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Han pasado 17 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 19 comerciantes que salieron de Cúcuta hacia Medellín para transportar mercancía. Desde entonces, los familiares de las víctimas han insistido en que varias de las órdenes impartidas por la instancia interamericana se cumplan. Además, sus abogados denuncian poca celeridad por parte de las autoridades en varios aspectos: en reparación, investigación de los hechos perpetrados el 6 de octubre de 1987 por paramilitares en el Magdalena Medio y atención psicosocial.
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Los familiares de las víctimas pidieron la intervención de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que prioricen el caso con base en la aparición de una nueva hipótesis. Aunque inicialmente se dijo que los cuerpos de los comerciantes fueron arrojados al río Magdalena, la declaración de un jefe paramilitar podría darle un giro al caso, pues apunta a que los restos estarían en fosas comunes. Durante la investigación que adelantó la Fiscalía hace dos años, se tuvo en cuenta el relato de Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, quien aseguró que en los predios del clan paramilitar Pérez, señalados del asesinato, hay varios puntos en los que se pueden encontrar restos óseos.
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La declaración de Botalón y algunos habitantes de la zona abrió un boquete para que la Fiscalía, en febrero de 2020, ordenara recoger pruebas, que van desde intervenir dos fincas en las que estuvieron retenidos los 19 comerciantes, ese octubre de 1987, hasta identificar a los uniformados de la Policía que se encontraban en la zona para la época que ocurrieron los hechos. El reporte del ente acusador data que pudieron tener algún tipo de colaboración con el clan Pérez, conformado por Henry Pérez y su padre, Gonzalo. En su momento, las investigaciones señalaron que los paramilitares contaron con el apoyo de altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las víctimas.
Las investigaciones arrojaron los nombres de cuatro oficiales del Ejército que pudieron tener vínculo con el caso. No obstante, dos de ellos fallecieron y a los otros dos se les precluyó la indagación que había en su contra. Aunque el proceso judicial en ese sentido quedó quieto, se esperaba que con la nueva recolección de pruebas ordenada el año pasado por la Fiscalía se abriera la puerta a la verdad que buscan los familiares de los comerciantes. Sin embargo, vino el cambio de fiscal, en marzo de 2020, y el proceso parece haber quedado en el olvido.
El documento reservado, que fue conocido por este diario, también expone que, como acto reparador, en el mausoleo en el que reposan los restos de Henry de Jesús Pérez Morales, señalado jefe del clan, se debe instalar una placa que haga mención y honor a todas las víctimas de los crímenes atribuidos a este grupo paramilitar, entre ellos a los 19 comerciantes. En diálogo con El Espectador, el abogado David Iregui, quien defiende los intereses de las víctimas, aseguró que la reparación integral por parte del Estado está en deuda. No solo en materia de investigación les han faltado, sino que, además, dice el abogado, no se han registrado actos de verdad y justicia para los afectados.
En cuanto a la reparación que ordenó la Corte IDH en materia de salud y tratamiento psicológico, el Estado colombiano también tiene una deuda. A juicio de Cristian Peñuela, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, hay falencias en la implementación de los criterios internacionales para que un poco más de 500 personas afectadas por el asesinato de los 19 comerciantes sean reparadas. “La Corte IDH en su decisión fue clara al decir que todos los servicios y las atenciones en salud física y psicosocial deben ser gratuitas en todos los sentidos, eso, entre otras cosas, es lo que no se ha cumplido”, resaltó en diálogo con este diario.
Para Peñuela, el sistema de salud en Colombia no está diseñado para atender las necesidades psicosociales de las víctimas del conflicto armado, de ahí que de la mano de los afectados busquen espacios de concertación con entidades de salud del Gobierno para que, de alguna forma, se garantice lo que ordenó el alto tribunal internacional. Con esa iniciativa, que comprende mesas de concertación regionales y nacionales, pretenden que la suerte de las víctimas en ese sentido mejore. Pues hasta la fecha, desde que se emitió la condena, han fallecido alrededor de 30 personas afectadas por la muerte de los 19 comerciantes sin que hayan sido reparados integralmente.
La verdad, la justicia y la reparación por parte del Estado aún no llega para las víctimas de la masacre, quienes no solo consideran que el Gobierno ha desacatado órdenes internacionales, sino que, además, ven como una burla que tras 33 años de ocurridos los hechos sigan estando en el olvido. Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas, como defensores de derechos humanos, continuará solicitando celeridad en las investigaciones que puedan determinar el paradero de los cuerpos y si miembros de la Fuerza Pública participaron en la desaparición de los 19 comerciantes.
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