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Hace unos días pudo leerse en diversos medios un comunicado del gobierno estadounidense en el que el secretario de Justicia de ese país, Eric Holder, anunciaba que si Edward Snowden —otrora contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos— se entregaba al Gobierno, no sería condenado a la pena de muerte ni sería torturado. Sí, tal cual se emitió.
Y no sé qué me asombra más: si que se haya podido emitir tal comunicado o que tal exabrupto haya pasado por los medios de comunicación sin que apenas haya generado no ya indignación, que parece que la hemos perdido, pero al menos consternación.
Que no sería condenado a la pena de muerte se debe, como el lector lo habrá adivinado, no a una presunta condescendencia, que no existe, sino al hecho llano e incontestable de que el crimen del que se le acusa —haber revelado un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos de espionaje contra sus ciudadanos y contra ciudadanos de otros países— no da pena de muerte según la normativa vigente de aquel país para tales delitos. O, lo que es igual, que no se le imputarán cargos por los que se pueda pedir la pena de muerte.
Pero más desconcertante —aunque ya la pena de muerte (el derecho que se adjudica un Estado, cuyo principal objetivo era precisamente velar por la vida y seguridad de los ciudadanos, de matar a uno o varios de ellos) desconcierta y causa espanto—, más desconcertante, si cabe, es el inciso que a continuación leer se puede: que Snowden no será torturado si se entrega a la justicia (por ponerle un nombre a eso un tanto abstruso e indefinible que emitió el comunicado). Un lector desprejuiciado sólo puede colegir: o bien que, si en lugar de entregarse, es capturado, será torturado, o que otros ciudadanos, a diferencia de él, que comenzaría a gozar de una particular inmunidad que no nos terminamos de creer, son actualmente torturados. De esto último ya tenemos noticia, pues sabidas son las torturas sufridas por los reclusos de la cárcel de Guantánamo —esa ínsula de la desvergüenza y de la ignominia—, prisioneros de guerra que son tratados como menos que reclusos y a los que no se les acusa de delito alguno, por lo cual ni pueden ser juzgados ni tampoco condenados (ni mucho menos absueltos)…
Quizás le faltó decir al comunicado en cuestión que si Snowden se entregaba, le sería respetado el debido proceso y se le permitiría defenderse por medio de un abogado de oficio. Y que se mantendría la presunción de inocencia. Y tal vez, conocidos los precedentes de este país que va por el mundo como adalid de la democracia, de la seguridad y de los derechos humanos, aunque siembre guerra, discordia y destrucción; tal vez, entonces, Snowden hubiera decidido entregarse y hubiera confesado su delito: haber develado el nuevo principio democrático que rige la acción de este gran bastión de los derechos humanos: “No se preocupen ustedes, amigos y enemigos, que a todos los vigilamos por igual”.
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