Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El 2025 ha sido un año de intensidad económica, si se quiere. Aunque algo similar se puede decir de prácticamente cualquier calendario pasado, este año hubo tensiones extra por cuenta de los aranceles y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra casi todo el planeta.
En enero, las relaciones entre EE. UU. y Colombia registraron uno de sus puntos más bajos en décadas con el drama del domingo 26 de enero, que arrancó con la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir a deportados provenientes de ese país, y casi acaba en hecatombe económica, por cuenta de las amenazas de aranceles del 50 % a los productos colombianos que llegan al mercado estadounidense.
Pocos meses después, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles recíprocos, una política que, bajo cálculos dudosos, destrozaba el andamiaje del comercio mundial como lo conocemos hoy en día.
Más allá de las fronteras, en el frente local, registramos paro arrocero, caídas sucesivas en los resultados económicos de Ecopetrol e importantes problemas fiscales. Este mes se hundió en el Congreso la ley de financiamiento, que buscaba COP 16 billones para el presupuesto de 2026 y, bajo este y otros argumentos, en los últimos días el Gobierno decretó emergencia económica. Mientras tanto, durante el año, varios indicadores económicos clave, como el desempleo y el PIB, fueron mejorando consistentemente.
En la mitad, la reforma laboral se hundió, resucitó y al final vio la luz en el Congreso. La pensional sigue en el limbo, a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional (la iniciativa volvió a la Cámara de Representantes y nuevamente fue aprobada por la plenaria en un fin de semana de junio).
También hubo varias movidas empresariales, como el sí de la Superintendencia de Industria y Comercio a la fusión entre Tigo y Movistar, y la integración de Davivienda y Scotiabank Colpatria (este último ahora se llama Davibank).
Ha sido un año movido. Los hechos de 2025, como suele suceder con la historia, irán forjando el camino del año que ya se cierne sobre nosotros.
Estamos en emergencia económica
En la noche del 22 de diciembre el gobierno de Gustavo Petro declaró emergencia económica en Colombia. En el decreto, esta administración argumentó que la grave situación fiscal, por hechos económicos sobrevinientes, impide garantizar el “goce efectivo de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.
El Gobierno describió ocho situaciones que, sostiene, ameritan decretar un Estado de excepción. En la lista está la obligatoriedad de cumplir el auto de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC); la situación de seguridad en el país que amerita inversión en infraestructura y tecnología para la Fuerza Pública; la caída en el Congreso de la ley de financiamiento, que buscaba COP 16,3 billones para el presupuesto de 2026; el pago pendiente de subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, y los compromisos de vigencias futuras.
Analistas y expertos consultados por este diario han advertido que las situaciones que argumentó el Gobierno, aunque son graves, no son hechos sobrevinientes, extraordinarios ni imprevisibles y, por lo tanto, el decreto podría caerse en la Corte Constitucional. El alto tribunal empezará el estudio de la medida en enero de 2026, cuando termine la vacancia judicial.
Con la declaratoria de emergencia económica el Gobierno busca crear o modificar impuestos para sumar recursos al presupuesto del próximo año. Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció algunos de los tributos, incluyendo cambios en el impuesto al patrimonio (baja el umbral para tener que pagar este tributo y aumentan las tarifas); sobretasa del 15 % para el sector financiero, llevando el impuesto de renta al 50 %, y normalización de patrimonios con tarifa del 19 %. Al cierre de esta edición todavía no se conocía el decreto que establece todos los impuestos.
Muerte, resurrección y vida de la laboral
El 25 de junio el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral. Ahora la jornada nocturna inicia a las 7:00 de la noche y termina a las 6:00 de la mañana; el contrato a término indefinido es la regla general, y el recargo por trabajar domingos y festivos pasará del 75 %, antes de esta ley, al 100 % en julio de 2027 (el aumento es gradual).
La primera versión del proyecto llegó al Legislativo en marzo de 2023, pero pocos meses después, por falta de trámite, se hundió. La administración Petro insistió el 24 de agosto de ese mismo año, con la radicación de una segunda versión. Para lograr la aprobación en la Cámara, se recortaron varios puntos polémicos.
El camino se puso espinoso en el Senado: ocho de los 14 congresistas que conforman la Comisión Séptima radicaron una ponencia para archivar el proyecto, argumentando que la iniciativa del Gobierno aumentaría los costos laborales.
Como la reforma estaba virtualmente hundida (pocos días después fue archivada), en marzo de este año el presidente Petro apostó por una consulta popular. Para que los ciudadanos votaran, el Congreso tenía que darle concepto favorable al mecanismo, pero el 14 de mayo el Legislativo dijo no. Ese mismo día la reforma revivió: la plenaria del Senado determinó que el proyecto podía seguir su trámite en una comisión distinta, acogiendo una solicitud de apelación.
El 11 de junio Petro firmó un decreto para convocar la consulta; para ese momento, la Comisión Cuarta del Senado ya había aprobado el proyecto en tercer debate. El 17 de junio la plenaria del Senado aprobó el proyecto bandera de Petro y tres días después concluyó el trámite legislativo con la conciliación entre las dos cámaras. El 24 de ese mes, un día antes de la sanción de la ley, el mandatario derogó el decreto de la consulta.
