‘En Barranquilla me quedo’

¿Qué haría usted si es comerciante, lleva varios años inscrito en la cámara de comercio de la ciudad y busca llegar a la junta directiva en una elección democrática? Como en un tradicional proceso electoral, tendría que salir a buscar los votos de otros comerciantes. Pero, ¿cómo reaccionaría si en medio de ese recorrido se topa con que sus competidores cuentan con el sorpresivo apoyo de más de 1.400 empresas creadas en menos de tres meses, muchas de ellas con la misma razón social, la misma dirección, el mismo teléfono y que aparentemente funcionan en casas donde tan sólo viven familias que venden helados?

La historia se empezó a tejer a mediados de 2012, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en ese entonces bajo la dirección de José Miguel de la Calle, encontró varias irregularidades en la conformación y existencia de 1.483 sociedades por acciones simplificadas (SAS), todas ellas votantes en la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, conocida por tradición e historia como la matriz que dicta la hoja de ruta de las decisiones más importantes en materia de desarrollo comercial de la capital del Atlántico.

Y lo iba a hacer por los siguientes dos años, hasta 2014, si las pruebas que reunió la Superintendencia no hubieran sido tan contundentes: los afiliados a la CCB pasaron de ser, en promedio, 2.000 a 5.000. El 100% de las 1.483 SAS tan sólo tenía 72 representantes legales, algo nunca antes visto, y todas votaron efectivamente en las elecciones del 5 de junio de 2012 con 0% de abstención, cuando el histórico demostraba que cerca del 40% de los activos votantes nunca llegaban a las urnas. Entonces la junta, donde se posesionaba a ilustres empresarios costeños, tuvo que ser anulada. En ese momento comenzó toda una novela de resoluciones, acusaciones, tutelas, jueces y tribunales que podría tener punto final la próxima semana.

En Colombia hay 57 cámaras de comercio y su junta directiva se elige cada dos años. En cada una de ellas hay dos tipos de miembros: inscritos y afiliados. Los primeros son comerciantes, personas naturales o jurídicas que tienen derecho a adquirir un estatus superior y convertirse en afiliados. Estos últimos tienen beneficios, como ejercer un derecho político, que es poder votar en las elecciones de la junta directiva o candidatizarse para integrarla. Alguien que no sea afiliado no puede hacerlo.

Entonces los afiliados que quieran hacer parte de la junta tienen que hacer proselitismo político para conseguir votos. “En Barranquilla unos señores consideraron que eso era muy difícil y que las cuentas no les daban porque no tenían tantos posibles adeptos en esa lista. Dijeron: aseguremos esto. ¿Cómo? Empecemos a crear compañías. Inscribimos en el registro mercantil y pagamos la cuota y las afiliamos, de manera tal que nosotros creamos los votos y ponemos a todas esas compañías a votar por nosotros”, relata refiriéndose al caso Pablo Felipe Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio y heredero de la investigación de De la Calle.

Fue así como, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente regulador, se crearon las 1.483 SAS. “Los tipos dijeron: si creamos dos o tres no hacemos nada. Tenemos que crear una cantidad de firmas que voten estratégicamente por nosotros”. Una jugada que el propio Robledo resume diciendo: “Esa gente que quería pertenecer a la junta directiva no buscó el censo que había, sino que creó sus propios sufragantes. Eso es lo más parecido a sacarle cédula a menores de edad o poner a votar muertos. Un trasteo de votos”, advierte.

La indagación desembocó en varias conclusiones inocultables con nombres propios: Eduardo Antonio Santamaría de la Hoz aparece como representante legal de 41 SAS que ejercieron el poder de voto; Carlos Enrique Pallares Zambrano, titular de 40 SAS, también; Edwin Enrique Solano Vargas, propietario de 30 SAS sufragantes electoras; Jaime Antonio Sánchez Bolívar, creador de 21 SAS presentes en la votación del 5 de julio de 2012. Pero el que más ha llamado la atención de la Superintendencia y de los otros comerciantes que alertaron sobre el supuesto fraude fue el nombre de Samuel David Tcherassi Solano, dueño de la marca de ropa para niños EPK, hermano de la diseñadora de modas Silvia Tcherassi, reconocido empresario barranquillero y quien a la vez fue elegido presidente de la cuestionada junta.

Antes de diciembre de 2011, Tcherassi Solano tenía cuatro empresas registradas en la CCB, y tras la revisión de la Superintendencia se estableció que él mismo creó 46 SAS entre enero y marzo de 2012, fecha límite para poder participar en las votaciones. A eso se sumó toda una red de empresas que, de acuerdo con un cruce de información hecho con los nombres de los representantes legales, establece que de las 1.483 nuevas SAS hay 429 relacionadas con Tcherassi Solano, teniendo en cuenta que muchas de las personas que firmaron como representantes legales son empleadas de la firma EPK. Y para sumar, el mismo Tcherassi Solano le reconoció al diario La República que la cifra era superior: eran 629 firmas las que estaban relacionadas con él.

El número de empresas no fue lo único que atrajo la atención de los investigadores. Les interesó la razón de que un empresario dedicado al negocio de los textiles y la ropa abriera firmas relacionadas con actividades económicas como construcción, mantenimiento de sistemas, alquiler de autos, editoriales, transportes especiales, alquiler de equipos agropecuarios, cerámica, fotografía e inversiones inmobiliarias, sólo por nombrar algunas.

