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Entonces uno escucha al flamante mininterior diciendo que la postración de Buenaventura no es social, que no hay inconformidad ciudadana, solo criminalidad, y termina por entender que no solo no hay ministro en esa cartera, como en los tiempos recientes, sino que no habrá siquiera intento de solución aparte de fotos, titular y las proverbiales recompensas como resultado del fantasmal consejo de seguridad en el puerto.
Y va uno y lee que quien defiende al Estado colombiano en el debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la UP recurre a filtrar olímpicamente las listas que superan los 6.000 crímenes, para dejar el reconocimiento de responsabilidad en apenas 219 casos, con el peregrino argumento de que los demás no están identificados o no hay hechos clarificados, como si esa no fuera responsabilidad del Estado.
Y va uno y ve a la alcaldesa de Bogotá quejándose, tras casi dos meses de anuncios, de que la capital, principal foco de contagio y muerte, no tiene certeza sobre fechas y número de vacunas que recibirá, como si esos dos factores no fueran los más importantes, si es verdad que el Gobierno tiene un “plan” serio de vacunación y no uno para disimular su negligencia y falta de criterio.
Y así se nos van los días discutiendo despropósitos, refritos y cargas de profundidad de propaganda política sobre “descubrimientos” de campamentos de disidencias en Venezuela, al tiempo que se ignoran gritos de auxilio sobre desplazamientos en Chocó, Norte de Santander, Magdalena Medio y otras zonas que han vuelto a ser rojas en estos dos últimos años, así se justifiquen con presuntas herencias del gobierno precedente.
Son batallas perdidas de antemano en este estado de cosas discontinuo en el que el Gobierno ve fiebres donde le conviene, pero ignora los asuntos verdaderamente graves, llámense masacres, asesinatos de líderes sociales o muertos por pandemia. Esa es la manera como se construyen aquí los legados, es decir, las deudas históricas que pasan de mano sin que nadie les dé solución.
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