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Escándalos de corrupción con exfuncionarios del gobierno salpicados. Empresas de contrabando que involucran a la fuerza pública. Un diplomático señalado por violencia sexual. Masacres, atentados, secuestros y desapariciones forzadas. Graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Esto es parte de la lista de cientos de procesos penales que movieron el panorama judicial de Colombia en 2025; muchos de ellos en puntos suspensivos en la Fiscalía General de la Nación hasta enero del próximo año, cuando termine el receso de la Rama Judicial. El Espectador hizo un recuento de algunos de los casos más importantes que la justicia tendrá que resolver en el nuevo año.
El escándalo de la Ungrd
El entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es, tal vez, el escándalo más grande que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro. La más reciente movida del expediente fue la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero de enviar a la cárcel a los exministros de Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Sus nombres se suman a una larga lista de exfuncionarios a los que la Fiscalía debe investigar y enviar a la cárcel, en caso de hallarlos culpables de algún delito. Entre ellos, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, hoy prófugo en Managua (Nicaragua).
La imputación a Velasco y Bonilla puso sobre la mesa las pruebas de la Fiscalía relacionadas con el presunto intento de altos funcionarios y congresistas para desviar más de COP 612.000 millones a través de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Pero aún falta que el ente investigador siga desenredando la trama de corrupción que han ayudado a despejar algunos de los responsables, que ya negociaron con la justicia, como los exdirectores de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Y que intente dar con otros de los señalados que están prófugos, como César Manrique, exdirector de Función Pública.
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Álvaro Leyva y los pasaportes
El excanciller Álvaro Leyva es otro de los exaltos funcionarios del gobierno Petro que hoy tienen que responder por, al parecer, actuar en contra de la ley mientras estaba en su cargo. El 9 de diciembre, el exministro de Relaciones Exteriores fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, con relación al escándalo del contrato para la producción y distribución de pasaportes colombianos. Para la fiscal del caso, Sandra Portilla, el exjefe de cartera “intervino de manera caprichosa, tozuda y arbitraria” en un jugoso contrato por COP 559.000 millones. Leyva no aceptó el delito imputado y ahora la Fiscalía tendrá que investigarlo y llevarlo a juicio.
El mismo episodio de los pasaportes también le mereció a Leyva una sanción de destitución e inhabilidad por diez años, impuesta por la Procuraduría en noviembre de 2024. Según la información recopilada en el marco del proceso penal y el disciplinario, en septiembre de 2023, el excanciller habría participado de tres hechos en contra de la ley. Primero, declaró desierta una licitación para el mencionado contrato, pese a que la firma Thomas Greg and Sons estaba habilitada para su ejecución. Luego, negó un recurso de reposición interpuesto por la multinacional. Finalmente, declaró la urgencia manifiesta, con lo que dejó a la empresa por fuera de la licitación y le dio vía libre a la contratación directa.
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Las sombras sobre Ricardo Roa
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, lleva más de un año esquivando las indagaciones de la justicia y los cuestionamientos de la opinión pública con relación a presuntos manejos irregulares de contratos en la estatal petrolera. Uno de los casos que queda en la agenda de la Fiscalía para el año 2026 es la indagación relacionada con la compra de un lujoso apartamento en el exclusivo sector del Parque del Chicó, en Bogotá, avaluado en COP 1.800 millones. El 15 de diciembre, Roa fue citado a un interrogatorio virtual, ante un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que durante cinco horas le hizo preguntas y que, de hallar argumentos y pruebas suficientes, podría imputarlo en 2026.
El caso de Roa empezó a sonar en 2022, un par de meses antes de asumir la presidencia de Ecopetrol, cuando, según denuncias de medios de comunicación, le habría comprado el apartamento, a un precio menor al de su avalúo comercial, a la empresa Princeton International Holding. Serafino Iácono, un poderoso empresario del sector de hidrocarburos, al parecer tendría relación con la firma que vendió el apartamento y con otra que en marzo de 2023, el mismo mes en el que Roa llegó a la cabeza de la estatal petrolera, se hizo a los derechos de exploración del campo de gas Bloque Sinú 9, en San Jacinto (Córdoba). Ahora la Fiscalía busca determinar si entre ambos negocios hubo alguna relación o movida irregular.
