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En respuesta al editorial del 21 de febrero, titulado “Se necesita algo más que simbolismo en Mindefensa”.
El nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa no solo rompe con una tradición de 34 años, sino que también abre la puerta a un escenario preocupante: la politización de las Fuerzas Militares. Aunque el Gobierno insiste en que esta decisión busca mejorar la coordinación y obtener mejores resultados operacionales, es difícil ignorar las señales de un cambio más profundo y peligroso.
El editorial de El Espectador del 21 de febrero acierta al cuestionar los riesgos de esta designación, pero es necesario ir más allá. La figura de Sánchez no solo representa a un militar en un cargo tradicionalmente civil, sino que también podría marcar el inicio de un proceso de alineación de la cúpula militar con los intereses del Gobierno. Esto no es una mera especulación: al retirarse de la Fuerza Aérea para asumir el cargo, Sánchez evita conflictos de rango, pero también sienta un precedente que podría ser aprovechado para promover a oficiales afines al Gobierno, saltándose años de trayectoria y desplazando a los más experimentados.
Este escenario no es nuevo en la región. En Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, es un claro ejemplo de cómo una cúpula militar alineada con el poder ejecutivo puede convertirse en un pilar de sostenimiento para un régimen, incluso en contra de la voluntad popular. La politización de las Fuerzas Armadas en Venezuela ha generado un ciclo de corrupción y complicidad que ha debilitado la democracia y perpetuado la crisis. ¿Estamos ante la implantación de un “Padrino colombiano”?
La designación de Sánchez podría ser el primer paso hacia un modelo similar. Al nombrar a un militar en un cargo clave, se envía un mensaje claro a la cúpula castrense: la lealtad al Gobierno será recompensada. Esto no solo socava la neutralidad de las Fuerzas Armadas, sino que también pone en riesgo su profesionalismo y su papel como garantes de la soberanía y el orden constitucional.
Además, la excusa de buscar “resultados operacionales” no justifica el riesgo de perder la experiencia de los oficiales más curtidos. Una purga sistemática en la cúpula militar terminaría dejando a las Fuerzas Armadas en manos de una nueva generación más preocupada por ascender políticamente que por servir al país.
Colombia no puede darse el lujo de experimentar con su estabilidad institucional. La politización de las Fuerzas Militares no solo representaría un retroceso democrático, sino que también nos acercaría peligrosamente al modelo venezolano, donde el poder ejecutivo y las Fuerzas Armadas están entrelazados en un ciclo de corrupción y autoritarismo.
El Gobierno debe reconsiderar esta decisión antes de que sea demasiado tarde. Las Fuerzas Armadas deben ser un instrumento al servicio de la nación, no de un Gobierno particular. De lo contrario, estaremos ante un escenario en el que la democracia y la seguridad nacional pagarán un precio demasiado alto.
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