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El gerente general de Bananeras de Urabá S.A.S, Jorge William Restrepo, lo confirmó: la certificadora europea Flocert retiró a la empresa del sistema de certificación del comercio justo (Fairtrade). Por esa vía, la compañía bananera recibía una prima de casi $1 millón de dólares anuales que eran destinados a la Corporación Rosalba Zapata –lleva el nombre de una de las propietarias de la empresa–, a través de la cual se patrocinaban actividades sociales para la comunidad del Urabá Antiqueño.
En entrevista con un medio radial local, Apartadó Stéreo, el gerente indicó que con esta decisión los afectados no son los directivos de la compañía, ni los dueños, sino los trabajadores, sus familiares y la región como tal. “Con la descertificación son las comunidades de la región quienes más se afectan, pues con esos recursos podíamos realizar nuestro proyecto de vida digna para el adulto mayor, el mejoramiento de las instituciones educativas, el apoyo a la cultura de Urabá, el apoyo a personas vulnerables en condición de discapacidad, e infinidad de actividades meritorias en pro del bienestar de muchas familias de Urabá”, señala la compañía en un documento.
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Pero, ¿por qué quitarle la certificación a una empresa así? Porque la certificadora internacional Flocert conoció las últimas sentencias del Tribunal Superior de Antioquia, que dan cuenta de actuaciones cuestionables e irregulares por parte de la compañía bananera. En esa instancia judicial, el pasado 12 de marzo, se determinó la restitución de 14 predios a familias campesinas en la vereda California, corregimiento de Nueva Colonia (en Turbo), ocupados y explotados por esa empresa bananera. Además, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Rosalba Zapata y a Felipe Echeverry Zapata, su hijo, para esclarecer si tienen responsabilidad en los despojos en favor de Bananeras de Urabá S.A.S.
Igualmente, el Tribunal de Antioquia pidió que se investigara la presunta participación de empresarios bananeros accionistas de Bananeras de Urabá S.A.S, de Banacol y Uniban, para determinar si su actuar puede configurar un posible concierto para delinquir, por financiación voluntaria a grupos paramilitares.
No es la primera vez que Zapata y Echeverry son mencionados como posibles financiadores del paramilitarismo en Urabá. En 2012, el excomandante del Bloque Bananero, Raúl Hasbún, le entregó un listado de empresarios que, según él, habrían hecho aportes al grupo armado, entre los cuales se encontraban los propietarios de Bananeras de Urabá S.A.S. A eso se suma que ambos fueron asociados de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, nombre que adoptó la convivir Papagayo. Aunque esa empresa fue legal, varios fallos judiciales han demostrado que esa organización le entregaba dineros a los paramilitares provenientes de los aportes de empresarios bananeros de la región. Incluso varios de sus dirigentes han sido condenados por la justicia, son los casos de Arnulfo Peñuela Marín, Antonio Epistanio Arboleda y Jesús Alberto Osorio Mejía.
“Hacemos parte de la mejor actividad que pueda desarrollarse en la zona, Bananeras de Urabá es sostenibilidad y compromiso social, donde la gente ve dificultades nosotros vemos oportunidades. Desafortunadamente, eso que nos hace visibles nos ha hecho ganar personas que nos quieren atacar. Un juez de restitución recicló algo que ya había sido fallado por la justicia y la Fiscalía, y falló en contra nuestra. Sabemos que mientras demostramos que esa decisión fue manipulada, habrá consecuencias”, afirmó el gerente William Restrepo a Apartadó Stereo.
Bananeras de Urabá S.A.S. sigue catalogado las decisiones judiciales y comerciales en su contra como el resultado de “una campaña de desprestigio por parte de algunos movimientos sociales, desconociendo la gran labor que durante 57 años han adelantado con las comunidades”. Sin embargo, en el más reciente auto del Tribunal (29 de mayo de 2020), quedó constancia de algunos incumplimientos por parte de la principal empresa de comercio de banano de Urabá.
Una semana después de la sentencia del 12 de marzo, se declaró el estado de emergencia en el país por el COVID-19, por lo que no se pudo efectuar la entrega material de los predios. Entonces, Bananeros de Urabá S.A.S decidió que los abandonaría y, a su vez, los cultivos de banano allí plantados, a sabiendas de que podría representar riesgo fitosanitario en las plantaciones, deterioro de los terrenos y riesgo de saqueo por parte de moradores de la zona que aprovechan la pandemia para hacer explotación indebida de predios.
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La actuación de la compañía no fue bien vista por el Tribunal, el cual indicó que “no era dable que la sociedad abandonara el predio ya que debe entregarlo en la forma dispuesta, por lo que por ahora diáfano resulta que su conducta se muestra adversa a lo decidido en la sentencia (del 12 de marzo) y a la medida sanitaria y de orden público que en su momento y actualmente rige, y pese al riesgo que su actuar genera, se obró a sabiendas de ello y del resultado lesivo que puede producir no solo en los bienes inmuebles restituidos sino en el medio ambiente”.
Por esto, decidió abrir un incidente para verificar si hay lugar a imponer una sanción por incumplimiento a orden judicial en contra de Rosalba Zapata. Asimismo, se requirió que Bananeras de Urabá prosiga con la administración de los inmuebles restituidos, mientras se levanta la suspensión de términos y se logra concretar la entrega material, pues el inicio del incidente no la releva de su acatamiento.
Una vez más, se ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que, de considerarlo pertinente, investigue posibles conductas de tipo penal, tanto por fraude a resolución judicial, como por la contingencia creada frente al medio ambiente ante la inminente propagación de un hongo (Fusarium oxysporum f. sp. cubense. R4T), que puede configurar enormes daños a los recursos naturales de la región.
Aun así, en una reciente entrevista en dicho medio radial, Rosalba Zapata manifestó: “Somos inocentes, lo que hemos hecho es generar empleo y sacar la cara por este país. Lo que cometió Flocert con nosotros es un atropello, por darle la razón a un magistrado que ni siquiera ha ido a contrastar las versiones en el territorio”. Mientras tanto, los campesinos beneficiados con las recientes determinaciones judiciales, que llevan décadas luchando por recuperar sus predios, esperan pacientes, con la ilusión intacta, que la pandemia pase y, por fin, les devuelvan sus tierras.
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