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El contrato de helicópteros Mi-17
Lo que empezó con una alerta de la Procuraduría en diciembre de 2024 se convirtió en un posible caso de corrupción al interior del Ministerio de Defensa, cuya magnitud se cuenta en millones de dólares. El coronel Julián Ferney Rincón, de la Brigada de Aviación Número 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique, fueron capturados el 15 de diciembre. ¿La razón? Estarían relacionados con lo que, al parecer, habría sido la entrega a dedo de un contrato por USD 32 millones para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros Mi-17 del Ejército.
El jugoso negocio fue entregado a la empresa Vertol Systems el 31 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, las evaluaciones a la propuesta de esa firma en la licitación indicaban que no tenía las capacidades técnicas ni la experiencia necesarias para ejecutar el contrato. Sin embargo, la empresa ganó la invitación pública y un año después, ante sus incumplimientos, se hizo a una sanción por parte del Ministerio de Defensa, de COP 33.700 millones. Ahora el ente investigador debe comprobar si los funcionarios incurrieron o no en los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
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Daniel Quintero y el caso Aguas Vivas
En suspenso quedó el expediente de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, investigado por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el caso conocido como Aguas Vivas y relacionado con un lote de más de 145.000 metros cuadrados, en la capital antioqueña. El predio había sido cedido por dos empresas a la alcaldía de Federico Gutiérrez, a cambio de compensar obligaciones urbanísticas. Cuando la administración de Quintero quiso construir allí el proyecto “Valle del Software”, las empresas reclamaron su poder sobre los predios. Quintero los devolvió e intentó comprarlos, una movida que, según la Fiscalía, habría implicado una modificación ilegal al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.
Quintero fue acusado el 25 de noviembre, ante la jueza 22 penal de Medellín y junto a 12 personas que hicieron parte de su administración y también están señaladas dentro de la investigación. Esa diligencia tuvo que ser suspendida después de que los abogados de algunos de los funcionarios solicitaran la nulidad de la imputación realizada el 8 de abril de 2025, argumentando una explicación poco clara de los hechos criminales por parte de la fiscal del caso. “De sucinta no tuvo nada y mucho menos clara; tampoco hubo concreción en los hechos jurídicamente relevantes”, expresó el abogado Juan Felipe Criollo Figueroa. La audiencia fue aplazada hasta febrero de 2026, mientras resuelve la solicitud de nulidad.
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Expedientes contra Nicolás Petro
La Fiscalía termina el año con dos procesos abiertos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El primero inició en marzo de 2023 y está relacionado con el presunto desvío a sus bolsillos de dinero que iba para la campaña presidencial de su papá, en 2022. En ese caso fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El segundo y más reciente responde a una imputación hecha el 26 de noviembre de 2025, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Pese a que la Fiscalía pidió para él la medida de aseguramiento, esa solicitud fue negada.
Según la investigación adelantada por la fiscal Lucy Laborde, que tiene en sus manos el expediente en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, entre 2021 y 2023, cuando Petro Burgos fue diputado del departamento de Atlántico, habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para desviar a sus bolsillos recursos públicos. Por medio de contratos directos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, al parecer, el entonces diputado se habría hecho a COP 111 millones que iban dirigidos a proyectos de atención psicosocial a adultos mayores en la ciudad de Barranquilla. Ahora la Fiscalía tendrá que avanzar en esa segunda investigación y decidir si lo lleva a juicio o no.
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“Papá Pitufo”: el contrabandista del año
Tuvieron que pasar más de 32 años para que la justicia colombiana abriera un proceso penal en contra de Diego Marín Buitrago, también conocido como alias “Papá Pitufo”. El también llamado zar del contrabando, quien está prófugo de la justicia en Portugal, es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, el hombre sería el líder de una poderosa red de contrabando que “corrompió” a funcionarios públicos, les pagó millonarios sobornos para que “miraran para otro lado” y le permitieran ingresar millones de pesos en contrabando por los puertos de Cartagena y Buenaventura, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
No era la primera vez que “Papá Pitufo” estaba en el radar de la justicia. Registros de prensa de los años 90 lo relacionan en el mundo de la mafia con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Durante esa época, Marín Buitrago habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas. Pero este proceso por contrabando puso al descubierto las redes de un negocio ilegal y, de paso, salpicó a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Fiscalía que, según las pesquisas de las autoridades, durante años le habrían ayudado a desviar a la justicia para que delinquiera a sus anchas.