El oscuro escenario hizo que Tcherassi Solano saliera a defenderse y dejara claro que no está prohibido que una sola persona conforme 20, 30 o 40 empresas. “No se prohíbe, pero lo que sí se prohíbe es crear compañías para hacer maniobras que alteren los resultados de las elecciones de una junta directiva”, le respondió Robledo, el superintendente. La pelea fue tan taquillera que en una rueda de prensa ofrecida en diciembre pasado, el empresario, con carteles en mano, calificó al superintendente como persona no grata en la Arenosa. “Señor Robledo, la Cámara de Comercio es de los comerciantes”, rezaba una de las pancartas.

Lo que empezó como una típica elección, una puja por votos, se convirtió en un rifirrafe de poder que ya va en un proceso judicial. Cuando quedó en evidencia la creación de las 1.483 empresas para, según la Superintendencia, favorecer a algunos candidatos a la junta, se anularon las elecciones del 5 de julio de 2012, se ordenó depurar el censo electoral y se convocaron nuevas elecciones para el 20 de diciembre del mismo año. Pero Tcherassi Solano interpuso una tutela con la que pretendía anular la decisión de la SIC.

“Recibí una llamada anónima, sobre la que ya le conté a la Fiscalía. En esa llamada me advertían que estos señores iban a presentar una acción de tutela. Me dijeron: le van a presentar una acción de tutela por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Le dije al personaje que cuál era la noticia, pues ya estaba esperando ese recurso. Me dijo: lo que pasa es que la tutela la van a presentar y le va a caer al juez 22 civil municipal de Barranquilla”, detalla Robledo.

Acto seguido respondió: “Hay un decreto, el 1382 del 2000, que dice ante quién se deben presentar las tutelas. Dice que las autoridades del orden nacional tienen que ser tuteladas ante alguien que tenga categoría de tribunal, salvo las autoridades del orden nacional descentralizadas por servicio, entre las cuales están las superintendencias. Entonces, las superintendencias tienen que ser tuteladas ante un juez del circuito. El personaje insistió en que era un juez civil. Le dije que la posibilidad de que le cayera la tutela al juez 22 era del 5%. El tipo me dijo: se lo estoy diciendo. Le dije: pues gracias por la información”.

Y tal como se lo advirtió el anónimo, la tutela llegó al juez 22 civil municipal de Barranquilla. “Esto se puso difícil”, expresó entonces Robledo. “Cogí el teléfono, llamé al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, el doctor Néstor Raúl Correa, y le conté. Desde allá enviaron a unos técnicos que rastrearon el sistema de reparto y dictaminaron fraude”.

La tutela había sido presentada el jueves 11 de octubre. Al día siguiente comenzaba el paro de la justicia en Colombia y jugaba Colombia contra Paraguay. El departamento jurídico del ente regulador verificó que el proceso estuvo congelado por el paro. Pero el 5 de diciembre empezaron a desencadenarse varios hechos: “Quien maneja la rama en Barranquilla le dice al juez 22 que devuelva el expediente. El 7 de diciembre se filtra en los medios la existencia de una supuesta providencia del 12 de octubre de 2012, en virtud de la cual se admitía el trámite en la acción de tutela y se decretaba como medida cautelar la suspensión de las elecciones”, cuenta Robledo. Una tutela resuelta en tiempo récord.

“No se supo nada entre el 12 de octubre y el 5 de diciembre porque la justicia estaba en paro. Y curiosamente el juez dijo el 7 de diciembre que había tomado una decisión y que no podía devolver el expediente. Que la decisión se había tomado en octubre. Y por todo esto hay una denuncia penal. Todo por no devolver el expediente”, advierte. Y con el fallo entregado por el juez 22 se suspendieron las elecciones que estaban agendadas para el 20 de diciembre.

Vinieron dos tutelas más que, en resumidas cuentas, le ordenaban a la SIC dejar atrás la decisión de anular las elecciones del 5 de junio de 2012. Se convocó a nuevas elecciones para el 18 de abril, pero nuevamente entutelaron a la Superintendencia. Y, como para no salir de la rutina, se tuvo que convocar nuevamente a elecciones para el 20 de mayo. Entonces apareció un fallo del juez 35 civil del circuito ordenando restituir a la junta elegida el 5 de julio y dejando sin piso toda la investigación de la SIC. El proceso fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá y se espera, de acuerdo con los tiempos judiciales, que la próxima semana se emita un fallo.

Allí tendrán en cuenta que no sólo el comité intergremial del Atlántico apoyó a la SIC, sino que también Confecámaras, el gremio que reúne a todas las cámaras de comercio del país, respaldó sus acciones en carta pública: “Confecámaras reconoce en usted (superintendente) a alguien que actúa ceñido a la ley, sin vacilación alguna y sin importar las dificultades… En este orden de ideas, las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio merecen el respaldo de la sociedad y creemos que en la medida en que los argumentos jurídicos de la Superintendencia sean atendidos, no habrá lugar a permitir que personas con otros intereses tomen el control de las cámaras de comercio”.

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