPR), “más de 1,6 millones de inmigrantes han perdido su estatus legal en los primeros 11 meses de la presidencia de Trump”. La cifra, continúa, “incluye a personas que solicitaron y fueron aceptadas para entrar al país mediante una amplia variedad de programas de permisos de inmigración, visas, asilo y estatus de protección temporal. Esta cifra supera a la población total de Filadelfia”, con el agravante de que es probable que haya un subregistro.
El Gobierno ha justificado estas medidas —reforzadas con redadas para detener inmigrantes— diciendo que el erario no soporta más la carga fiscal “de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país”, pese a que se trata de ciudadanos que se habían acogido a programas de regularización. La afirmación, además, olvida que la población migrante también produce y tributa. “Los inmigrantes impulsan el crecimiento económico general al expandir la fuerza laboral y aumentar el gasto de consumo”, concluía el Migration Policy Institute en un análisis que el año pasado también citaba datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que, antes de todo el remezón, estimaba que “el mayor nivel de inmigración esperado entre 2024 y 2034 aumentará el producto interno bruto [de Estados Unidos] en USD 8,9 billones”.
El trabajo de la administración está lejos de terminar. La agencia Reuters informa que el Gobierno, que desde enero ha deportado a más de 600.000 personas, “se está preparando para una ofensiva migratoria más agresiva en 2026 con miles de millones de dólares en nuevos fondos, que incluirán redadas en más lugares de trabajo, incluso mientras crece la reacción antes de las elecciones de mitad de período del próximo año”.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, le dijo a la agencia informativa que los planes para el próximo año “absolutamente” incluyen más acciones de cumplimiento en los lugares de trabajo, lo que de alguna forma reconoce a la inmigración como parte importante en la fuerza laboral.
La misma publicación resalta que el índice de aprobación sobre la política migratoria de Trump ha caído del 50 % en marzo al 41 % a mediados de diciembre. Así como lo fue en campaña, este asunto será esencial en las votaciones de medio término, que serán en noviembre.
Al menos ya lo fue en Nueva York, donde el mes pasado fue elegido alcalde el demócrata Zohran Mamdani, ugandés de origen y el primer musulmán en llegar al más alto cargo ejecutivo de la ciudad. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, dijo tras su victoria.
La ciudad, además, desde tiempos de Joe Biden, ha sido nada menos que el epicentro de las protestas estudiantiles por la ofensiva de Israel contra Gaza. Derivado de esto, en la actual administración, también ha sido el escenario de casos de persecución contra estudiantes extranjeros abanderados de la causa palestina, con el de Mahmoud Khalil como el más emblemático y convertido en una intensa disputa jurídica.
En la mira de la administración también han estado los medios de comunicación. Uno de los episodios más sonados fue el retiro de las acreditaciones de prensa local y extranjera en el Pentágono luego de que los medios se negaran a acatar las normas para el cubrimiento de la información de defensa, por considerarlas contrarias a la libertad de expresión. Por ejemplo, se contemplaba la expulsión de periodistas que intenten divulgar información no aprobada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, así no esté clasificada.
Además de intimidación judicial contra la prensa y luego de que en marzo se cortara la financiación pública a medios como Voz de América y Radio Martí (que transmitía noticias a la isla de Cuba), el plan del Ejecutivo para recortar USD 9.000 millones en ayuda exterior y radiodifusión pública fue aprobado por el Congreso en julio de este año.
Eso fue pocos días después de que se consumara otro golpe: el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Mientras que más del 80 % de sus programas fueron cancelados en marzo, el resto fue asumido por el Departamento de Estado a mediados de año. Asimismo, Washington suspendió sus aportes a instituciones multilaterales que protegen a los refugiados como la UNRWA y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud.
De esta manera, la afectación para la población migrante y refugiada no ha sido resultado exclusivo de la política directa de Estados Unidos, sino también de la suspensión de las labores de entidades y programas que se impulsaban con los recursos de cooperación.
Finalmente, la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos han sido otro de los blancos del actual gobierno. HRW resaltó los informes de prensa según los cuales las embajadas recibirían instrucciones para documentar si los gobiernos están implementando políticas a las que el gobierno de Trump se opone, “como si fueran violaciones de derechos humanos”. Según la organización, “estas incluyen políticas gubernamentales para mejorar el acceso a servicios de aborto y atención de afirmación de género, así como iniciativas para promover la diversidad, la equidad y la inclusión”.
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