Contraloría pide declarar emergencia por irregularidades en alimentación escolar

Con gran sorpresa, encontró que por ejemplo el colegio Institución Educativa María Mancilla Sánchez, dividido en tres instituciones (prescolar, primaria y bachillerato) no cuentan con comedor por lo que los niños tienen que consumir sus alimentos en sus puestos, y en el caso de la institución que presta la educación secundaria cuenta con un comedor improvisado, dado que el que había fue cerrado por la Gobernación del Atlántico porque presenta problemas de infraestructura y hay riesgo de derribo.

“No hay sitios en las propias instituciones educativas para preparar los alimentos y ello trae como consecuencia que los alimentos sean transportados de un lugar a otro en condiciones malas”, afirmó el contralor.

Alertó de la “situación caótica” que presenta la contratación de los programas de alimentación escolar en el país, pues asegura que esta se realiza dedo y no se está llevando a cabo el proceso de contratación que se debe hacer porque no hay multiplicidad de oferentes lo que asegura que siempre haya un contratista único, que repite cada que finaliza un contrato y es beneficiario de esta contratación.

“Hay que poner los correctivos y el Gobierno debe declarar una emergencia para solucionar este problema porque son miles de niños que están siendo víctimas de este programa y no beneficiarios, como debería ser”, afirmó.

Criticó que los departamentos “cuando les conviene reciben los auxilios, y cuando quieren no los reciben porque tienen recursos propios y los maneja como quiere, lo que ocasiona esta situación caótica que se origina en las diferentes fuentes de financiación que hay para el PAE”.

Por eso dijo que para solucionar esa crisis y garantizar que no se repita es necesario crear de manera urgente una Unidad Administrativa Especial por parte del Ministerio de Educación que maneje todos los recursos destinados para ese programa.

Este miércoles la ministra de Educación, Gina Parody, decidió dar por terminado los contratos de la Fundación Kabala y Unión Temporal Alimentar en los departamentos de Atlántico y Bolívar – finalizan este 31 de agosto – ante el riesgo inminente para salud de los menores.