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Por omisión en su labor. Ese fue el motivo por el cual cinco integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron capturados e imputados luego de ser señalados como cómplices en el asesinato de Juan Pablo González, hombre que fue identificado como el presunto abusador de Hilary Castro, una menor de edad que se movilizaba en Transmilenio el pasado 31 de octubre.
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Recordemos que este hecho desató repudio nacional y manifestaciones en rechazo. Hasta el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, pidiendo justicia en este caso, que involucraba a una de sus activistas en campaña; pero también exigiendo resultados ante las denuncias por violencia sexual y acoso en el país.
El recuento de los hechos
En la noche del pasado 31 de octubre Hilary Castro sufrió acceso carnal violento tras bajarse en la estación de TransMilenio de La Castellana. Dos días después, y tras intentar radicar la denuncia, hizo público su caso a través de las redes sociales, en las cuales reveló también que se sintió revictimizada por la tramitología que le obligaron a seguir a la hora de acudir a la Fiscalía General de la Nación. Esto debido a que le pusieron barreras para recibir su denuncia por ser menor de edad.
Luego de que su historia se volviese mediática, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció un día después que, de acuerdo con el relato hablado de la víctima, se identificó a su presunto abusador, quien ya contaba con antecedentes de agresiones sexuales y acababa de hecho de ser dejado en libertad por exhibicionismo y actos sexuales en vía pública.
Según las autoridades, en medio de la investigación para dar con el responsable, se conoció que este sujeto ya había sido arrestado el pasado 21 de octubre por realizar actos obscenos en las calles de Usaquén (localidad en la que fue arrestado).
“Fue capturado por la Policía a raíz de unos hechos de injuria por vías de hecho, básicamente una conducta que desarrolló en la localidad de Usaquén”, informó un vocero de la Policía. El 5 de noviembre un juez de control de garantías emitió orden de captura en su contra y fue retenido y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata –URI- de Puente Aranda.
En este lugar, fue señalado por acceso carnal violento y hurto, e internado con medida privativa de la libertad en el mismo centro de reclusión. Sin embargo, sobre las 4:12 p.m. de la tarde del domingo, 6 de noviembre, fue asesinado mientras estaba dentro de una de las celdas bajo la custodia de la Policía y la Fiscalía.
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Las revelaciones de su homicidio
Durante la legalización de las capturas de los cinco uniformados, identificados como Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, la Fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa de comisión por omisión, en concurso heterogéneo con la conducta de tortura. Ninguno aceptó los cargos.
Sin embargo, en medio de la audiencia revelaron detalles de las agresiones que infligieron otros presos al señor González. De acuerdo con el fiscal, su causa de muerte se debió a un politraumatismo que le causó insuficiencia respiratoria en el tórax:
“Las lesiones halladas le generaron traumas, la muerte fue lograda porque los victimarios lo colocaron en situación de indefensión y en consecuencia lograron reducirlo físicamente para luego lesionarlo, teniendo en cuenta que la víctima no podía defenderse o evitar la agresión, solamente gritar”, explicó en audiencia, detallando que lo golpearon por 27 minutos, según el registro de las cámaras de seguridad.
Punto validado por el reporte de Medicina Legal, en el cual se lee que el cadáver contaba con más de 50 lesiones, hematomas y fracturas. No obstante, adicionalmente se conoció que lo habrían obligado a ingerir orina de sus compañeros de celda: “Le gritaron que eso le pasaba por haber violado a una mujer, le decían que era un violador y que por eso merecía la muerte, quiere decir que los golpes se causaron para castigarlo”.
De acuerdo con el fiscal, todo esto ocurrió en presencia de los cinco uniformados señalados, quienes al parecer estaban en la puerta del baño en el que ocurrió todo y se dedicaron a ser testigos de los hechos.
“Los funcionaros de la Policía pudieron y debieron impedir que los privados de la libertad lesionaran y le quitaran la vida a Juan Pablo, no dijeron nada, no hicieron una alerta, no se opusieron, al contrario, fueron permisivos, no se comportaron como debía ser su rol y cargo”.
Recordemos que, como ya habíamos dicho con anterioridad en este medio, los funcionarios de la Policía Nacional estaban en la obligación de proteger y amparar los derechos del detenido independientemente de si era inocente o culpable de los delitos que se le imputaban.
“El Consejo de Estado ha dejado claro que los presos están bajo la protección y tutela estatal. Como aparentemente se trató de un homicidio, eso implicaría un escenario de mayor responsabilidad para las autoridades”, afirma el abogado penalista Juan José Castro, magíster en derecho procesal penal.
Cabe señalar que ahora, una vez validada la hipótesis del asesinato, los familiares del presunto agresor podrían incluso demandar al Estado por “fallas en el servicio”, alegando la desprotección de los derechos del detenido. Situación en la que, según Castro, intervendrían varias ramas del derecho, como la penal y la contencioso-administrativa, donde se pronunciarían frente a la responsabilidad del Estado en la muerte de González.
Así las cosas, la versión del asesinato evidenciaría una presunta negligencia en la protección del detenido y la garantía de sus derechos, como lo pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que “toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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