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Nicolás Maduro debe “entender que su mejor opción” es “entablar una negociación”, dijo esta semana María Corina Machado. Esto se debe hacer, según ella, con el “respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio”. Si bien “todavía” no existe un acuerdo, sí hay una “absoluta disposición” para llevarlo a cabo. Allí, al parecer, podrían jugar un rol central Brasil, México y Colombia, que se han mostrado dispuestos a apoyar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y que, según la opositora, “poseen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen”. Garantías, salvoconductos e incentivos harían parte de la oferta que se pondría sobre la mesa frente al Gobierno, de cara a lo que llegaría a ser una negociación hacia una transición democrática en Venezuela.
La cuestión es que Maduro perciba que esa es la mejor opción, que sienta que permanecer en el poder le puede resultar más costoso que salir, mientras sigue expuesto a presiones internas y externas, argumenta el politólogo Alejandro Martínez Ubieda: “Él está en una posición en la que puede negociar, pero eso no es permanente; así que es obvio que es la mejor alternativa. No hay manera de tener gobernabilidad en un esquema en el que hay represión y donde el régimen ha quedado desnudo, pues todos saben lo que pasó. Los que fingen son él, su Consejo Nacional Electoral y su Tribunal Supremo de Justicia”.
Varios analistas aseguran que lo que diferencia este escenario poselectoral en Venezuela de ocasiones anteriores es la evidente pérdida de apoyo popular, lo que se ha manifestado en las calles, con una fuerte represión como respuesta. Del 29 de julio al 9 de agosto, la ONG Foro Penal contabilizó 1.263 arrestados, de los cuales 114 son adolescentes y 160 mujeres. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró al menos 24 muertes en medio de las protestas. La urgencia, al menos para Eglée González Lobato, profesora en la Universidad Central de Venezuela y analista política y electoral, es alcanzar una negociación bajo el principio de renunciar a la violencia, y de eso hay que convencer tanto al Gobierno como a la oposición.
El problema, según ella, es que se está muy lejos de resolver la crisis que vive el país, y las acusaciones de fraude complican la situación: “La oposición puso en conocimiento de todo el mundo una información que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pero lo hizo por la estrategia política que tiene. Eso [la información de las actas] tiene que resolverse porque es un tema que tiene extremadamente preocupada a la ciudadanía y hay un ambiente proconflicto muy amenazante. Esto es un muro que tiene que solucionarse para, a partir de ahí, tomar una decisión”.
Si parece que hay una única vía, la negociación, el riesgo es que aparezcan varias piedras en el camino: pedir una rendición o no entender que el Gobierno, el que esté en ejercicio, pondrá condiciones complejas implicaría cerrar las vías encaminadas hacia ello, ya sea que se logre un acuerdo para unas nuevas elecciones, con otro Consejo Nacional Electoral y diferentes candidatos de lado y lado, o una especie de gobierno compartido, en el que se dé un acuerdo de gobernabilidad, mientras se realiza una solución más fuerte, como un proceso electoral nuevo. “Tiene que haber un compromiso de todos por evitar generar acciones que acorralen a Maduro. Es una equivocación cerrar los canales con el Gobierno”, agrega González Lobato. “La negociación supera tanto a Machado como a Edmundo González Urrutia. Esto es un problema de los venezolanos en su totalidad. Ya sabemos que posiciones inflexibles, como las que algunas veces ha mostrado Machado, no funcionan”.
La analista recuerda, por ejemplo, lo sucedido con Juan Guaidó, quien fungió de presidente interino y, en rechazo a la figura de Maduro, fue reconocido por unos 60 Estados: “Los países tienen que entender y recordar que no funcionó. El error sería repetir eso. Además, el peligro de no lograr un acuerdo sería caer en una confrontación civil. Hay que generar confianza y dar una respuesta institucional”.
Eso parece ser cada vez más complejo, sobre todo cuando de ambos lados hay acusaciones de fraude, que minan cada vez más cualquier posibilidad de interlocución.
El jueves el canciller Yván Gil acusó al Centro Carter, que fue observador internacional en las elecciones presidenciales, de apoyar un “golpe de Estado”, cuando manifestó que sus datos indican que el ganador fue el opositor González Urrutia, que no hay evidencia del supuesto hackeo que ha denunciado el oficialismo y que los comicios no se llevaron a cabo en condiciones que puedan ser consideradas democráticas.
El viernes, por otro lado, cuando compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia, al que Maduro pidió certificar su reelección, el presidente dijo: “El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí”. No obstante, dijo estar dispuesto a convocar a un “diálogo” entre los 38 partidos del país, lo que incluiría a la Mesa de la Unidad Democrática, que apoyó a González Urrutia.
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