El año de los aranceles
El domingo 26 de enero, la decisión del presidente Gustavo Petro de devolver dos vuelos militares de Estados Unidos, que transportaban a colombianos deportados, desató la primera gran crisis del año para la economía. El presidente Donald Trump, que llevaba seis días en la Casa Blanca, respondió con aranceles: una tarifa del 25 % para los productos colombianos, que en una semana llegarían al 50 %.
La amenaza nunca se materializó, pero este fue un abrebocas de cómo en la presidencia de Trump los conflictos políticos trascienden a la arena económica. El 2 de abril, el mandatario reveló la lista de aranceles que Estados Unidos impondría al resto del mundo. Pese a los desencuentros con Petro, Colombia quedó en una buena posición, con la nueva tarifa base del 10 %. En cambio, países como China sufrieron los llamados “aranceles recíprocos”, una categoría para las economías con las que EE. UU. tiene un déficit comercial.
Los aranceles y las negociaciones para mejorar las condiciones comerciales (por ejemplo, entre Estados Unidos y China) marcaron 2025.
El Fondo Monetario Internacional dijo en octubre que aunque el choque arancelario este año fue menor de lo previsto, gracias a acuerdos comerciales, “el lastre generado por la incertidumbre y el proteccionismo” desencadenó una desaceleración en la economía mundial. La organización proyecta que la economía crecerá 3,2 % este año, frente al 3,3 % de 2024.
Colombia, por ahora, se mantiene con la tarifa del 10 %. Sin embargo, una de las lecciones del año, como lo han reconocido los gremios de comercio exterior, es que debemos diversificar.
Fusión Tigo-Movistar
En noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó, con condicionamientos, la integración entre Tigo y Movistar. Con la fusión, las dos empresas conformarán el segundo operador más grande del mercado de telecomunicaciones en el país, el primero es Claro, que, según los reportes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el segundo trimestre concentra más del 50 % de los servicios móviles. En ese mismo período Movistar tenía una participación del 21,1 % y Tigo, del 16,4 %.
La superintendente Cielo Rusinque argumentó que esta decisión es más adecuada que negar la operación, considerando que el mercado tendría más posibilidades de ser competitivo con dos grandes operadores, en vez de seguir con solo uno que ha mantenido posición dominante por años.
No todos vieron con buenos ojos la decisión. WOM advirtió que con la fusión se hace más difícil competir en Colombia. Ahora los dos operadores más grandes tendrán a nueve de cada 10 usuarios. El 88 % del mercado queda en manos de Claro y Movistar-Tigo, WOM tiene el 6 % y lo demás está repartido entre operadores móviles virtuales (con marcas como Virgin, Éxito y Suma).
Como la SIC también reconoció que la fusión puede generar efectos negativos en el mercado, impuso condicionamientos. Para evitar que la nueva empresa incremente las tarifas que cobra a operadores como WOM o Virgin por acceder a su red e infraestructura en las zonas donde no tiene red propia, la entidad estableció que la empresa integrada debe ofrecer tarifas más bajas que las actuales. En la lista de condicionamientos está la prohibición de hacer campañas dirigidas a operadores pequeños (las estrategias comerciales deben enfocarse en competir por participación frente a Claro). Entre otros puntos, la entidad estableció que la nueva compañía no podrá empeorar condiciones de precio ni calidad en los 82 municipios en donde solo competían Tigo y Movistar por servicios fijos.
El paro arrocero
El 2025 será recordado en el agro como el año del arroz. Pero, a diferencia del café, el panorama arrocero se destacó no por buenos precios, cifras récord de producción y exportación, sino por una crisis profunda y sostenida, que llevó a dos paros nacionales con apenas unos meses de diferencia.
De fondo, el problema orbitaba alrededor de los precios del arroz paddy verde (arroz sin procesar), que para el momento de las movilizaciones había caído tanto, que cientos de productores se fueron, no solo en pérdidas, sino en un camino acelerado hacia la quiebra.
En 2024, según cifras del Ministerio de Agricultura, los precios del paddy cayeron en promedio casi 12 %, mientras que los costos de producción (incluyendo su procesamiento) siguieron subiendo.
Las estimaciones de Fedearroz indicaban, en su momento, que mientras el año pasado la carga del grano (125 kg) se vendió alrededor de COP 225.000, este año estaba alrededor de COP 170.000 en Tolima y en COP 158.000 en los Llanos Orientales.
El paro se adelantó en varios departamentos, con afectaciones a la movilidad de carga y pasajeros entre varias regiones.
Tras cuatro jornadas de intensas negociaciones a finales de julio (y dos semanas de bloqueos continuos) se llegó a varios acuerdos que, de paso, ya habían sido puntos de examen en el primer paro del año (marzo). Entre estos están principalmente el establecimiento de un precio mínimo para el paddy verde mediante un régimen de libertad regulada que, además, tendría cifras diferenciales por regiones (pues no todas las producciones se comportan de la misma forma).
Los acuerdos logrados, no obstante, han sido criticados por algunos productores, que aseguran que apenas cubren el 70 % de una producción que, argumentan, se sigue haciendo a pérdida.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más