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Las últimas encuestas sobre la favorabilidad de Juan Manuel Santos dicen mucho de la opinión pública y los asuntos internacionales.
Pese a estar todavía abierta la herida propinada por la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Nicaragua, y en medio del escándalo de la firma Brigard & Urrutia, que salpicó al embajador en Washington —un cargo de altísima importancia— y provocó su renuncia, la política exterior está bien calificada. Mientras que el 57% de los colombianos la aprueba, la mayoría desaprueba la gestión del Gobierno en temas como desempleo, corrupción, salud, economía, seguridad y medio ambiente.
El hecho de que en Colombia no hay debate público sobre política exterior explica por qué ésta siempre se evalúa positivamente. Sin embargo, la pregunta de qué es lo que determina que una política exterior sea buena o mala es fundamental. En su rendición de cuentas, la ministra María Ángela Holguín afirmó que la de Santos ha buscado como objetivos proyectar a Colombia regional y mundialmente, impulsar el desarrollo, construir la paz e impactar positivamente sobre la vida de los colombianos. Sobre la base de dichos criterios, la política exterior en este cierre de año gubernamental puede calificarse entre regular y aceptable.
Encabezan la lista de logros el manejo cauto de las relaciones con Venezuela y Ecuador, el rapprochement con los países sudamericanos y el liderazgo en el debate latinoamericano sobre políticas antidrogas. Los primeros dos permiten explotar las oportunidades comerciales y de cooperación que se desprenden de la interdependencia vecinal, mientras que Venezuela es ficha indiscutible en el proceso de paz. Por su parte, la vocería en las discusiones sobre drogas es un insumo para una posición regional que podría alterar el statu quo hacia el futuro.
Por el lado negativo se destacan la reacción al fallo de la CIJ, el discurso contradictorio sobre derechos humanos y el fortalecimiento institucional del andamiaje diplomático. El manejo ambiguo que se le dio al fallo —que se prestó para pensar que Colombia no acataría— y el “cuento chino” de Noemí Sanín —que no fue desautorizada enérgicamente por la Cancillería— fueron lamentables y generaron efectos contraproducentes.
En derechos humanos, hechos como la reforma del fuero militar, la encerrona a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que participó Colombia y el despido prematuro del alto comisionado de la ONU han obrado en contravía del discurso oficial. Además de datos revelados por Somos Defensores, que indican que los asesinatos a defensores de derechos humanos van en ascenso.
En lo institucional hay creciente eficiencia en los trámites, un mayor número de países que ya no piden visa —31 en 2013— y nuevas embajadas y consulados en lugares estratégicos. Empero, Santos adeuda el fortalecimiento y la despolitización del servicio diplomático, que sigue siendo de roscas.
Frente a otros temas, como los TLC, la promoción de la inversión extranjera, la cooperación internacional en seguridad y la proyección internacional de Colombia en general, quedará por demostrarse en esta recta final si los beneficios posibles a derivarse de aquéllos se traduzcan (o no) en la satisfacción de objetivos concretos.
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