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Filtraciones de las disidencias de “Calarcá”
Una investigación de Noticias Caracol puso bajo la lupa de la opinión pública, los entes de control y las autoridades judiciales a un alto oficial del Ejército y a las disidencias comandadas por alias “Calarcá Córdoba”. El origen del escándalo está en la información encontrada en computadores, celulares y dispositivos USB decomisados durante un operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) contra el mencionado grupo ilegal. Durante más de un año estuvo en manos de la Fiscalía, pero la investigación se quedó varada en el búnker. Los hallazgos darían cuenta de una posible relación entre el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y las disidencias de las Farc.
La información sustenta que el militar al parecer tendría relación con integrantes del grupo ilegal. Hay, por ejemplo, una carta redactada por un hombre cercano a “Calarcá”, en la que se lee que el general Huertas se habría reunido en Bogotá con este presunto disidente para proponer la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal que permitiera al grupo ilegal movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos oficiales. También aparece mencionado Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien habría participado en las reuniones. Luego de un año sin tocar el tema, la Fiscalía ordenó inspecciones en instituciones como el Comando de Persona y ahora tendrá que investigar las denuncias y entregar las explicaciones que el país espera.
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El magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Ocho personas capturadas. Un sicario de 15 años sancionado con siete años de privación de libertad. Otro de los implicados condenado a 21 años de cárcel. Una investigación penal y otra de inteligencia militar activas. Pesquisas que apuntan a la relación de la Segunda Marquetalia con el crimen. Esas son algunas de las piezas que hasta el momento la Fiscalía ha logrado rearmar en el complejo expediente por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio, en el barrio Modelia (Bogotá). Sobre el crimen en contra del político del Centro Democrático aún hay más preguntas por responder que certezas.
Uribe Turbay recibió tres disparos cuando lideraba un mitín político en un sitio conocido como parque El Golfito. Quien accionó el arma fue un menor de 15 años, aprehendido por las autoridades allí mismo. En los días y semanas posteriores fueron capturadas las otras personas en Bogotá, Florencia (Caquetá) y Puerto Lleras (Meta). Dos de las capturas más importantes son las de Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, el 5 de julio. Es señalado de ser el cerebro logístico del crimen. Y la de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, el 27 de octubre. Según las autoridades, sería el enlace entre los autores intelectuales del atentado y la organización criminal que los ejecutó. Sin embargo, aún no hay pista de quién habría dado la orden.
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Las niñas envenenadas con talio
El 4 de abril de 2025, tres niñas y un adulto sufrieron una grave intoxicación en Bogotá, al consumir unas frambuesas contaminadas con talio, un peligroso metal, cuya letalidad puede causar la muerte. Dos de las menores, de 13 años y 14 años, murieron. Las autoridades tiraron del hilo hasta que las pistas llevaron a quien sería la responsable: Zulma Guzmán, una empresaria que de 2017 a 2018 habría tenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores. La mujer escapó del país y no hubo pista de ella hasta que el 17 de diciembre se reportó su detención en Londres, tras ser rescatada del río Támesis. La mujer tiene circular roja de Interpol y la Fiscalía la investiga por homicidio y tentativa de homicidio.
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Al tiempo que Guzmán permanece internada en un hospital y se recupera, la Interpol se alista para hacer efectiva la notificación en su contra y legalizar su captura ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Luego, la Fiscalía colombiana hará oficial el pedido de extradición, un trámite que, de ser aprobado, traerá a la mujer de regreso a Colombia, para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos imputados. Pese a las pruebas que la vincularían con la trágica muerte de las dos menores, la mujer lo ha negado todo. “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”, dijo luego de que estallara la noticia sobre el crimen.
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Por Gustavo Montes Arias
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