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Por encima de los medios tradicionales y corroborando su injerencia en casi todos los aspectos de la vida moderna, las redes sociales son hoy los nuevos escenarios de influencia, discusión y propaganda política. Menospreciar su valor o ignorar su impacto marca la diferencia a la hora de convencer y ganar votos. Sin embargo, contrario a una difusión sana y democrática de ideas, Facebook, Twitter o Instagram también se han convertido en tribunas de odio y noticias falsas, generalmente para sacar ventaja electoral indebida.
Esta problemática obligó a las autoridades a tomar medidas y orientar esfuerzos para ejercer control en las redes en pro no solo de la transparencia, sino de la igualdad y la competencia en las mismas condiciones. De allí que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya señalado en una reciente determinación que su uso para promover candidaturas se configura como publicidad o propaganda política y que hacerlo en época prohibida compromete a los aspirantes.
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Ello implica que una publicación en Facebook, una imagen en Instagram o un tuit con contenido proselitista divulgado sesenta días antes de una votación o promocionado en el espacio público tres meses antes tiene la misma gravedad que emitir publicidad a través de medios de comunicación convencionales. Por este hecho, un candidato puede pagar multas de hasta $150 millones y su partido será privado de financiación estatal o suspensión de su personería jurídica.
El tema no es de poca monta. Solo en la segunda vuelta presidencial, Iván Duque gastó en marketing digital, gestión de espacios en redes y publicidad en Facebook más de $564 millones, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a lo largo de su campaña destinó al mismo rubro más de $292 millones.
Si bien la reglamentación del CNE —que precisamente se inició en el marco de una investigación contra un candidato por hacer campaña anticipada y divulgar información en redes— es un primer paso para evitar la propaganda electoral adelantada, no deja de ser delgada la línea entre libertad de expresión y proselitismo en redes.
Los cuestionamientos saltan a la vista: ¿que un ciudadano con 200.000 seguidores respalde e invite, de manera espontánea y antes de lo estipulado, a votar por un candidato se podría llegar a considerar como una irregularidad para ese aspirante? ¿Que desde cuentas falsas e incluso “bodeguitas” se promueva una candidatura sin el consentimiento del candidato podría afectarlo? ¿Que se creen grupos de WhatsApp (considerada una red más privada) alrededor de un aspirante sería ilegal?
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Incluso, ¿que un dirigente como Gustavo Petro (con 3,9 millones de seguidores en Twitter) o Álvaro Uribe (con 4,9 millones) emita un tuit antes de campaña, exaltando a un precandidato, tendría consecuencias para el eventual beneficiario? ¿Cómo distinguir ese mensaje entre libertad de expresión y proselitismo?
La respuesta a estas dudas tiene matices y resulta más problemática si se analizan las redes sociales como escenarios volátiles y de amplísimo alcance, en los que muchas veces hay divulgación de contenido sin mayor contrastación, prevalece el anonimato y la confrontación democrática se reduce al desprestigio y el señalamiento falso.
“El tema demanda del CNE una regulación mucho más detallada para no infringir el derecho a la libertad de expresión. A la gente no se le puede prohibir apoyar a algún candidato. Eso sí, no deja de ser un reto establecer quién está originando mensajes proselitistas y no espontáneos, así como evaluar el contenido de ese mensaje. ¿Qué se puede considerar propaganda política?”, opina Camilo Granada, exconsejero presidencial para las Comunicaciones y hoy consultor en comunicación estratégica y reputación.
Por su parte, Juan Fernando Giraldo, especialista en opinión pública y marketing político, advierte que el CNE se equivoca al equiparar las redes con los medios: “No creo que estén apuntando a hacer censura, pero igualarlos puede ser impreciso. Un candidato no tendría mayores restricciones para generar contenido o invitar a votar desde sus redes (como mecanismo de expresión), pero lo irregular sí sería promocionar o gestionar esa información con Facebook”.
El propio presidente del CNE, Hernán Penagos, reconoce los retos y dificultades que implica ejercer control en la red; sin embargo, destaca que la normatividad que se plantea es un insumo para hacerle frente a la publicidad extemporánea. “La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que internet, las redes sociales o los periódicos digitales son herramientas que constituyen medios de comunicación masiva que usan el espectro electromagnético. Lo que estamos haciendo es una doctrina anunciada, para que en las próximas elecciones se tengan en cuenta estas consideraciones”.
En respuesta a los interrogantes planteados, Penagos asegura que cada caso es particular y no puede haber análisis generales. No obstante, deja entrever que si una investigación arroja que una publicidad en redes fue impulsada por un tercero sin consentimiento del candidato o sin un nexo causal, este podría quedar exento de una responsabilidad administrativa.
“Hay que evaluar cada caso. El objetivo por ahora es ir colocando los linderos de hasta dónde puede llegar esa publicidad en la red”, agrega. Frente al control y las investigaciones, destaca el trabajo con redes sociales para rastrear y determinar quién pudo estar detrás de la divulgación de algún contenido. En caso de ser un anuncio pago en redes, enfatiza que ese gasto debe estar reportado en las cuentas de los candidatos.
Un ejemplo de ello fue lo que se hizo en las pasadas elecciones regionales, cuando Facebook —al que están conectados tres de cada cinco colombianos— puso filtros para evitar la divulgación de información falsa e impulsó medidas para evidenciar la publicidad política. Así se pudo determinar quién había financiado un anuncio, cuánto costó y a cuántos impactó.
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“Hemos dialogado con representantes de Twitter y Facebook para suscribir convenios que permitan obtener información para verificar quién y cómo se paga la publicidad, así como la información que se genera”, dice Penagos.
En este punto Fabián Hernández, investigador de democracia y redes sociales, quien trabajó en estos frentes desde la Misión de Observación Electoral (MOE), alerta que no deja de ser cierto qué obligaciones tendrían las redes sociales con el CNE: “¿Hasta dónde podría llegar el poder del CNE a la hora de decirles a estas plataformas que tomen decisiones? Es un tema complejo, si hoy es difícil ejercer control a la publicidad convencional para sancionarla a tiempo, en la red es aún más complicado”.
El debate persiste y la pelota está en el terreno del CNE, que deberá desarrollar su propia reglamentación sin violar la libertad de expresión y garantizando la igualdad en redes sociales para evitar que se saque ventaja de forma indebida. El reto es lograr una normatividad que responda al dinamismo propio de las plataformas y ejercer legítimo control.
jgonzalez@elespectador.com
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