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Así como cuando Yahvé le pidió a Abraham que le diera su fe a cambio de la tierra prometida, en Colombia un candidato a la Gobernación del Cesar se comprometió a no desalojar a un grupo de desplazados asentados en la finca Tierra Prometida, en Valledupar, a cambio de que votaran por él. Estos hechos son la base de una investigación de la Fiscalía en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien en 2011 fue electo gobernador tras firmar un documento en el que, supuestamente, se comprometía a dejar “quietas” a las comunidades que habitan ilegalmente el predio. Monsalvo llegó a la Gobernación por segunda vez este año, mientras el pacto, tildado de ilegal, lo tiene en el banquillo de los acusados ante la Corte Suprema de Justicia en un juicio que acaba de entrar en su etapa final.
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El escrito de acusación con el que la Fiscalía llamó a juicio a Monsalvo Gnecco, en poder de El Espectador, dice que, en octubre de 2011, el entonces candidato a la Gobernación, en medio de un evento de campaña, firmó un documento con líderes comunales de Valledupar en el que se lee: “Por medio del presente escrito, que autenticaré en notaría, me comprometo con la comunidad del barrio Tierra Prometida y la junta directiva del mismo, a cumplirles el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en dicho inmueble ocupado por ellos en los terrenos del señor Óscar Guerra Bonilla”. Para el ente investigador, lo prometido por el investigado constituiría el delito de corrupción al elector.
Monsalvo Gnecco ganó en las elecciones y se posesionó como gobernador el 1° de enero de 2012. En los primeros meses de su administración, sin embargo, le llegó la notificación de una sentencia de la Corte Constitucional que supondría un obstáculo para una de sus promesas de campaña. El alto tribunal falló una tutela sobre el predio La Sabana, donde también hay un asentamiento de personas víctimas de desplazamiento, y ordenó el desalojo de todas las familias que estaban allí, así como su reubicación en un albergue y la promoción de una política pública que protegiera su derecho fundamental a la vivienda digna.
La Sabana, a su vez, era propiedad de una persona distinta: el militar retirado Alberto Pimienta Cotes. En el fallo, la Corte tuteló su derecho a la propiedad privada, reconoció que denunció a tiempo la ocupación ilegal del predio y dijo que las casas de invasión que había allí tampoco eran vivienda digna porque, entre otras cosas, no tenían acceso a servicios básicos. Ante la amenaza inminente de que las desalojaran, el 23 de junio de 2012, las comunidades de La Sabana y Tierra Prometida, “adelantaron una marcha desde el predio invadido hasta la Gobernación, donde exhibieron copias del documento firmado exigiendo al gobernador el cumplimiento del compromiso”, dice la Fiscalía.
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En octubre de 2012, La Sabana seguía sin ser desalojada y el hijo del dueño, Mauricio Pimienta, acudió a la Fiscalía a denunciar todo lo ocurrido. Aunque entregó 47 pruebas como unos CD y documentos del supuesto actuar ilícito del gobernador Monsalvo Gnecco, el expediente acumuló polvo por años en los anaqueles del ente investigador. El gobernador terminó su período sin tropiezos con un programa insignia de vivienda, “Techo a salvo”, que para muchos fue el mero cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, y no fue sino a comienzos de 2017 cuando el exvicefiscal Jaime Camacho asumió el caso y, en semanas, llamó a imputación de cargos a Monsalvo.
Aunque inicialmente la Fiscalía le imputó los delitos de corrupción al elector e invasión de tierras, al final solo lo llamó a juicio por el primer cargo. Según documentos de la Corte Suprema, la anulación del segundo delito se dio porque ese no había sido denunciado y, para procesar a una persona por esto, debe cumplirse, como requisito de trámite, una audiencia de conciliación. Por eso, el ente investigador solo se refiere en la acusación a los hechos que rodean a Tierra Prometida, pues entre las pruebas del expediente está el documento que firmó Monsalvo Gnecco en campaña en 2011.
Para la Fiscalía, el haberse comprometido a no desalojar a estas comunidades podría ser un delito porque, por un lado, “Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en Tierra Prometida a cambio de que esos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él para gobernador del Cesar”. El ente investigador recalcó que Monsalvo “estaba en capacidad de comprender que como candidato no debía prometer dádivas a cambio de votos que lo favorecieran en la elección de gobernador y era consciente de que su comportamiento estaba prohibido, pues no era la primera vez que se postulaba para cargos de elección popular”.
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En diálogo con este diario, la defensa de Monsalvo Gnecco reconoce que el encuentro en el que se firmó el pacto ocurrió. “Se trató de un acto de campaña política en el que se habló de varios temas”, explicó el abogado del gobernador, Alejandro Sánchez. “Él leyó eso, miró qué decía y lo firmó, pero no hubo ilegalidad alguna. Estas personas eran desplazadas, eran víctimas que ya estaban protegidas por un fallo de tutela”. Cuando Monsalvo estaba en campaña todavía no se conocía la sentencia de la Corte Constitucional y, en cambio, solo había en firme dos fallos de tutela que protegían los derechos de las comunidades asentadas en el predio de Pimienta.
El juicio contra Monsalvo Gnecco comenzó en marzo de 2019 ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema y en septiembre del mismo año, ya con el proceso avanzado, Pimienta (dueño de La Sabana) pidió que lo reconocieran como víctima. Tanto Monsalvo Gnecco como la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron, pues el supuesto acuerdo ilegal, según había encontrado el ente investigador, se fraguó en el predio Tierra Prometida y hasta ahí nada tenía que ver la propiedad de Pimienta. La solicitud fue negada en primera instancia, pero, en apelación, la Sala de Casación Penal del alto tribunal, el 12 de diciembre de 2019, lo reconoció como víctima en el proceso.
Según dijo Pimienta en su apelación, pidió ser reconocido víctima tan tarde en el proceso por algo que dijo en el juicio Martha Figueroa. Se trata de una lideresa, quien reconoció en testimonio juramentado que un video en el que se ve al entonces candidato firmando el pacto fue grabado en el predio La Sabana y no en Tierra Prometida, como creía la Fiscalía. Además de tomar en cuenta esto, la Sala Penal dijo que “la promesa del acuerdo supuestamente ilegal se convirtió en un objetivo del gobierno departamental” y, por ende, Pimienta “tiene una expectativa válida fundamentada”, pues al no haber desalojo de su predio pudo haber sufrido un daño.
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La defensa de Pimienta, que aterrizó en el caso hace apenas seis meses, ya pidió que le den cárcel preventiva al gobernador y que la Corte Suprema admita nuevas pruebas, aunque el juicio está por culminar. El Tribunal de Bogotá negó la primera solicitud en mayo pasado y ahora la debe resolver la Corte, en segunda instancia. Ya van a cumplirse nueve años desde el supuesto pacto ilegal y el juicio está apenas en su recta final. Según el abogado Alejandro Sánchez, las demoras no han sido por dilaciones, pues “todas las partes estamos interesadas en resolver este episodio lo más pronto posible”. El gobernador, para seguir al frente del departamento sin este fantasma, y Pimienta, para que desalojen su predio.
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